Decenas de trabajadores de México, Guatemala y Honduras fueron obligados a trabajar en granjas de cebolla a punta de pistola, una mujer denunció que fue violada decenas de veces, y al menos dos personas murieron en Estados Unidos por condiciones laborales precarias. Este es el resultado de la Operation Blooming Onion, una investigación federal por la cual hay 24 acusados, 100 trabajadores liberados y miles de sospechas sobre el paradero de —al menos— 71 mil beneficiarios de visas temporales H-2A reclutados por la organización Patricio durante los últimos cinco años.
Hasta noviembre de 2021 la explotación laboral, esclavitud moderna y trabajo forzado en granjas de Estados Unidos era un secreto a voces. Pero el 22 de noviembre de 2021 la declaración del fiscal federal para el Distrito Sur de Georgia, David Estes, cambió el panorama al calificar de “esclavitud moderna” lo que pasaba en los estados agrícolas de Georgia, Florida y Texas. La acusación de 53 páginas, citada por el fiscal, detalla los testimonios de decenas de víctimas recopilados por varias agencias federales que marcan un precedente histórico en la sanción de este tipo de delitos con víctimas hispanas.
Aunque la investigación sigue en curso y defensores de derechos humanos consideran el caso un buen precedente, la Operation Blooming Onion develó otro drama: las fallas estructurales en el programa de visas temporales para trabajadores agrícolas H2A con las que el gobierno busca subsanar la escasez de mano de obra en el país. Esta es la razón por la que diversos sindicatos y activistas piden una reforma del programa de visas, así como una legislación que proteja a los trabajadores del crimen organizado transnacional.
Derechos solo en papel
Los sindicatos tienen una máxima: “Las leyes en los libros, no son las leyes en los campos”, dice Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers of America (UFW), la primera unión de trabajadores en el país fundada por César Chávez.
La frase resume una realidad: una vez que los trabajadores agrícolas entran a Estados Unidos como temporales, quedan generalmente desprotegidos. Según Romero, es muy difícil que un trabajador pueda denunciar condiciones laborales porque es frecuente que los empleadores los despojen de sus teléfonos y documentos personales para asegurarse, en el mejor de los casos, que les paguen montos que van por encima de los $10 mil. En el peor de los casos, son esclavizados, torturados, traficados y hasta asesinados.
Por eso cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncia como una buena noticia miles de visas disponibles para trabajadores agrícolas, como lo ha hecho reiteradas veces en los últimos meses, las organizaciones sindicales no celebran. Para sindicalistas y defensores de derechos humanos, las miles de visas disponibles se convierten en miles de oportunidades para que más trabajadores sean víctimas de trata y esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque “el problema es que una vez que están aquí (EEUU) nadie sabe lo que pasa con ellos”, añade Romero en entrevista para El Tiempo Latino.
“Desafortunadamente, la expansión masiva del programa H-2A no ha ido acompañada de mayores recursos para el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores”, sentencia la organización Farm Worker Justicie, en un comunicado. Solo en el año fiscal 2021, el Departamento del trabajo certificó 317 mil empleos estacionales, un 15% más que los certificados en 2020 y más de tres veces los que otorgó en 2013. El 93% de los beneficiarios fueron mexicanos, seguidos de sur africanos, jamaiquinos y guatemaltecos. “Los salvadoreños recibieron menos de 300 visas H-2A y los hondureños menos de 500, mientras que los nicaragüenses recibieron casi 800 visas H-2A", menciona Felipe Martín, en un análisis para el foro de Wilson Center.
El programa de visas H-2A, creado en 1986, funciona así: solo el patrón puede hacer la solicitud de visas para un X número de trabajadores que, por un tiempo determinado, vienen a Estados Unidos a trabajar. La visa solo autoriza al empleado a laborar para ese patrón específico, y las condiciones del programa impiden, a través de esta vía, solicitar una residencia permanente o la ciudadanía, así como prestar servicios a otro patrón sin previa autorización.
Como resultado, el modus operandi de compañías como Patricio, desmantelada a través de la Operation Blooming Onion, es ofrecer en países como México, Guatemala y Honduras aparentes grandiosas oportunidades laborales, a cambio de hasta 10 mil dólares que se pagan con el trabajo en el campo. El problema, como ocurrió en las granjas de Georgia, es que el pago termina siendo inferior de lo prometido o ninguno. En consecuencia, los campesinos quedan a merced y en desventaja en ciudades que desconocen, en el que no hablan el idioma, y el que con frecuencia son amenazados ellos y sus familias. Aún así, desde la pandemia, y en medio del fenómeno de la Gran Resignación que ha llevado a millones de trabajadores a renunciar a sus empleos, la popularidad del programa de visas ha encontrado asidero y generado promesas de protección.
