El fiscal general de EEUU, Merrick Garland (D) camina junto con el Presidente Joe Biden (I) en la Casa Blanca. FOTO: Washington Post por Oliver Contreras.
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El expresidente debe rendir cuentas ante la ley si el caso lo amerita.

Se ha sugerido que el sistema judicial estadounidense debería frenar sus investigaciones a Donald Trump o directamente abandonarlas.  El argumento es que la paz social de Estados Unidos es más valiosa que la búsqueda ciega de justicia.  Si el precio de la estabilidad es la tolerancia al delito, que así sea.  Afortunadamente, Merrick Garland, el fiscal general de EEUU, prestó juramento ante la Constitución del país, no ante la ruleta de la previsión de riesgos políticos.  Es totalmente plausible que las pesquisas del Departamento de Justicia de EEUU, que se intensificaron la semana pasada con la redada del FBI en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, puedan derivar en su imputación.

Lo mismo ocurre con otras investigaciones penales al expresidente realizadas por fiscales de Nueva York, Atlanta y Washington DC.  También es concebible que cualquiera de ellas, o los métodos de los propios investigadores, puedan provocar por venganza actos de violencia por parte de los partidarios de Trump.  Trump ya está utilizando el tropo de su persecución para apuntalar su suerte electoral de 2024.  Estos son los efectos secundarios posiblemente inevitables de la búsqueda de la justicia. Sería una señal terrible que el sistema jurídico de EEUU cediera a la intimidación o al miedo a las consecuencias no deseadas.

Una de las difamaciones más extravagantes contra Garland es que es la punta de lanza de una operación de venganza del Estado profundo estadounidense en nombre del presidente Joe Biden.  No hay ni una pizca de evidencia para esta teoría de la conspiración.  Garland se ha esforzado por recuperar la independencia del Departamento de Justicia de la interferencia política, un principio sobre el cual Biden hizo campaña.

No hay razón para no creer la declaración de la Casa Blanca de que no le informaron con antelación sobre la redada del FBI.  Garland solo rompió el tradicional silencio del Departamento de Justicia sobre la investigación la semana pasada, porque Trump hizo público el allanamiento del FBI y lo describió de forma errónea.  No hay pruebas de que se haya plantado material en Mar-a-Lago.

Además, figuras mediáticas consideradas pro-Trump pusieron en peligro la vida de los agentes federales al compararlos con la Gestapo.  Garland no tuvo más remedio que presentar la versión del Departamento de Justicia y pedir a Trump que permitiera la publicación de la orden judicial que dio pie a la redada.

Resulta que, efectivamente, Trump había conservado partes de material altamente clasificado y ultra-secreto en Mar-a-Lago, lo que suponía un riesgo para la seguridad nacional y una potencial violación de la Ley de Espionaje de EEUU.  Sabemos poco sobre qué motivos tenía Trump para llevarse el material y qué pretendía hacer con él.  Sería irresponsable especular.  También resulta que Trump no había cumplido con una citación emitida por el gran jurado hace varias semanas para que entregue los documentos.  Esto se pudo haber resuelto sin publicidad.  La redada de la semana pasada fue el último recurso.

Entonces, ¿hacia dónde va el drama de la investigación aTrump?  Hay dos posibilidades.  La primera es que esta investigación en particular se vaya apagando.  Ahora, esto parece menos probable que lo segundo, que es que haya pruebas suficientes para acusar a Trump de violar las leyes federales.  Por supuesto, el Departamento de Justicia aun podría decidir no dar ese paso sin precedentes.  Sin embargo, es difícil creer que una figura tan cautelosa como Garland haya aprobado una medida tan trascendental sin tener sospechas de que los supuestos delitos eran graves.

En cualquier caso, a EEUU le espera un viaje muy accidentado.  Es probable que aumente la presión sobre el fiscal general para que abandone la caza o que se retire a último momento. Biden también la sentirá.  Las decisiones del Departamento de Justicia deben basarse únicamente en el peso de las pruebas y el estado de derecho.  La fuerza de una democracia liberal se mide por la independencia de sus instituciones.  El mundo está observando cómo actúa EEUU en este caso.

La Junta Editorial

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