Las empresas y los defensores están comprando anuncios y llamando a los legisladores al tiempo que el Senado se dispone a considerar el paquete de medidas sobre clima, atención sanitaria e impuestos.
Mientras los Demócratas se apresuran a ultimar una legislación de $739 millardos que contiene medidas sobre clima, atención sanitaria e impuestos, proyecto de ley que se reactivó la semana pasada para sorpresa de la mayoría de los conocedores de Washington, los grupos de cabildeo corporativo y los defensores de la iniciativa trabajan para apoyar, modificar o directamente hacer fracasar todo el proyecto de ley.
La legislación, bautizada como Ley de Reducción de la Inflación, supondría la mayor inversión de la historia de Estados Unidos en energías limpias y otros esfuerzos para combatir el cambio climático. También pretende reducir los costos de la atención médica ya que permitiría a Medicare negociar los precios de los medicamentos de venta con receta, y aplicaría un nuevo impuesto mínimo de sociedades y reforzaría el presupuesto del Servicio Interno de Recaudación (IRS por sus siglas en inglés) para perseguir a los evasores de impuestos.
El repentino resurgimiento de la legislación la semana pasada puso en marcha una oleada de esfuerzos por parte de grupos que están a favor y en contra, que están utilizando anuncios en televisión y en los periódicos, y así como la divulgación personal para tratar de influir en la decisión de los Demócratas en las votaciones en el Senado.
Gran parte del cabildeo más intenso se ha centrado en las disposiciones sobre la atención sanitaria que contempla el proyecto de ley.
Una investigación realizada por Patients for Affordable Drugs Now, que aboga por precios más bajos, descubrió que el principal grupo de presión farmacéutico PhRMA y sus aliados gastaron al menos $18,6 millones en anuncios televisivos y digitales desde el 1 de julio, incluyendo $1 millón en nuevos anuncios televisivos justamente después del anuncio del acuerdo de los Demócratas el 27 de julio. La cifra de $1 millón no incluye los anuncios que ya se estaban publicando cuando se anunció el acuerdo.
"Está claro que el ritmo de gasto se ha acelerado en el último mes, más o menos", señaló David Mitchell, presidente de Patients for Affordable Drugs Now. "Se ha invertido un dineral para intentar frenar esta reforma".
Entre los anuncios del lobby farmacéutico a los que le hace un seguimiento el grupo de Mitchell se encuentra uno publicado en julio y agosto que argumenta que si Medicare "fijara los precios" (el gobierno negocia los precios de los medicamentos con los fabricantes, como los permite el proyecto de ley) se vería afectada la capacidad de los adultos mayores de obtener la medicación que necesitan. Ese anuncio se publicó en Washington, Georgia, Nevada, Virginia Occidental y otros mercados, según la investigación.
El anuncio fue publicado por la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Crónicas, un grupo sin ánimo de lucro que ha difundido otros anuncios en contra de la negociación de Medicare. Una portavoz, Jennifer Burke, declaró que las propuestas actuales "acabarán por crear una carga aún mayor para nuestro ya debilitado sistema de salud."
Una portavoz de PhRMA declinó la solicitud de entrevista. El grupo de presión realizó la semana pasada una sesión informativa en la que los directivos argumentaron que las medidas de fijación de precios de los medicamentos provocarán una disminución del suministro de medicamentos que salvan vidas.
En la otra cara de esa política, una serie de grupos que la ven como una forma de reducir los costos de la atención médica para los estadounidenses están apoyando la medida, incluido AARP, que realizó el jueves una nueva compra de anuncios en Arizona, Nevada y Georgia que se publicarán hasta el lunes y cuyo valor asciende a unos $700.000. El grupo también ha invertido $3 millones en publicidad para el área de Washington D.C. y en la televisión por cable nacional, en la que insta a los senadores a enfrentarse a las grandes farmacéuticas.
