Los científicos y los médicos se han movilizado exitosamente contra poderosos intereses creados, como las grandes tabacaleras, y deben volver a hacerlo.
La violencia con armas de fuego en Estados Unidos podría haberse calificado como una crisis de salud pública hace décadas. Pero en 1996, Jay Dickey, un congresista Republicano de Arkansas, respaldado por el lobby de las armas, neutralizó la investigación sobre las lesiones por armas de fuego. Mark Rosenberg, ex director del National Centre for Injury Prevention and Control de EEUU y partidario de los estudios sobre la violencia con armas de fuego, fue el médico de salud pública que estuvo al frente del ingenioso interrogatorio de Dickey.
Su enfrentamiento dio lugar a la famosa enmienda Dickey a un proyecto de ley de gasto del gobierno, que técnicamente prohibía que el dinero de la investigación federal se utilizara para promover el control de armas. En la práctica, los estudios sobre armas de fuego prácticamente se detuvieron. Esa paralización de la investigación duró hasta 2018, cuando un informe finalmente aclaró que la investigación académica no equivalía a un lobby político.
Más de un cuarto de siglo después, Rosenberg se hizo muy amigo de Dickey, quien ahora se mostraba arrepentido, e incluso pronunció un encomio en su funeral. “Jay y yo llegamos a comprender que existen políticas, programas y leyes que pueden reducir la violencia con armas de fuego y proteger los derechos de los propietarios de armas que respetan la ley”, me dijo Rosenberg, que pasó a dirigir la organización internacional sin ánimo de lucro Task Force for Global Health. “Pero no puedes imaginártelos en tu cabeza: tienes que investigar y probarlos”.
La suya es una de las muchas voces, cada vez más fuertes, que presionan para que la violencia con armas de fuego se considere una tema de salud pública, similar a la seguridad vial. Este mes, un informe mostró que las lesiones por armas de fuego superaron a los accidentes de tráfico en 2020 como la principal causa de muerte en Estados Unidos entre niños y adolescentes. Días después de su publicación, el tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde (Texas) acabó con la vida de 19 niños y dos maestras.
Ahora, tras dos décadas de investigaciones perdidas, los académicos se muestran más abiertos a la necesidad de un cambio. Los científicos y los médicos ya se han movilizado antes contra poderosos intereses creados en nombre de la salud pública, en particular las grandes tabacaleras. Esto parece un momento comparable.
Teniendo en cuenta el derecho constitucional a portar armas, Rosenberg cree que una prohibición total de las mismas no es viable. Pero, de la misma manera que la seguridad vial no implica la prohibición de los automóviles, la seguridad de las armas no significa renunciar a todas ellas: “Los propietarios de armas no son malos, sino que se les ha hecho creer una mentira”, dice. “El mito que perpetra la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) es que o se puede tener seguridad frente a las armas eliminándolas, o se pueden conservar las armas, pero no se pueden tener ambas cosas. Ese mito nos está matando a nosotros y a nuestros hijos”.
Más bien, la salud pública debería hacer con las armas de fuego lo que hizo con las carreteras. Los estudios que condujeron a cambios en el diseño de las carreteras y los automóviles, como los reductores de velocidad y los bloques de motor plegables, han salvado vidas año tras año. En el caso de las armas, dice, hay que evaluar cuatro temas clave basados en la epidemiología: cuál es el problema que hay que resolver, por ejemplo, quién muere con qué armas; cuáles son las causas, por ejemplo, las drogas, el alcohol o el acceso a las armas; qué funciona para prevenir las lesiones y las muertes; y cómo pueden ampliarse las medidas que tienen éxito. Entre las posibles intervenciones a estudiar se encuentran la verificación efectiva de los antecedentes; las leyes de “bandera roja” que permitirían retirar las armas temporalmente; y prohibir que los perpetradores de violencia doméstica tengan armas.
Un equipo SWAT de la policía demoró en entrar a la escuela de Uvalde, desafiando la afirmación de que proveer armas a la gente buena ayuda a contrarrestar a los tiradores sin escrúpulos. Otros proponen que los profesores porten armas y reforzar el acceso a las escuelas, a pesar de que poner armas en las aulas supone un riesgo de disparos accidentales.
Los signos de una lucha contra el lobby de las armas comenzaron en 2018, cuando se reanudaron los estudios sobre armas de fuego. En aquel entonces, la NRA advirtió a los “engreídos médicos antiarmas [que] se mantuvieran en su carril”. Los médicos, hartos de sacar balas de cuerpos jóvenes, respondieron en las redes sociales con el desafiante hashtag #ThisIsOurLane (Este es nuestro carril). Después del tiroteo en Uvalde, la Academia Estadounidense de Pediatría exigió: “¿Cuándo nos levantaremos como nación por todos estos niños?”
Ese sentimiento de indignación académica no ha hecho más que crecer. Un abrasador artículo de fondo de Scientific American posterior al tiroteo en Uvalde señalaba que en un año mueren más niños por disparos que policías y militares en servicio; que los asaltos con armas de fuego son más comunes en los estados donde hay muchas armas; que tener un arma de fuego en casa duplica el riesgo de ser asesinado. Sus editores, que reclaman una agencia de seguridad de las armas de fuego, se lamentan: “La ciencia es muy clara: más armas no detienen la delincuencia… estamos fallándole a nuestros hijos, una y otra vez”.
La gente está de su lado. Las estadísticas están de su lado. Ahora, las armas matan a más niños estadounidenses que los automóviles o el cáncer. Estas son muertes que pueden evitarse. Si eso no es una emergencia de salud pública que requiere atención inmediata, ¿qué lo es?
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