Dos importantes grupos Provida han elaborado y presionado con éxito para que la legislación estatal prohíba o restrinja aún más la principal forma de interrumpir los embarazos en Estados Unidos: aquellos realizados mediante fármacos ingeridos en el hogar y a menudo facilitados por una red de grupos defensores del aborto.
Tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe vs. Wade, 14 Estados ahora prohíben total o parcialmente el uso de esos medicamentos, la mifepristona y el misoprostol, que se usan en más de la mitad de los abortos.
Pero los medicamentos siguen estando ampliamente disponibles, con múltiples grupos trabajando para ayudar a proporcionarlos incluso a mujeres en Estados con prohibiciones contra abortos. Students for Life of America (SLA) y National Right to Life Committee (NRL), que han desempeñado un papel destacado en la elaboración de leyes contra el aborto, esperan cambiar esta situación con la nueva legislación.
Los grupos están siguiendo una variedad de tácticas, desde proyectos de ley que prohibirían por completo los medicamentos que inducen el aborto hasta otros que permitirían a los familiares demandar a los proveedores de fármacos o intentar cerrar los grupos sin fines de lucro que ayudan a las mujeres a obtener y usar los medicamentos de manera segura.
La estrategia que aplican refleja la realidad de que el acceso al aborto hoy en día es muy diferente al del mundo anterior a Roe, una realidad sin fácil acceso a los fármacos para abortar provenientes de farmacias fuera del Estado o en el extranjero.
"Sabíamos que no podíamos volver a las leyes anteriores a Roe", dijo James Bopp Jr., abogado de NRL. "Sabíamos que se necesitaban nuevos enfoques".
Ambas organizaciones se han opuesto durante mucho tiempo a los abortos con medicamentos, pero los esfuerzos legislativos de SLA no ganaron fuerza hasta 2021, cuando siete Estados aprobaron proyectos de ley inspirados en la legislación elaborada por el grupo para crear barreras legales a los medicamentos. En algunos casos, las leyes también les prohíben el acceso a las clínicas de salud universitarias. Se espera que cuando la mayoría de las legislaturas vuelvan a reunirse en enero, se presente una oleada de estas propuestas en las cámaras estatales de todo el país.
NRL, por su parte, publicó una "ley modelo", una semana antes de la anulación del caso Roe vs. Wade, que busca prohibir una coalición de grupos sin fines de lucro que ayuden a las mujeres con abortos autogestionados. El mes pasado, los legisladores republicanos de Carolina del Sur fueron los primeros en presentar el proyecto de ley.
Estos esfuerzos ilustran cómo el frente de batalla contra el aborto va ahora más allá de los proyectos de ley tradicionales que buscan sanciones penales para los médicos que practican interrupciones del embarazo quirúrgicas en hospitales o clínicas, y en cambio apuntan a organizaciones que ayudan a las mujeres con recetas para abortar enviadas por correo y protocolos de seguridad para abortos autogestionados.
Kristan Hawkins, presidenta de SLA, también dijo que la estrategia se ha ampliado porque el uso de medicamentos para abortar se está expandiendo. El Guttmacher Institute, una organización de investigación sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, descubrió que los fármacos se utilizaron en el 54 por ciento de los abortos en 2020, casi el doble que en 2012 a 2013. Se espera que estas cifras aumenten a medida que más Estados aprueben restricciones contra el aborto y más mujeres recurran a los medicamentos enviados por correo.
"Revertir Roe, cerrar estos peligrosos centros de ladrillo y cemento, aunque es muy importante es simplemente una lucha. No es toda la batalla", dijo Hawkins, y añadió que los abortos con medicamentos son "la nueva frontera del aborto".
El juez del Tribunal Supremo, Stephen Breyer, predijo en junio que los grupos antiaborto adoptarían una táctica similar con la anulación del caso Roe v. Wade. "Después de esta decisión, algunos Estados pueden bloquear a las mujeres para que viajen fuera del Estado para realizarse abortos, o incluso para que reciban medicamentos para abortar desde fuera del Estado", escribió Breyer en su desacuerdo con la sentencia. "Algunos pueden penalizar los esfuerzos, incluyendo el suministro de información o financiamiento, para ayudar a las mujeres a acceder a los servicios de aborto de otros Estados".
