prohibición del aborto de 15 semanas en Florida
Foto: Archivo /EFE
COMPARTE

Abril Gordienko López
MSc. en Administración Pública y activista cívica

El aborto es uno de los temas más polarizadores, como demuestran las reacciones tan inflamadas y opuestas que generó en todo el mundo la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (CSJEUA) que revocó la icónica sentencia del caso “Roe vs Wade”. El fallo conocido como “Dobbs vs. Jackson”, hizo una nueva interpretación de la Enmienda X a la Constitución Política norteamericana, que dice: “Los poderes que la Constitución no delega al Gobierno Federal ni prohíbe a los Estados, quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo”. Dado que el aborto no está consagrado expresamente en la Constitución, los magistrados consideran que no es un derecho constitucional; por ende, se vuelve a la situación anterior a 1973 y queda a decisión de los congresos de los 50 estados la permisión o prohibición del aborto.

¿Es esta sentencia justa? No hay respuesta fácil ni perspectiva única. Desde el punto de vista jurídico, la respuesta variará según la corriente filosófica que se siga. Para los positivistas jurídicos, la ley válidamente emitida es justa; por ende, si una sentencia se apega a la ley es inherentemente justa. Otras corrientes, como la del realismo jurídico, se oponen abiertamente al positivismo dogmático y ven el Derecho como un conjunto de valoraciones sobre los intereses colectivos y su incidencia en la sociedad en la que se aplica; entonces, el juez no es simplemente la “boca” de la ley, sino que es su intérprete, y como tal, es cocreador de Derecho con un alto potencial para generar transformaciones sociales significativas. La sentencia de Roe vs Wade fue, a mi criterio, de corte realista jurídica; la del 24 de junio fue estrictamente positivista.

Los fallos tienen también una dimensión política. Los nombramientos de los miembros de la CSJEUA son eminentemente político-partidarios. La actual conformación de ese ente tiene predominancia conservadora (6 magistrados nombrados por el partido Republicano) cuyo criterio prevaleció sobre el de los 3 miembros nominados por presidentes del partido demócrata, considerado progresista. Es decir, en esta sentencia confluyeron la dimensión política de la mayoría de magistrados republicanos, y una interpretación estrictamente positivista de la Constitución y de la Enmienda X.

El fallo estará por varios años en el centro del debate político norteamericano -y seguramente del mundo-. Se prevé que en un plazo muy corto prácticamente en la mitad de los estados de EUA (los de mayoría republicana) se restringirá o abolirá totalmente el aborto. Por supuesto, el tema tendrá una gran incidencia en las elecciones de medio periodo de los Estados Unidos.

Por otra parte, el fallo reavivó la llama de la pugna entre los grupos llamados provida y proelección (pro-choice). Desde el punto de vista de la moral religiosa, es inaceptable, hasta monstruoso, sobreponer el derecho de elección de la futura madre por sobre el derecho a vivir del nonato; por ende, el fallo es satisfactorio para la mayoría de personas creyentes. Hasta hace unos años, yo misma, que me considero provida, me habría sentido muy satisfecha con la sentencia. Pero mi perspectiva de lo que es ser provida ha evolucionado y mi visión está más imbuida por el realismo jurídico.

Hoy en día, dentro de mí cohabita un conflicto entre mis valores morales-espirituales y mi visión realista de la ley y de la política pública. Reconozco el valor inherente de la vida humana en gestación y el consecuente derecho a ser protegida. Sin embargo, también reconozco que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida -concepto mucho más amplio que “nuestro cuerpo”, llamado “derecho a la privacidad” por el fallo de "Roe vs Wade"-. Un embarazo, deseado o no, cambia radicalmente para siempre la vida de una mujer, para bien o para mal. Más aún si no es deseado ni planeado, si la madre es menor de edad, si el embarazo entraña un riesgo para su vida, si fue producto de una violación, si está en condición de extrema pobreza, si no tiene un compañero responsable, entre muchas posibles situaciones. El contexto también es determinante para el futuro y la calidad de vida que tendrá la criatura en gestación. ¿Pasará privaciones, sufrirá abandono, terminará el colegio o caerá en redes criminales?.

