Michael Sussman, tercero de derecha a izquierda, un antiguo fiscal federal con experticia en computadoras, a su llegada a la corte en Washington. FOTO: Washington Post por Amanda Andrade-Rhoades.

El primer juicio resultante de la investigación del fiscal especial John Durham explorará las demandas y contrademandas sobre la injerencia rusa en la contienda entre Trump y Clinton.

Tras cinco años de acusaciones, investigaciones y recriminaciones, un jurado federal se enfrentará pronto a una de las resacas legales de la campaña presidencial de 2016: el juicio a un abogado con conexiones políticas acusado de mentir cuando aportó al FBI un dato sobre posibles conexiones entre la empresa de Donald Trump y un banco ruso.

El juicio contra Michael Sussmann se centra en la estricta cuestión jurídica de si mintió cuando afirmó -a menos de dos meses de las elecciones de 2016- que ningún cliente lo había incitado a llevar la información a las autoridades, y si esa información fue relevante para la forma en que los agentes del FBI investigaron el asunto.

Pero el juicio, que comienza el lunes en un tribunal federal en el centro de Washington, también puede servir como una prueba para quienes todavía se lamentan por las elecciones de 2016 y están ansiosos por ver que los oponentes políticos sufran las consecuencias legales por lo sucedido.

La acusación fue presentada por el fiscal especial John Durham, un remanente de la administración de Trump que ha indagado durante años si las agencias estadounidenses investigaron injustamente la primera campaña del expresidente. El juicio, de dos semanas de duración, indagará en el turbio mundo de la investigación de la campaña, los abogados y el papel que jugó el FBI en esas elecciones, mientras Trump y Hillary Clinton se disputaban la presidencia y los agentes federales llevaban a cabo pesquisas muy diferentes en torno a cada uno de ellos.

"De lo que realmente trata este caso es de la investigación de la oposición. Y eso puede parecer indecoroso, pero así de agresivo es el mundo de las campañas políticas nacionales", dijo Randall Eliason, ex fiscal federal que ahora da clases en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. "Eso no lo convierte en un delito, y esa es la diferencia aquí. Hay muchas cosas viles que ocurren en el mundo que no se consideran delitos, y no veo que estas acusaciones lleguen a ese nivel".

Aunque es mucho lo que está en juego para Sussmann, un ex fiscal del Departamento de Justicia que en 2016 trabajaba en un gran bufete de abogados que había representado durante mucho tiempo a organizaciones de campaña Demócratas, el juicio pondrá a prueba la credibilidad de Durham. Fue nombrado en 2019 para investigar la posible falta de ética laboral en la forma en que las agencias estadounidenses procesaron las acusaciones de que Rusia había intervenido en las elecciones y mantenido vínculos con la campaña de Trump.

Trump y sus partidarios dicen con frecuencia que el trabajo de Durham ha revelado información condenatoria sobre cómo el abanderado Republicano fue injustamente atacado por la campaña de Clinton y el FBI, mientras que los Demócratas acusan a Durham de pasar años persiguiendo acusaciones infundadas, solo para presentar un puñado de casos débiles.

La acusación contra Sussmann es el primer caso de Durham que va a juicio. Un investigador con sede en Washington se enfrentará a un juicio a finales de este año por supuestamente haber mentido al FBI sobre cómo recopiló las denuncias contra Trump. En 2020, un ex abogado del FBI se declaró culpable de cambiar ilegalmente un expendiente del gobierno.

Robert Mintz, otro ex fiscal federal, dijo que el juicio de la próxima semana "será la primera prueba real" del trabajo de Durham.  Al ir a juicio, dijo, Sussmann ha arrojado el guante y cuestionado la importancia de la acusación y la sabiduría de presentar el caso".

El 19 de septiembre de 2016, Sussmann se reunió con James Baker, quien en ese momento era el principal abogado del FBI, y le habló de datos informáticos que sugerían algún tipo de comunicación entre la empresa de Trump y Alfa Bank.

En un mensaje de texto para organizar la reunión, Sussmann afirmó que no estaba representando a ningún cliente en particular al presentar el asunto ante el FBI. La oficina de Durham acusa a esa declaración de ser falsa, que llevó al FBI a tomarse la información más en serio de lo que lo habría hecho si hubiera sabido que Sussmann representaba a dos clientes: la campaña de Clinton y un ejecutivo de una empresa tecnológica que participó en la recopilación y el análisis de los datos, Rodney Joffe.  Los fiscales han dicho que tienen la intención de llamar a Baker, así como a varios funcionarios actuales y anteriores del FBI, para analizar cómo los agentes investigaron la acusación.