En previsión de la decisión del Tribunal Supremo, SLA envió numerosos correos electrónicos en 2021 y 2022 a los legisladores estatales, obtenidos por el Washington Post, ofreciéndoles ayuda para elaborar proyectos de ley y campañas legislativas contra el aborto. También les dijeron a los legisladores que el voluntariado estudiantil estaba "más que dispuesto" a presionar en su nombre para lograr una "legislación contundente" que aceptaran patrocinar.
El gobierno de Biden, por su parte, se ha comprometido a garantizar el acceso los medicamentos para el aborto. Sin embargo, los funcionarios de la administración siguen luchando por cumplir esa promesa más allá de la orden ejecutiva del presidente del 8 de julio que pretende proteger el acceso. Algunos demócratas, como el gobernador de Illinois. J.B. Pritzker, han pedido al presidente que haga valer la autoridad federal sobre el sistema de correo postal de EEUU para especificar que nadie será procesado por prescribir o recibir los medicamentos a través del servicio postal.
Los grupos provida han dicho en repetidas ocasiones que sus medidas no someterán a sanciones penales o civiles a las personas que hayan recurrido a los abortos con medicamentos. "El movimiento provida no ha perseguido ni perseguirá a las mujeres", afirmó Hawkins.
Sin embargo, una adolescente de 17 años de Nebraska fue acusada penalmente en julio por supuestamente haber realizado un aborto con medicamentos en su hogar, en violación de una ley estatal que prohíbe las interrupciones del embarazo después de las 20 semanas. Los fiscales dicen que será juzgada como un adulto. Su madre también enfrenta cargos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la mifepristona en el año 2000 para interrumpir un embarazo prematuro. La medicación, ahora autorizada para las primeras 10 semanas de embarazo, hace que el revestimiento uterino se desprenda, y suele utilizarse con un segundo fármaco, el misoprostol, que elimina el contenido del útero.
Incluso antes de la caída de Roe, algunos Estados tenían bajo la mira a las mujeres que utilizaban los medicamentos.
Las autoridades de Idaho detuvieron e interrogaron en 2011 a Jennie Linn McCormack, de 32 años, después de que le contara a una amiga que había pedido mifepristona por internet y que la había tomado para interrumpir con éxito un embarazo de entre 20 y 23 semanas en su hogar, acusándola en virtud de una ley estatal que prohíbe los abortos después de 20 semanas y que también prohíbe los abortos autogestionados.
Tras la elección del presidente Donald Trump, con el derecho al aborto recientemente amenazado, una agresiva coalición de grupos comenzó a ayudar a mujeres como McCormack a recorrer el proceso de interrupción del embarazo en el hogar y a conseguir los medicamentos necesarios. Esos grupos se han multiplicado y unido en los últimos años, dijo Erin Matson, cofundadora de Reproaction, que ayudó a organizar una coalición formal este año denominada Aborto como Queramos.
En respuesta, los principales grupos provida han presionado para cerrar estos grupos. NRL califica a la coalición de "empresa criminal organizada" en el resumen de su modelo de legislación, que pretende declarar como ilegal los grupos que comparten información sobre cómo autoadministrarse píldoras abortivas.
Bopp reconoce que los procesos penales en virtud de la ley podrían resultar difíciles, debido en parte al compromiso que han asumido decenas de fiscales de todo el país de no emprender acciones judiciales contra quienes ayuden a las mujeres a interrumpir sus embarazos. Los expertos en materia jurídica afirman que el proyecto de ley también pretende penalizar la actividad de educar a las mujeres sobre los abortos con medicamentos, algo que está protegido por la Primera Enmienda. Pero el proyecto de ley de Bopp también incluye una disposición que permite las demandas contra los grupos por parte de las parejas y los familiares de las mujeres que realizan abortos con medicamentos.
SLA está adoptando una táctica diferente en los esfuerzos por limitar o prohibir el aborto con medicamentos: elaborar y respaldar proyectos de ley que restrinjan el acceso a los propios medicamentos.
