Dice la autora en el Financial Times que los líderes empresariales de EEUU deben hacer más para defender la democracia de situaciones como la ocurrida el 6 de enero que son ahora investigadas por un comité de la Cámara. FOTO: EFE/EPA/WILL OLIVER.

Permanecer en silencio quizás sea más fácil, pero podría dañar tanto la reputación de las empresas como la economía política de EEUU.

¿Los líderes de las empresas estadounidenses están preparados para defender la democracia?  Si se observan las encuestas de opinión recientes, la respuesta podría parecer un rotundo -y tranquilizador- "sí".

En una encuesta publicada en mayo por Business & Democracy Initiative, un grupo de cabildeo en Washington, el 96 por ciento de los líderes empresariales cree que "para que una economía sea fuerte es importante que haya una democracia que funcione bien" y el 81 por ciento está de acuerdo en que "las empresas deben actuar para garantizar que las elecciones sean seguras y justas".

Más llamativo aún es que el 77 por ciento "está de acuerdo en que las empresas deben denunciar las amenazas a la democracia". Asimismo, algo más de la mitad de estos líderes son más proclives a exhortar a su personal a defender la democracia y a trabajar en las elecciones que hace cinco años.  Solo el 8 por ciento está menos entusiasmado que antes.

Sin embargo, si se pregunta a los ejecutivos de las empresas en privado cómo podrían convertir esas declaraciones en acciones, el panorama es de creciente incertidumbre y profunda angustia.

Sí, estos líderes pueden ver las amenazas existenciales que quedaron resaltadas por las revelaciones de esta semana sobre los esfuerzos del expresidente Donald Trump para socavar los resultados de las elecciones de 2020.  Saben que un tercio de la gente piensa que esas elecciones estuvieron marcadas por el fraude y que una proporción similar piensa que "el sistema [electoral] de la nación es fundamentalmente inseguro", como dice una encuesta de Monmouth.  También hay una creciente alarma sobre el fraude electoral y la supresión del votante.

Aún así, pocos saben qué hacer.  Pensemos en Delta y Coca-Cola. Cuando la legislatura del estado de Georgia introdujo el proyecto de ley SB202 el año pasado, que esencialmente restringe el derecho de voto, los dos gigantes se mantuvieron callados inicialmente.  Luego, cuando los grupos de activistas negros expresaron su furia, los empresarios denunciaron la ley. No obstante, ya era demasiado tarde para detenerla y los activistas locales dicen que las empresas siguen financiando a algunos de los políticos que están detrás del SB202.

O, por ejemplo, miremos a Allstate, el grupo asegurador con sede en Illinois. Hace unos años, sus directivos se dieron cuenta de que el fraude electoral estaba socavando la democracia en su estado.  "El 54 por ciento de las elecciones a la cámara estatal en Illinois no se disputan, lo cual significa que 4,7 millones de personas no han votado", me dijo Tom Wilson, director general, en el Festival de Ideas de Aspen esta semana.  "Si tuviéramos un [sistema] justo y equilibrado, solo en Illinois votarían 1,7 millones de personas más".

Así que la empresa recaudó fondos para luchar contra el fraude electoral y sumó a otras empresas a la causa. No obstante, Wilson afirma que la campaña concluyó, porque "nos dimos cuenta de que no teníamos capacidad ni competencia en este ámbito", es decir, que no podíamos hacer nada contra el fraude electoral.  En cambio, ahora está volcando la energía de su campaña a tres áreas en las que Wilson cree que sí tiene "agencia y competencia": el cambio climático, la equidad racial y la privacidad de datos.

¿Deben las empresas quedarse de brazos cruzados? En mi opinión, no, en absoluto: hay al menos tres cosas que los ejecutivos podrían -y deberían- prepararse para hacer.  Una medida obvia es garantizar que los empleados puedan votar (lo que no siempre es fácil para los trabajadores con bajos ingresos, dado que las elecciones se celebran en días laborables). Esto significa ofrecerles tiempo pago y apoyo para que acudan a las urnas, además de respaldar a los que quieran trabajar como funcionarios electorales.

En segundo lugar, las empresas deben pronunciarse en voz alta a favor de los procesos democráticos y, lo que es más importante, criticar los retrocesos (como el de la ley SB202) cuando se produzcan.

Una tercera medida, aún más importante, es proporcionar una transparencia adecuada en torno a las donaciones políticas y sus relaciones con grupos de presión, así como garantizar que sean coherentes con las declaraciones públicas de la empresa sobre la democracia. Eso significa abstenerse de hacer donaciones a candidatos que intentan anular los procesos electorales o fomentar la supresión del votante.

Los devotos de Milton Friedman podrían argumentar que estas medidas son poco prácticas o que corren el riesgo de distraer a los ejecutivos de su trabajo. Al fin y al cabo, los líderes empresariales que se han metido recientemente en polémicas políticas se enfrentan a repercusiones cada vez mayores. Cuando Citi expresó su consternación por la decisión del Tribunal Supremo de anular el derecho constitucional al aborto, los Republicanos del Congreso amenazaron con dejar de operar con el banco. Cuando Disney desafió la postura de la legislatura de Florida sobre los derechos de los homosexuales, Ron DeSantis, gobernador del estado, eliminó los privilegios fiscales de la empresa.

Lo que hace que los asuntos políticos sean doblemente difíciles de tratar para los altos directivos es que sus propios empleados también suelen estar polarizados políticamente. El director general de una gran empresa observó recientemente, en privado, que su compañía había planeado inicialmente hacer una declaración inmediata y contundente sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el aborto, pero reculó cuando una encuesta entre el personal mostró que las actitudes estaban más divididas sobre el tema de lo que los altos directivos habían pensado.

A pesar de ello, aunque para los ejecutivos parezca un reto hablar, la realidad es que permanecer en silencio ante las amenazas electorales será aún más perjudicial, no solo para la reputación de una empresa, sino también para la economía política de EEUU.  Así que esperemos fervientemente que el 96 por ciento de las empresas que dicen que la democracia es buena para la economía estén realmente dispuestas a defenderla. Sobre todo considerando que es probable que estas amenazas no hagan más que aumentar y que el barómetro de confianza de Edelman muestra que la gente tiene ahora más confianza en los líderes empresariales que en los políticos, por un amplio y creciente margen.

Gillian Tett

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