Las normas que regulan los mercados financieros y las criptomonedas podrían ser impugnadas legalmente tras la decisión sobre la Agencia de Protección Ambiental.
Una fallo histórico del Tribunal Supremo de EEUU pondrá freno a una serie de nuevas normativas empresariales, según los altos cargos Republicanos y los principales grupos de presión de varios sectores.
Dos legisladores Republicanos declararon al Financial Times que creen que la decisión del Tribunal de reducir el poder de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) tendrá amplias consecuencias dado que los representantes de la industria la utilizaban para argumentar en contra de la elaboración de nuevas normas.
Varios grupos de presión corporativos dijeron que las consecuencias de la sentencia del jueves se sentirían de forma más inmediata en el sector de las criptomonedas, que se enfrenta a una regulación mucho más estricta según los planes de la Comisión Nacional de Valores (SEC) de Estados Unidos, así como de otros reguladores financieros.
Pat Toomey, el Republicano más veterano del Comité de Banca del Senado, dijo que el fallo "no tiene que ver con el cambio climático, sino con la separación de poderes".
"El Tribunal Supremo ha dictaminado con sensatez que el poder ejecutivo y sus organismos, incluidos los reguladores financieros, no pueden utilizar interpretaciones nuevas y creativas de la ley existente para fingir que tienen autoridad legal para apoyar cambios políticos radicales que el Congreso nunca buscó", añadió.
"La SEC debería considerarlo guerra avisada".
La decisión se produce en un momento en que el regulador de títulos valores, bajo la presidencia de Gary Gensler, propone nuevas normas que abarcan todos el espectro de situaciones, productos y actores, desde los fondos del mercado monetario hasta los instrumentos de adquisición con fines especiales y la información sobre el cambio climático.
Patrick McHenry, el Republicano más veterano de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo que la decisión adoptada el jueves era "una advertencia a la administración Biden -y al Estado regulador en general- de que no pueden eludir a los legisladores". Esto es especialmente cierto cuando se trata de determinar las normas a seguir en el ecosistema de los activos digitales".
Los expertos afirman que es probable que la sentencia afecte a amplias franjas de la normativa empresarial, impidiendo que las agencias dicten normas cuando el Congreso no les haya dado permiso expreso para hacerlo.
"Un mensaje general para las agencias es que si quieren hacer algo ambicioso y audaz que no esté anclado en una instrucción clara del Congreso, van a tener dificultades para convencer a los tribunales de que tienen esa autoridad", dijo William Kovacic, expresidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos.
Jake Chervinsky, jefe de políticas de la Asociación Blockchain, dijo que las propuestas de la SEC que podrían capturar al sector de las criptomonedas "exceden el alcance de la autoridad estatutaria [de la agencia]". Basándonos en la decisión de la EPA, esperamos que el Tribunal Supremo esté de acuerdo".
La sentencia también podría afectar a los esfuerzos de la FTC -que bajo la presidencia de Lina Khan ha prometido una postura más dura en materia de antimonopolio- para elaborar nuevas normas que se enfrenten a las conductas anticompetitivas, tal y como se dispuso en la orden ejecutiva del Presidente Joe Biden el año pasado.
Se ha pedido a la FTC que elabore normas para impedir que los empleadores bloqueen la posibilidad de que sus empleados se vayan a empresas rivales, y evitar que las empresas farmacéuticas paguen a sus rivales genéricos para que no entren en un determinado mercado durante un periodo de tiempo.
Kovacic argumentó que las nuevas normas de competencia podrían ser vulnerables a las impugnaciones a la luz de la sentencia de la EPA, a diferencia de la normativa de protección del consumidor de la FTC, que puede estar anclada en mandatos "bastante claros y específicos". "El camino para que la FTC utilice su poder de reglamentación se ha vuelto un poco más difícil", dijo.
La SEC y la FTC declinaron hacer comentarios.
En su decisión, el Tribunal Supremo invocó la "doctrina de las cuestiones esenciales", una teoría jurídica que sostiene que el Congreso debe legislar con claridad cuando se autoriza a una agencia federal a tomar decisiones de gran importancia a nivel nacional.
Aunque el principio no es nuevo, el fallo le ha dado mayor peso como doctrina que podría sustentar futuros desafíos legales contra los reguladores.
"El Tribunal Supremo ha quitado una herramienta a la EPA en lo que se refiere a regular los gases de efecto invernadero, y ha otorgado una nueva herramienta a los abogados de los demandantes", dijo Michael Gerrard, profesor de derecho ambiental en la Facultad de Derecho de Columbia. Los reguladores "van a ser demandados más a menudo..., por lo que añade algo de vulnerabilidad, sólo que no sabemos cuánta".
Richard Pierce, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, dijo que, al ser una doctrina relativamente poco probada, probablemente habrá "mucha incertidumbre sobre sus contornos".
Los tribunales determinarán en los próximos años los límites de las competencias de los reguladores, de lo que constituye una cuestión "importante" y de los mandatos del Congreso, aseguran los expertos.
Pero, por ahora, "el Tribunal Supremo está diciendo a los tribunales inferiores y, desde luego, a las agencias administrativas, 'más vale que construyan sobre cimientos cuando elaboren normas de regulación económica'", dijo Kovacic.
"Y eso es una ingeniería muy conservadora. Realmente limita la altura a la que se puede construir".
Stefania Palma y Kiran Stacey en Washington
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