Los miembros de AARP de todo el país se están poniendo en contacto con sus legisladores para pedirles que apoyen el paquete, y el grupo está programando reuniones con los senadores y su personal para exponer sus argumentos, indicó Bill Sweeney, vicepresidente sénior de asuntos gubernamentales del grupo.
"Esto es sentido común", aseguró en una entrevista el miércoles. "Nuestros miembros de AARP están entusiasmados con esto, y están preparados".
El proyecto de ley también prevé cientos de miles de millones de dólares en inversiones destinadas a luchar contra el cambio climático y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, y resume los requisitos a cumplir para obtener créditos fiscales de hasta $7.500 para la compra de vehículos eléctricos.
A partir de finales de 2023, la disposición relativa a los vehículos eléctricos permite utilizar los créditos únicamente para los vehículos con baterías fabricadas o ensambladas fuera de países problemáticos como China. A finales de 2024, un requisito similar se extenderá a los minerales críticos contenidos en las baterías.
La Zero Emission Transportation Association (ZETA), que emitió un comunicado la semana pasada instando a la aprobación del proyecto de ley, pide a los senadores que consideren la posibilidad de ampliar los plazos en un año o más para facilitar el cumplimiento por parte de las empresas, sugirió Joe Britton, director ejecutivo de ZETA.
En una conferencia de prensa el martes, el senador Joe Manchin, Demócrata de Virginia Occidental, un actor crucial del acuerdo de los Demócratas, señaló que no está abierto a flexibilizar la disposición.
"Dígales que sean agresivos y que se aseguren de que estemos extrayendo en América del Norte, de que estemos procesando en América del Norte y de que dejemos de depender de China", destacó Manchin. "He sido muy, muy firme en que no creo que debamos construir este modo de transporte a expensas de las cadenas de suministro extranjeras, y no lo voy a hacer".
El proyecto de ley también fija límites de precio de entre $55.000 y $80.000 a los vehículos eléctricos para cuya compra se puede utilizar el crédito fiscal. Rivian, una compañía que fabrica camionetas y todoterrenos eléctricos, está pidiendo a los legisladores un cambio que le brinde a ella y a algunos otros fabricantes un período de transición de dos años antes de que se apliquen esos límites, argumentó James Chen, vicepresidente de la compañía de la política pública.
Aunque muchos de los vehículos de Rivian tienen precios iniciales inferiores al umbral, están "justo en la cúspide" y podrían superarlo fácilmente si le añaden opciones, afirmó Chen. La empresa, contó, se puso en contacto con los líderes del Senado, así como con los senadores de los estados en los que tiene operaciones o tiene planeada una futura fábrica, incluido Michigan, Georgia y California.
Mientras tanto, algunos grupos empresariales y del Partido Republicano están enfocados en obstaculizar las medidas fiscales clave contenidas en el proyecto de ley. Apuntan a la senadora Demócrata moderada Kyrsten Sinema, de Arizona. Sinema anunció el jueves por la noche que votaría a favor del proyecto de ley, después de que los Demócratas aceptaran algunos cambios en las disposiciones fiscales.
La Cámara de Comercio de EEUU, por ejemplo, publicó un anuncio de una página entera en los periódicos de Arizona criticando las disposiciones fiscales originales. En los últimos días, Sinema también ha escuchado a las empresas de Arizona, muchas de las cuales le han pedido que se oponga al impuesto mínimo de sociedades incluido en el paquete de medidas.
La Cámara de Comercio e Industria de Arizona, por ejemplo, transmitió su mensaje directamente durante una llamada de Zoom el martes por la tarde. Los líderes empresariales del sector manufacturero, farmacéutico y energético (flanqueados digitalmente por sus principales grupos de presión) imploraron a Sinema que rechazara las políticas, incluida la propuesta de un impuesto mínimo de sociedades del 15 por ciento. Esta disposición, tal y como se redactó inicialmente, recaudaría $315.000 millones, una buena parte de los ingresos totales del proyecto de ley.
