Un grupo de salvadoreños se reunió en Washington DC con miembros de la diáspora de El Salvador y feligreses de la Iglesia Episcopal de Saint Stephen para condenar y hablar sobre presos políticos encarcelados en el país centroamericano.
“Nos encontramos en Washington DC en un foro para denunciar e informar sobre la situación de los presos políticos a causa del quebrantamiento de la democracia y de la falta de independencia de las instituciones del Estado en El Salvador”, dijo Lourdes Palacio, presidenta de COFAPPES (Comité de Familiares de Presos Políticos).
Según los miembros del grupo, el gobierno salvadoreño comete violaciones a derechos humanos al suspender procedimientos de ley bajo el régimen de excepción, que se ha extendido por tres meses.
A finales de marzo, el gobierno del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo, aprobaron un período de estado de sitio, argumentando que las instituciones de seguridad necesitan de una herramienta jurídica para combatir a las pandillas.
Además de este grupo, otras organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han señalado que debido al régimen de excepción se reportan más de 300 detenciones arbitrarias.
La organización afirmó que unas 25 personas, entre exfuncionarios públicos, miembros del partido de izquierda FMLN, el expresidente Salvador Sánchez Cerén y la primera dama, Vanda Pignato, son víctimas de persecución política y procesos judiciales arbitrarios.
“No hubo respeto al debido proceso de las personas detenidas y se ha documentado que existe persecución política hacia personas críticas al gobierno y hacia quien no está de acuerdo”, dijo Palacio.
Pese a las denuncias, las quejas por violaciones a derechos humanos y la relación distante con la administración del presidente Joe Biden, Bukele conserva altos niveles de popularidad entre los salvadoreños, tanto los que residen en El Salvador, como en Estados Unidos.
