Las masacres como la de Uvalde, Texas esta semana dejan a familias y comunidades destruidas emocionalmente, pero los gobernantes no hace nada para atacar la raíz del problema. FOTO: Washington Post por Joshua Lott.

La matanza de 19 niños en Uvalde vuelve a plantear por qué se ignora el apoyo público a leyes más estrictas en un país con una cultura de armas única en el mundo.

Horas después de que 19 niños y dos adultos fueran asesinados a tiros en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, el presidente Joe Biden pudo ver toda la gama de emociones que afloran a lo largo de un país conmocionado: dolor, tristeza, compasión, desesperación, frustración, desprecio, ira e incluso furia.

Sin embargo, apenas ofreció una pizca de optimismo en cuanto a posibles respuestas.

La escuela primaria Robb se une ahora a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, la escuela primaria Sandy Hook, la universidad Virginia Tech y la escuela secundaria Columbine, entre otras, en una lista de muertes en instituciones educativas. Parece que en ningún lugar de Estados Unidos los niños y jóvenes estudiantes están realmente seguros. No en una nación en la cual las armas superan en número a las personas, en la cual se sigue tolerando una cultura de violencia con armas de fuego y en la cual los episodios de carnicería se han convertido en la norma.

Biden pidió que el Congreso actúe para endurecer las leyes sobre armas de fuego, al igual que hizo el presidente Barack Obama tras el tiroteo de Sandy Hook, ocurrido 10 años antes en Newtown, Connecticut.  Obama había encargado a Biden, entonces su vicepresidente, que liderara ese esfuerzo, pero se rechazó un proyecto de ley bipartidista en el Senado gracias a la influencia del lobby de armas, liderado en aquel momento por la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés).  En la década posterior, el país se ha paralizado políticamente al tiempo que se produce un tiroteo masivo tras otro, a veces con solo unos días de diferencia, como ocurrió este mes con los asesinatos de Búfalo, Nueva York, y Uvalde.

En los años posteriores a Sandy Hook, la NRA ha sido reducida y debilitada por el escándalo. Pero no importa. El lobby de las armas, tal y como existe hoy en día, es un movimiento de base ciudadana que mantiene un control absoluto sobre el Partido Republicano.  En lugar de endurecer las leyes de armas, las legislaturas de los estados liderados por los Republicanos, entre ellos Texas, han actuado para relajarlas.

Estas acciones consagran aún más la cultura de las armas como parte del patrimonio de Estados Unidos, todo ello en nombre de la Segunda Enmienda, aunque es cuestionable que los Fundadores previeran que el derecho constitucional a portar armas sirviera de escudo ante los tiroteos masivos de niños.

En su intervención del miércoles, Biden dijo que la Segunda Enmienda "no es absoluta", y añadió: "cuando se aprobó, no se podía ser dueño de un cañón, no se podía poseer cierto tipo de armas".  Renovó su pedido a lo que llamó una legislación sobre armas de fuego con "sentido común" y dijo que una medida de este tipo no afectaría negativamente a los derechos de la enmienda.

La matanza del martes en la pequeña comunidad de Uvalde se convirtió en el segundo tiroteo más letal en una escuela primaria en la última década, superada tan solo por Sandy Hook, donde murieron 20 estudiantes de primaria, además de seis adultos.  Se produjo únicamente 10 días después de un ataque racista en una tienda de comestibles en Búfalo que mató a 10 personas.

El episodio de Uvalde fue el tiroteo número 27 en una escuela en lo que va del año y el 119 desde 2018, según Education Week, que comenzó a elaborar un inventario de estos horrores ese año. Hay que pensar lo que implica que sea necesario crear dicha lista debido a lo habituales que se han vuelto los asesinatos de niños en sus escuelas.

Biden señaló que en la década transcurrida desde Sandy Hook se han producido 900 incidentes con armas de fuego en las escuelas. Más de 300.000 estudiantes han estado expuestos a la violencia con armas de fuego desde el tiroteo de 1999 en Columbine, en Colorado, según una base de datos del Washington Post.  Ningún otro país ha experimentado de un historial tan vergonzoso.

Son muchos los factores que pueden hacer que alguien entre en una escuela llena de niños inocentes -o en un club nocturno repleto de gente divirtiéndose (Orlando, 2016), o en un Walmart repleto de compradores en su ronda habitual (El Paso, 2019), o en una iglesia donde la gente está rezando en una noche entre semana (Charleston, Carolina del Sur, 2015), o en un recinto de conciertos al aire libre repleto de amantes de la música country (Las Vegas, 2017)- y abra fuego. Las enfermedades mentales, la alienación y la rabia interior son algunas de las razones que suelen citarse o descubrirse a posteriori. A veces son difíciles de detectar, pero la mayoría de las veces se detectan y se ignoran.