Solimar Mercado, abogada de Georgia Legal Services Program, una organización sin fines de lucro fundada en la década de los 70, asegura que este tipo de casos es muy común que lleguen a sus oficinas. “No les pagan los salarios prometidos, los amenazan para que no se puedan ir, les dicen que no van a poder regresar con otro contrato a Estados Unidos, los amenazan con hacerle daño a sus familias (…) Mantienen a los trabajadores en un estado de pánico esperando que se les acabe el contrato. Cuando escapan entonces quedan indocumentados, porque la visa solo les permite trabajar para el patrón que les solicitó la visa. A veces no tienen ni pasaporte para viajar. Es el Wild West. Nadie está pendiente de que se cumplan las leyes”, señala en una entrevista con El Tiempo Latino.
Protección insuficiente
Los esfuerzos para proteger a los trabajadores han sido diversos: desde una Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que no ha encontrado consenso en el Senado, hasta iniciativas locales y acuerdos estatales. El presidente Joe Biden se comprometió con luchar por un camino hacia la legalización, contemplar el pago de horas extras (un derecho que no está garantizado con estas visas) y reglas para condiciones extremas de trabajo como el calor. Es en este único punto, el calor, donde la agenda de la administración Biden logró avanzar después de que nueve trabajadores murieran, pero de resto hay grandes deudas y más casos que se multiplican en los jurados de Florida, por ejemplo, o Carolina del Sur.
En febrero de 2022, una coalición de organizaciones pidió a Biden extender la investigación de Operation Blooming Onion y localizar a más víctimas de esta red, así como exigieron que este programa no se plantee como una solución a la crisis migratoria hasta que “no sea drásticamente reformado”. También el senador por Georgia, Jon Ossoff, exigió en marzo de 2022 al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; al secretario de Departamento del trabajo, Marty Walsh; y al secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, respuestas sobre los esfuerzos que, desde esas oficinas, se están haciendo para garantizar la seguridad de los trabajadores. “Yo les imploro tomar acciones inmediatas para prevenir más abusos bajo este sistema”, suscribió en la comunicación.
El 16 de mayo de 2022, al anunciar nuevas 35 mil visas de este tipo, el secretario Alejandro Mayorkas aseguró que las visas “van acompañadas de importantes protecciones para los trabajadores y proporcionan un camino seguro y legal para que las personas vengan a los Estados Unidos y ganen salarios en trabajos que no son ocupados por trabajadores estadounidenses”.
El anuncio sucedió luego de que el 10 de mayo, la vicesecretaria de Trabajo, Julie Su, firmó junto a los embajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras un acuerdo para reafirmar la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes y no inmigrantes de esos tres países.
Hacia una reforma urgente
Pero según activistas, es poco lo que se ha hecho. Shannon Lederer, directora de Inmigración de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), comentó que "la investigación de Blooming Onion solo reitera lo que sabemos desde hace mucho tiempo. El sistema de visas H-2 está profundamente dañado y pone a los trabajadores estadounidenses y extranjeros en un riesgo indebido", dijo.
"En su estado actual, el programa permite que los empleadores abusen y exploten a los trabajadores, reduzcan los estándares laborales e ignoren problemas de seguridad críticos y que a menudo ponen en peligro la vida. Los trabajadores, sin importar dónde hayan nacido, merecen condiciones de trabajo seguras, salarios justos y control sobre sus propios destinos El movimiento laboral de Estados Unidos respalda firmemente la necesidad de reformas radicales en nuestros programas de visas de trabajo que responsabilicen a los empleadores y pongan a los trabajadores en primer lugar”, apuntó a El Tiempo Latino.
Teresa Romero cree que una mayor representación sindical de los trabajadores como fuerza sindical minimizaría los riesgos, mientras logran consenso en el Senado para la aprobación de una ley que lleve a la ciudadanía a estos trabajadores, así como a los indocumentados que generalmente trabajan en el campo y son víctimas silenciosas. “Nosotros tenemos 60 años de hacer eso, de proteger a los trabajadores, sabemos cómo hacerlo. Créeme que si estuviésemos allí estas violaciones no ocurrirían”, mencionó al señalar que este sería un esfuerzo que podrían abordar con el Departamento del trabajo.
Desde el sindicato han estado conversando tanto con el partido demócrata como el partido republicano, pero dice que “desafortunadamente no hemos conseguido 10 republicanos que apoyen este proyecto de ley. Existen muchos problemas que una legalización podría eliminar. Seguiremos trabajando hasta que podamos conseguir esos 10 republicanos”.
Por lo pronto, la abogada de Georgia Legal Services Program, Solimar Mercado, recomienda a los trabajadores que no paguen por venir a este tipo de empleos a Estados Unidos. “Lo único que tienen que pagar es el costo de la visa que son menos de $200 y ese dinero se lo tienen que reembolsar en la primera semana que vienen a Georgia. Si le piden guardarle el puesto o quitarles el pasaporte, ya se están exponiendo”.
Mientras se prometen más visas, los esfuerzos legislativos sigue sobre la mesa. Tanto los sindicatos, como organizaciones de derechos humanos, esperan respuestas concretas sobre sus solicitudes para proteger a quienes, aseguran, ponen la comida en la mesa de millones de ciudadanos en Estados Unidos. Para atender las denuncias, el gobierno puso a disposición la Línea Nacional de Trata de Personas 1-888-373-7888 que recibe denuncias las 24 horas del día y los 7 días de la semana de manera confidencial y con intérpretes.