¿Es el aborto una disyuntiva estrictamente moral o un problema de salud pública? ¿Es un acto de libertinaje -un pecado y un crimen- o una libertad fundamental? ¿Qué límites se le deberían imponer a esa libertad? ¿Hasta dónde debe intervenir el Estado en esa decisión? Y, no menos importante, ¿dónde estaba el Estado antes de que esos embarazos ocurrieran?.

¿Es más criminal obligar a completar el embarazo a una niña de 11 años violada por su padrastro, o hacerla abortar? ¿Es justo castigar a una muchacha en estado de pobreza con baja escolaridad y sin educación sexual, porque no se sentía preparada para traer un hijo al mundo ni tenía nada que ofrecerle? ¿Qué oportunidades de bienestar y movilidad social les esperan a esas madres y a sus futuros hijos? La lista de situaciones es infinita. ¿Deben pesar las circunstancias particulares al decidir entre dos vidas entendidas en sentido amplio?

Se trata del más retorcido de los problemas retorcidos (wicked problems). Un dilema individual, pero también uno de política pública muy complejo que roza sensibilidades de distinta naturaleza y entraña aristas muy diversas; por ende, fuera del fuero interno, no se resuelve con un abordaje exclusivamente positivista, ideológico, religioso, ni moral.

No tiene final feliz, porque no causa felicidad ni siquiera a quien lo ve como un derecho. No es una decisión irrelevante para ninguna mujer en ninguna situación. No lo debería ser en ninguna sociedad. No debería ser el primero, sino el último recurso. Debe tener más restricciones según el avance del embarazo (el fallo “Roe vs Wade” fue claro en ese sentido y afirma que el derecho sobre el propio cuerpo no es ilimitado). Quien está en esa coyuntura debe recibir acompañamiento técnico y emocional, inclusive espiritual si se quiere, en todo momento. Entonces, el Estado sí tiene un rol fundamental que jugar: en ofrecer educación de calidad y formación en valores y en habilidades para la vida y la toma de decisiones, en generar equidad de derechos y de oportunidades, en proveer seguridad para las niñas, las jóvenes y las mujeres de cualquier edad para reducir las tasas de violaciones, en proveer suficiente información sobre salud sexual, reproductiva y afectiva, y un sistema de salud acorde a ello. Entre otras cosas.

Las leyes y decisiones de política pública que restringen o amplían los derechos de las personas nonatas, de las mujeres y de cualquier otro grupo social, deben nutrirse de varias perspectivas. Una mirada a las estadísticas ofrece una luz útil. Según datos de la Organización Mundial de la Salud y de estudios científicos independientes, prácticamente desde 1990 no ha variado el número de abortos en el mundo: 73 millones al año (39 abortos por cada mil mujeres). En cambio, sí ha aumentado la cantidad de países, principalmente más industrializados, que liberalizó las leyes sobre el aborto. Al mismo tiempo, la tasa promedio de abortos en países donde es legal -salvo China e India- bajó 43%. Por el contrario, en países con prohibiciones severas, la tasa aumentó aproximadamente 12%.

En las naciones donde se ha ampliado el acceso a servicios de salud reproductiva, la seguridad de los abortos mejoró y aumentó la sobrevivencia materna. Cerca del 90% de los procedimientos donde se permite el aborto, se consideran seguros, comparado con solo 25% en los países donde es prohibido. Entre 5 y 13% de las muertes maternas en el mundo se debe a complicaciones en abortos inseguros, la mayoría en países subdesarrollados.

Un último dato: investigadores de las universidades de Chicago y Stanford estiman que debido a la legalización del aborto la delincuencia general en Estados Unidos cayó 17,5% (1% anual) entre 1998 y 2014 -de 2 a 3 décadas después de Roe vs Wade-. El estudio concluye que el aborto legalizado redujo los delitos violentos en un 47% y los delitos contra la propiedad en un 33% y, por lo tanto, puede explicar la mayor parte de la disminución de delitos observada.

¿Bastan estas referencias para liberalizar el aborto total o parcialmente en cualquier sociedad? Al menos deben ser consultados a la hora de legislar y de resolver sobre el tema. La política pública debe basarse en datos objetivos y en consideraciones contextualizadas. En la esfera privada, en cambio, priman los valores y la conciencia de cada persona.

COMPARTE
ÚLTIMAS NOTICIAS