Estados Unidos no es el único país que tiene estos males entre su población. El presidente se refirió a eso el martes por la noche. Las personas de otros países padecen enfermedades mentales, o son almas perdidas alienadas de sus sociedades, o están llenas de rabia generada por la política.  Al fin y al cabo, son rasgos humanos.  Sin embargo, solo en Estados Unidos estas aflicciones se manifiestan con tanta regularidad en tiroteos masivos que desembocan en familias en duelo, en comunidades rotas, en presidentes indignados y en demasiados funcionarios electos incapaces de unificarse.

Después de los asesinatos del martes, algunos funcionarios de Texas dijeron que las escuelas necesitan una protección adicional, con policías armados u otro personal de seguridad armado que vigile las instalaciones.  Esto se ve a menudo como una solución: "un buen tipo con una pistola", como dice el refrán.  Tal vez.  Pero en Búfalo, un guardia de seguridad se enfrentó al tirador en la tienda de comestibles.  El tirador llevaba chaleco antibalas y el guardia de seguridad resultó muerto.  En Uvalde, dos agentes de policía enfrentaron al tirador en la escuela; no obstante, éste entró en el edificio escolar y llevó a cabo sus asesinatos.

Leyes de bandera roja, más recursos para identificar y tratar la salud mental y más protección para los estudiantes son algunas de las respuestas que se ofrecen en momentos como éste.  Pueden contribuir a identificar posibles asesinos o a proteger a los inocentes.  Sin embargo, no son las únicas respuestas.  Ni tampoco ha habido prisa por promulgarlas.  Después de un tiroteo en 2018 en el cual murieron 10 personas en una escuela de Santa Fe (Texas), el gobernador Greg Abbott, un Republicano, planteó la idea de promulgar una ley de bandera roja.  La resistencia de los activistas de armas y de otros políticos de Texas sabotearon la idea, y Abbott dio marcha atrás.

Tampoco el endurecimiento de las leyes de armas es necesariamente la única respuesta. En 1968, el presidente Lyndon B. Johnson firmó una ley federal para endurecer las leyes sobre armas, en un año en el que fueron asesinados el reverendo Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy, para aprovechar el sentimiento público. Denunció que el poder del lobby de las armas ha impedido que se promulguen medidas aún más estrictas. Ha sido siempre el mismo estribillo.

Se han tomado otras medidas para endurecer las leyes sobre armas. Una de ellas fue la prohibición de las armas de asalto promulgada en 1994, una ley defendida por Biden cuando era senador, pero la prohibición de 10 años expiró al finalizar su vigencia en 2004. Los estudios mostraron que podría haber tenido un modesto impacto en los tiroteos masivos.  Ha habido una proliferación en los años posteriores a que expiró la prohibición. Desde entonces, han fracasado otros esfuerzos para restringir el uso de cargadores de alta capacidad, así como los esfuerzos para ampliar la verificación de antecedentes en la mayoría de las ventas de armas, una parte de la legislación que fue rechazada después de Sandy Hook.

Ante la inacción a nivel federal para dificultar la posesión y el uso de armas por parte de los asesinos potenciales, ahora hay un movimiento en los estados que va en la dirección opuesta.  El Giffords Law Center to Prevent Gun Violence se creó después de que la entonces representante Gabrielle Giffords, Demócrata de Arizona, resultara gravemente herida en un tiroteo de 2011 en el que murieron seis personas y otras 12 resultaron heridas en Tucson.  El sitio web del centro informa que en 2021, los legisladores de una docena de estados promulgaron leyes "para evitar que se aplicaran las modestas leyes de armas de Estados Unidos".

Varios estados han derogado las leyes que obligaban a los propietarios de armas a tener permisos para el porte oculto.  Hoy en día, según el Giffords Center, 21 estados permiten que alguien compre y porte un arma "en lugares públicos sin ninguna verificación de antecedentes ni ninguna capacitación de seguridad".

Ninguna ley puede detener todos los crímenes, ni ninguna sociedad puede erradicar el mal. Pero Estados Unidos tiene un problema único con las armas. La opinión pública lleva mucho tiempo estando a favor de la toma de medidas adicionales para hacer más al respecto, pero los políticos -los políticos Republicanos- se doblegan ante las voces más fuertes de su base, ya sean ciudadanos de a pie o la NRA o los fabricantes de armas que se empeñan en que cualquier paso hacia las restricciones es un paso hacia la confiscación.

Mientras eso exista, mientras el derecho a portar armas se considere totalmente sacrosanto y no esté sujeto a un control, Biden no será el último presidente que exclame, como lo hizo el martes por la noche: "¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta masacre? ¿Por qué seguimos dejando que esto ocurra?"

Washington Post - Dan Balz

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