Danny Seiden, el presidente de la cámara local, señaló que Sinema "quería saber de nuestra boca [si] este proyecto de ley está redactado de una manera que tenga un impacto negativo sobre las empresas", y añadió: "quería toda la información posible".
Seiden afirmó que las empresas esencialmente le informaron a Sinema que la política sería un problema para la inversión de capital y que limitaría las cadenas de suministro nacionales. Pero mencionó que durante la reunión por Zoom.Sinema no "nos dio ninguna indicación" de cuál era su opinión.
Mientras tanto, el America First Policy Institute, un grupo fundado por antiguos asesores económicos del presidente Donald Trump, reunió a 75 organizaciones conservadoras en una conferencia telefónica el miércoles por la noche para elaborar una estrategia para detener el proyecto de ley. El Comité para Desencadenar la Prosperidad, centrado en Arizona, está publicando anuncios en los que se cuestionan partidas de gasto como la destinada a modernizar los camiones del Servicio Postal, indicó Stephen Moore, un ex asesor de Trump que forma parte de la junta directiva del grupo.
Moore aseguró que los donantes del GOP están "enardecidos" con el proyecto de ley y decididos en particular a oponerse al aumento del presupuesto del IRS.
"Nos estamos esforzando por poner en marcha una campaña que sea eficaz", sostuvo Moore. "Estamos tratando de averiguar cuál es la mayor vulnerabilidad aquí, cuál es la parte menos popular de este proyecto de ley. Este discurso de que ahora no es un buen momento para subir los impuestos suele tener efecto sobre la gente. La verdad es que no tenemos una solución y estamos en busca de una".
Sin embargo, un lobista de K Street que habló bajo condición de anonimato explicó que la oposición entre los grupos de las cámaras empresarias se mantienen en silencio en parte porque el año pasado se habían preparado para aumentos de impuestos multimillonarias, en lugar de las menores medidas que han surgido. Las pequeñas empresas lograron despojarse de los impuestos más altos sobre las entidades intermediarias, mientras que las empresas más grandes lograron mantener la tasa para las sociedades en el 21 por ciento.
Los Demócratas habían presionado para elevar a 28 por ciento la tasa de impuestos para las sociedades, lo que habría afectado a muchas más empresas que su plan definitivo de establecer un impuesto mínimo que solo recaerá sobre las compañías que ahora pagan menos del 15 por ciento.
"Si se le hubiera dicho a la gente hace un año, tendrían que haberse conformado con un impuesto mínimo, no les gustaría, pero definitivamente es un resultado mitigado", destacó el lobista. "Creo que hace un año, la gente lo habría aceptado sin pensarlo".
El director de una organización conservadora que citó conversaciones con grandes donantes, estuvo de acuerdo.
"Mi impresión anecdótica es que no va a haber una gran presión en contra de esta medida por parte de la comunidad empresarial, y hay algunas partes que podría decirse que son buenas para los negocios", opinó la persona, hablando bajo la condición de anonimato.
Incluso si se aprueba, las disposiciones del proyecto de ley pueden no estar a salvo por mucho tiempo.
Doug Holtz-Eakin, ex director de la Oficina Presupuestaria del Congreso y economista de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, señaló que los Republicanos están preparados para atacar "todo" el proyecto de ley si se aprueba. Si el Partido Republicano vuelve a tomar el Congreso en las elecciones de mitad de término de este otoño, es posible que haga un esfuerzo para eliminar el impuesto al consumo del 95 por ciento que se aplica a la industria farmacéutica. Cree que eso hará caer lo que quede del intento de los Demócratas por afectar los precios de los medicamentos.
"Una vez que suceda, todo se desmorona", afirmó Holtz-Eakin. "Si eliges usar la reconciliación para aprobar algo partidista, entonces, sin importar los méritos, se convierte en un objetivo político: la [Ley de Salud Asequible] fue un objetivo político; la ley de impuestos de 2017 fue un objetivo político; esto también se convertirá en un objetivo."
Washington Post - Yeganeh Torbati y Jeff Stein
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