A las pocas semanas de recibir la información, los funcionarios del FBI determinaron que no había nada ilegal o problemático con la información que Sussmann les había aportado. Sin embargo, esas acusaciones de posibles vínculos informáticos secretos entre Trump y Rusia aparecieron en las noticias poco antes de las elecciones. Un objetivo clave de quienes trabajaban con Sussmann era generar esa repercusión, dicen los fiscales.

El fiscal auxiliar de EEUU, Andrew DeFilippis, dijo el lunes en el tribunal que "la estrategia era crear noticias... para que el gobierno las investigara... y para que la prensa informara de que el gobierno estaba investigándolas".

Los fiscales sostienen que Sussmann mintió como parte de esa estrategia, y dicen que esa mentira constituye un delito.

Los abogados de Sussmann replican que, aunque Sussmann mintiera, su mentira era irrelevante para el modo en que el FBI investigaba las afirmaciones de los datos, y que por tanto no fue delito. Sostienen que muchos funcionarios del FBI sabían desde hacía mucho tiempo que Sussmann era un abogado que representaba a los Demócratas.

Para demostrar su punto de vista, le dijeron al juez de distrito estadounidense Christopher Cooper, que hay 327 correos electrónicos del FBI del período en cuestión que, dicen, muestran que varios funcionarios del FBI sabían que Sussmann tenía clientes que eran Demócratas. El juez ha señalado que está dispuesto a permitir algunas de esas pruebas, pero no quiere dedicar el tiempo que llevaría leer cientos de correos electrónicos al jurado.

Los fiscales señalaron esta semana que piensan llamar a una serie de funcionarios actuales y anteriores de la policía para describir cómo el FBI procesó las acusaciones de Alfa Bank, y para poner sobre la mesa que Sussmann era parte de un "joint venture" que incluía a Joffe, la campaña de Clinton, la firma de investigación Fusion GPS y a expertos en ciberseguridad.

Los fiscales también tienen pensado llamar a dos funcionarios de la CIA para que testifiquen que Sussmann supuestamente les ofreció información similar a principios de 2017.

Cooper, sin embargo, ha limitado la profundidad con la que el equipo de Durham puede indagar en los detalles de cualquier presunto joint venture entre los operativos Demócratas, dictaminando que no permitirá "un mini-juicio largo y en gran medida innecesario para determinar la existencia y el alcance de una conspiración de la que no hay cargos para desarrollar y difundir los datos de Alfa Bank".

El equipo legal de Sussmann dijo esta semana que esperan llamar a un ex reportero del New York Times, Eric Lichtblau, para que testifique sobre sus conversaciones con Sussmann y Joffe durante ese período de tiempo.  Un abogado de Sussmann dijo al tribunal esta semana que espera que el reportero declare sobre esas comunicaciones, porque Sussmann y Joffe renunciaron a cualquier reclamo de confidencialidad.

Los abogados de la defensa también presentaran como testigo al inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, para que hable de un dato informático relacionado que Sussmann le presentó en 2017.  Los abogados de Sussmann han argumentado que la acusación contra su cliente podría tener el efecto pernicioso de disuadir a los posibles testigos de presentarse ante el FBI u otros organismos policiales con pruebas de posibles delitos.

El proceso de selección del jurado comenzó el miércoles, con más de 100 posibles miembros que fueron llamados al tribunal para contestar un cuestionario por escrito. Después de revisar esas respuestas, docenas de posibles panelistas serán llamados de nuevo el lunes para lo que se espera que sea al menos un día de selección final del jurado.

Aunque el cuestionario escrito se centra en gran medida en temas amplios comunes a los juicios por jurado, también hace una pregunta que se adapta más particularmente a un grupo de personas que viven en la capital del país: si algún aspirante a jurado, o alguien cercano a él, participó en una investigación o indagación "sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 o la investigación del gobierno federal sobre la relación de Donald Trump con Rusia".

Si responden que sí, el cuestionario dice, "por favor, explique".

Washington Post - Devlin Barrett

Lea el artículo original aquí.