Tras una letanía de acusaciones de encubrimiento de abusos y la presión de los activistas y el Congreso, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras está poniendo fin a los Equipos de Incidentes Críticos de la Patrulla Fronteriza.
A las fuerzas del orden les gusta promover su deber de proteger y servir al público.
Sin embargo, los activistas afirman que algunas unidades de la Patrulla Fronteriza consideran que es su deber proteger a sus compañeros de los miembros del público que denuncian abusos policiales.
Ahora, tras una letanía de acusaciones de encubrimiento de abusos y la presión de los activistas y el Congreso, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés) está poniendo fin a los Equipos de Incidentes Críticos de la Patrulla Fronteriza.
El comisionado de la CBP, Chris Magnus, fue directo y definitivo en su memorando del 3 de mayo en el que desmantela los equipos. Para el 1 de octubre, escribió, la Patrulla Fronteriza "eliminará todos los Equipos de Incidentes Críticos" y su personal "ya no responderá a incidentes críticos para el procesamiento de la escena o la recolección de pruebas."
Magnus ordenó a la Oficina de Responsabilidad Profesional que asumiera "toda la responsabilidad de responder a los incidentes críticos". Tendrá que contratar a "un número importante de personal nuevo" para sus nuevas responsabilidades, y Magnus quiere que se haga pronto. Su memorando ordena a la oficina "asignar la suficiente prioridad para garantizar que los solicitantes (...) puedan avanzar en el proceso de contratación lo más rápidamente posible".
El memorando no menciona ninguna razón por la que se toma la medida, pero la guía provisional de respuesta a incidentes críticos de la CBP en febrero decía: "Mantener la confianza del público es vital para nuestra misión".
La falta de confianza quedó patente cuando la diputada Carolyn Maloney, demócrata de Nueva York, presidenta del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, aplaudió el cese de lo que describió como "unidades deshonestas" en su declaración de bienvenida a la acción de Magnus. Sin la autorización del Congreso, desde 1987 estas unidades han respondido a escenas en las que podrían surgir acusaciones de brutalidad, no para realizar investigaciones imparciales, sino para proteger a los agentes de esas acusaciones.
Aunque no tienen la mejor reputación, las unidades están muy integradas a la Patrulla Fronteriza.
En una presentación de la Patrulla Fronteriza, facilitada al Congreso por el grupo de defensa de la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur (SBCC), se indica que una de las misiones de los equipos es la "mitigación de la responsabilidad civil", es decir, proteger a los agentes de los litigios. "A diferencia de una división de 'Asuntos Internos' de una agencia política" que en teoría investiga imparcialmente las acciones policiales, la presentación dice que un equipo de incidentes críticos, a veces llamado equipo de investigación de incidentes críticos, "preserva y protege la integridad de la Patrulla Fronteriza y su personal". Además, un cuestionario de evaluación del personal de la CBP, también proporcionado por la coalición al Congreso, indaga sobre la experiencia con los equipos.
Los equipos protegen al personal de la Patrulla Fronteriza en situaciones críticas, dice el PowerPoint, "que surgen de la realización de actividades de la Patrulla Fronteriza que resultan en la muerte, lesiones corporales graves, daños significativos a la propiedad u otra exposición a la responsabilidad civil significativa". Otro documento de la CBP añade que los equipos responden a incidentes que podrían dar lugar a una "gran atención mediática".
Pero las investigaciones de los equipos pueden transformar injustamente a quienes sufrieron muertes o lesiones a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza en culpables acusados de perjudicar a los oficiales, según SBCC, una red de organizaciones de la frontera suroeste que ha examinado las muertes relacionadas con la Patrulla Fronteriza desde 2010.
"Los presuntos sospechosos son a menudo víctimas de los abusos de los agentes", decía la carta que la coalición envió en octubre de 2021 a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, en la que se pedía que el Congreso investigara a los equipos. "La extralimitación de los BPCIT [Equipos de incidentes críticos de la Patrulla Fronteriza] es profunda. La magnitud de su comportamiento ilícito pone en peligro la seguridad y la confianza de los ciudadanos. Y el hecho de que hayan podido operar durante décadas sin control es alarmante".
Los jefes de cinco comités del Congreso pidieron en enero a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno que evaluara los equipos y su desempeño. Ese mismo día, Maloney y el representante Bennie G. Thompson (Demócrata de Mississippi), que presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, informaron a Magnus por carta que habían puesto en marcha una investigación sobre si los equipos "han interferido en las investigaciones penales, civiles o administrativas sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza para proteger a estos agentes de tener que rendir cuentas por una mala conducta potencialmente grave".
La carta decía que el Congreso no ha dado a la Patrulla Fronteriza autoridad para investigar la mala conducta de los agentes y que "tenemos graves preocupaciones por la falta de transparencia en la función que cumplen los Equipos de Incidentes Críticos de la Patrulla Fronteriza".
Marisol García Alcántara afirma que la conducta de la Patrulla Fronteriza la dejó con fragmentos de bala en la cabeza. En junio se encontraba en Nogales, Arizona, viajando en el asiento trasero de un automóvil, cuando éste fue detenido por "no ceder el paso", según un informe de la policía de Nogales.
Cuando el automóvil estaba frenando, un agente disparó, y "fue entonces cuando sentí el golpe en la cabeza", dijo por videollamada desde su casa en Ciudad de México. García Alcántara fue hospitalizada y detenida antes de ser deportada. Señalando por encima de su ojo izquierdo, donde permanecen los fragmentos, dijo que sufre dolores de cabeza, pérdida de memoria a corto plazo, náuseas y problemas para dormir, y que le han advertido que podría sufrir ataques epilépticos a causa de los disparos.
"Bajo cualquier estándar, disparar a matar a un automóvil que no cede el paso es una respuesta inapropiada", dijo la SBCC en su carta al Congreso, "si de hecho el automóvil no cedió el paso".
Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza se negaron a hacer comentarios sobre su caso o responder directamente a las preguntas de The Washington Post. En respuesta, un comunicado de la CBP dijo que la Oficina de Responsabilidad Profesional asumirá "toda la responsabilidad" de revisar los incidentes críticos "para garantizar que la CBP alcance los más altos niveles de responsabilidad".
El Congreso también sigue centrándose en la responsabilidad de la Patrulla Fronteriza. Aunque celebra el cese de los equipos, Thompson dijo que la investigación del Congreso continuará, porque "sigue siendo fundamental que la CBP proporcione al Congreso una descripción completa de las autoridades y acciones de estos equipos, incluyendo cualquier posible mala conducta".
García Alcántara quiere que se rindan cuentas y que se haga "justicia, para mí y para toda la gente, para todas las familias a las que les han quitado a sus seres queridos, para las abuelas, para los padres, para las madres."
En cuanto a los agentes, añadió, "queremos que paguen por lo que han hecho".
Washington Post - Joe Davidson
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