El presidente Biden en una reunión virtual con directores ejecutivos y líderes laborales para dialogar sobre el proyecto de ley que incrementará la manufactura de semiconductores en los EEUU. FOTO: Washington Post por Demetrius Freeman.

Favorecer a los aliados políticos al momento de establecer cadenas de suministro, es caro, complicado y posiblemente contraproducente.

No solo los observadores estadounidenses se sorprendieron e intrigaron la semana pasada cuando el senador Joe Manchin (D-WV) se acordó de su afiliación partidaria, hasta ahora mayoritariamente nominal, y llegó a un acuerdo constructivo con los líderes Demócratas del Senado en materia de política ambiental y energía limpia.

Visto desde el extranjero, el acuerdo también destaca por proponer uno de los primeros ejemplos aparentemente genuinos de lo que se denomina como "friendshoring" -favorecer a los aliados estratégicos a la hora de establecer cadenas de suministro.  Deleitó a los fabricantes de automóviles canadienses porque amplió una deducción fiscal a los vehículos eléctricos ensamblados en América del Norte, no solo en EEUU.  También favorece a los minerales de baterías procesados por economías con las cuales EEUU ya tiene acuerdos comerciales preferenciales.

Manchin no destaca precisamente por ser un internacionalista instintivo, pero las conversaciones sobre seguridad energética y oleoductos transfronterizos con empresas y políticos canadienses parecen haberlo convencido del imperativo estratégico más general de construir cadenas de suministro que excluyan a China.

El atractivo del "friendshoring" (también conocido como "ally-shoring") aumentó considerablemente. Primero por la tensión geopolítica de EEUU con China, y luego se aceleró por las sanciones y los bloqueos comerciales que han resultado de la invasión de Rusia en Ucrania. Sin embargo, el concepto sigue estando plagado de múltiples dificultades.

En primer lugar, no siempre está claro quiénes son amigos y cómo se deberían elegir, —y de hecho cómo elegir entre ellos. Puede que haya fuegos artificiales iluminando el cielo de Ontario por el acuerdo con Manchin. No obstante, la UE, Japón y Corea del Sur también podrían reclamar con indignación que se les considere aliados geopolíticos, incluso amigos, de EEUU. Bruselas ya se ha quejado del carácter discriminatorio de una actual propuesta de crédito fiscal para vehículos eléctricos que se limita a los productos fabricados en EEUU. Es muy poco probable que se alegre -o se convenza de que los créditos fiscales cumplen con la legislación de la Organización Mundial del Comercio- con la ampliación del círculo de amigos a un grupo que incorpora solo a Canadá y México.

También es problemática la otra disposición del acuerdo que favorece los minerales de baterías producidos o reciclados en países con los cuales EEUU tiene un acuerdo comercial preferencial.  La lista incluye a Corea del Sur, pero no a la UE, a pesar de los años de dolorosas negociaciones sobre un acuerdo comercial entre Bruselas y Washington, y tampoco a Japón.

En segundo lugar, tomar una decisión instantánea sobre la fiabilidad política en general ya es bastante difícil, pero es casi imposible tratar de determinar qué amistades tienen probabilidades de perdurar. Lo mismo ocurre con otros países que evalúan la lealtad de EEUU. Otro mandato presidencial de Donald Trump, o de otro nacionalista económico en la misma línea, y las cadenas de suministro construidas según las preferencias de política exterior de Joe Biden podrían hacerse añicos rápidamente si hay otra rabieta de proteccionismo indiscriminado.

En cualquier caso, pocos países querrán ser parte inmutable de una pandilla de "friendshoring" estadounidense si eso los deja abiertos a las represalias estratégicas y comerciales de Pekín.  No se trata solo de los mercados emergentes, como Vietnam y Brasil, que mantienen buenas relaciones estratégicas con EEUU pero que también están fuertemente integrados a las redes de suministro que involucran a China.  Los gobiernos de la UE también se han resistido a que los arrastren automáticamente al rincón de EEUU —por ejemplo, se negó a instituir una prohibición total que impide la participación de Huawei en las redes 5G.

En tercer lugar, son poco prácticas y costosas las herramientas de las cuales disponen las autoridades para hacer cambios en las cadenas de suministro según criterios estratégicos. En cuanto a las exportaciones, los gobiernos pueden restringir las ventas de tecnología sensible, como han hecho EEUU y la UE con los semiconductores y otros productos para Rusia y China. Aún así, con las importaciones, las empresas buscarán insumos baratos y hará falta un gran esfuerzo fiscal o normativo para que cambien de proveedores a gran escala. Eso tiene consecuencias para las finanzas públicas o para los precios de los productos, o para ambas cosas.

A menos que la ventaja fiscal para los vehículos eléctricos propicie sorprendentemente una cadena de suministro norteamericana tan increíblemente eficiente que sea capaz de superar a todos los competidores incluso cuando expire, los consumidores estadounidenses terminarán pagando más por sus automóviles.  Puede ser difícil argumentar que la gente tiene que pagar impuestos más altos o comprar productos más caros debido a una evaluación oficial polémica del riesgo político, que a su vez está sujeta al lobby proveniente de los productores nacionales.

Por último, en cualquier caso, la interrupción del suministro por motivos políticos no es necesariamente la mayor amenaza para las importaciones vitales. Es cierto que a veces hay impactos muy evidentes provocados por la interferencia gubernamental con fines estratégicos, como la actual escasez de alimentos y fertilizantes causada por el bloqueo de Rusia a las exportaciones desde el Mar Negro. A pesar de ello, incluso antes de la guerra en Ucrania, la economía mundial había sufrido crisis en muchas cadenas de suministro.

Esas crisis reflejaban problemas en la producción y la demanda de manufacturas y en la industria naval mundial, y no tanto las intervenciones malignas de gobiernos hostiles. Significará otra conversación incómoda si los votantes ven que las cadenas de suministro se rediseñan laboriosamente por medio de la intervención del Estado y luego, de todos modos, no funcionan.

Suponiendo que el acuerdo de Manchin sobreviva, las disposiciones sobre créditos fiscales serán una valiosa prueba de la capacidad de los gobiernos en general y de EEUU en particular para moldear las cadenas de suministro según consideraciones estratégicas.  Las preguntas sobre las propuestas son claras. ¿Son legales? ¿Son asequibles? ¿Funcionarán? Corresponde a los defensores del friendshoring demostrar que la respuesta a todas esas preguntas es afirmativa.

Alan Beattie

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