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El listado de sancionados se deriva de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte. Foto: Carmen Rodríguez/El Tiempo Latino

El Departamento de Estado (DOS) publicó esta semana el segundo informe sobre actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica, en el que señala a más de 40 funcionarios, exfuncionarios públicos y empresarios involucrados en actos de corrupción o acciones antidemocráticas de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Entre los nombrados en el documento, en la sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, aprobada a finales de 2020 y sancionada ese mismo año por el expresidente Donald Trump, aparecen ministros, jueces, fiscales, diputados, jefes de la policía y exmiembros de instituciones gubernamentales.

“Estamos aplicando la ley como el Congreso ha señalado y bajo una investigación. Para la gente que dice que estos no son hechos o que intentan disminuir la información que tenemos, estas decisiones están basadas en muchísima información que recibimos a través de nuestras misiones en el exterior y a través del gobierno de Estados Unidos, no clasificada y clasificada”, explicó Patrick Vendrell, director de la Oficina para Asuntos Centroamericanos del DOS.

La Ley manda emitir un reporte cada año, que incluya a personajes que contribuyen a la corrupción, impunidad y al deterioro de la democracia en la región, para que, a partir de este, Estados Unidos pueda condicionar, limitar o cortar la cooperación financiera para los gobiernos de los países centroamericanos y tomar acciones administrativas o económicas en contra de las personas incluidas en la lista.

El primer reporte fue emitido a medidos de 2021 e incluyó a dos expresidentes hondureños Pepe Lobo, por vínculos con el narcotráfico y Juan Orlando Hernández, que está siendo procesado en la Corte del Distrito del Este de New York, por su supuesta participación en el tráfico de drogas. Según la Fiscalía estadounidense, Hernández recibió $1 millón de parte de Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

Tras el reporte, el DOS cancela la visa y prohíbe la entrada al país de todos los enlistados y sus familiares directos.

“La sanción de no poder entrar a Estados Unidos es algo grave para muchas personas. Pero tenemos otras herramientas que incluyen sanciones económicas, suspensión permanente de visas. En muchos otros casos estamos quitando la visa en privado a personas y sus familiares que también comenten acciones antidemocráticas”, afirmó Vendrell.

Entre los nombres también figuran el presidente del Parlamento salvadoreño, Christian Guevara, el secretario de prensa de la Casa Presidencial salvadoreña, Ernesto Sanabria. Así mismo el jefe de la Policía de Honduras, Juan Carlos “el Tigre” Bonilla, el ministro y el vicepresidente del Congreso hondureño, Rasel Antonio Tome Flores.

En Guatemala el documento del año pasado incorpora a la fiscal Consuelo Porras; mientras que el de este año nombra a dos fiscales, tres jueces, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia guatemalteca y al exrector de la Universidad de San Carlos, Carlos Estuardo Gálvez Barrios.

Mientras tanto, en Nicaragua, están incluidos el presidente Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, familiares de la pareja; diez fiscales y 13 jueces. Todos estos funcionarios señalados por promover acciones represivas en contra de candidatos de partidos de oposición, líderes estudiantiles, líderes de sindicados y personas que participaron en protestas en contra del gobierno.

Según Vendrell, la lista no es una “herramienta” que se usa para afectar a los ciudadanos de los países centroamericanos; sino un mensaje para los funcionarios públicos y personas privadas de Centroamérica que indica que Estados Unidos no considerará como “socios” a personajes que contribuyen a la persecución política, a la corrupción y al deterioro de la democracia en la región.

Nicaragua no estaba incluido en el primer documento, sin embargo, la Administración Biden consideró agregar al país al listado debido al aumento de las denuncias de violaciones a derechos humanos, persecución y arrestos arbitrarios de opositores.

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