Entre los siete proyectos de ley que el grupo ha conseguido aprobar, cada uno de ellos exige que las mujeres acudan a un médico en persona para recibir los medicamentos en lugar de recibirlos por correo. Los mandatos varían de un Estado a otro, pero la mayoría exige un examen físico, una prueba para determinar el grupo sanguíneo del bebé, una ecografía para conocer la fase del embarazo, dar información sobre los riesgos de seguridad y un examen de seguimiento tras el procedimiento. En muchos de los Estados, los medicamentos sólo pueden utilizarse en un número limitado de circunstancias, como en Oklahoma, donde su uso está restringido a la interrupción de embarazos prematuros resultantes de violación o incesto, o si la vida de la mujer está en peligro.
El objetivo final de SLA es bloquear totalmente el acceso a los medicamentos. El grupo busca sanciones penales para los médicos y organizaciones que "fabrican, distribuyen, prescriben, dispensan, venden o transfieren" los medicamentos en el Estado.
Si se aprueban, las leyes serían más eficaces para bloquear las recetas emitidas por los médicos en Estados donde el aborto sigue siendo legal -por lo general a través de citas de telesalud-, a pacientes que residen en Estados donde los abortos con medicamentos están prohibidos en todas las circunstancias.
Los expertos afirman que es poco probable que se permita a las fuerzas del orden entrar en un Estado para detener a un médico en donde no tienen jurisdicción. Sin embargo, las juntas médicas estatales podrían sancionar a los médicos, incluso con la revocación de sus licencias médicas, si determinan que no están autorizados a ejercer la medicina con alguien que reside fuera de su Estado.
"No es tan malo como ir a la cárcel, pero ciertamente es algo que ningún médico quiere tener que hacer, estar en una posición en la que tenga que defender su licencia", dijo Hearn, el abogado de McCormack, que también es médico.
A los defensores de la vida les resultaría aún más difícil atacar a los médicos y farmacéuticos extranjeros que recetan y envían los medicamentos a Estados Unidos.
Aid Access, que tiene su sede en Austria y suele recurrir a las farmacias de India, ofrece este servicio a cambio de sólo una donación de $110. Las mujeres que no pueden permitírselo pagan mucho menos, y a veces no pagan.
Los expertos jurídicos dijeron que, dado que los Estados no tienen autoridad para solicitar la extradición a países extranjeros, el gobierno federal tendría que intervenir y los países extranjeros tendrían que estar de acuerdo.
"En la práctica, la gente pide medicamentos desde fuera de Estados Unidos todo el tiempo, y no es técnicamente legal", dijo Díaz-Tello, el director legal de If/When/How. "Imagínese tratar de interceptar la gran cantidad de medicamentos que entran al país cada día".
La administración Trump intentó sin éxito en 2019 cerrar el trabajo de Aid Access en Estados Unidos. En cambio, a medida que crece la amenaza al acceso al aborto en Estados Unidos, las mujeres recurren cada vez más a la organización en busca de ayuda.
Un estudio de la Universidad de Texas publicado en febrero encontró que en las semanas posteriores a que Texas aprobara la prohibición del aborto después de las seis semanas, Aid Access recibió casi 38 solicitudes al día de mujeres de Texas, lo que supone un aumento de casi 11 pedidos al día. Las solicitudes también aumentaron ligeramente en otros 49 Estados durante este mismo periodo de tiempo.
"Una y otra vez, cuando se penaliza algo, se observa un cambio porque la demanda no ha cambiado. Los abortos autogestionados estaban destinados a aumentar", dijo Abigail R.A. Aiken, autor principal del estudio.
SLA también está utilizando un lenguaje provocador en las redes sociales, en su sitio web y en las entrevistas con los medios de comunicación, cuando llama a los abortos con medicamentos "abortos clandestinos".
"Están literalmente dispuestos a exponer a las mujeres a lesiones, a la infertilidad y a la muerte", dijo Hawkins, presidente del grupo, que afirma que los abortos con fármacos son más peligrosos que los quirúrgicos.
Sin embargo, los estudios citados por los grupos en contra del aborto y los grupos defensores del aborto muestran que cuando las embarazadas toman el régimen combinado de mifepristona y misoprostol a las 10 semanas o antes de su embarazo, es seguro y eficaz entre el 95 y el 97por ciento de las veces, y que el resto de los embarazos requieren alguna intervención en un entorno médico para completar el aborto.
La Organización Mundial de la Salud también dijo en marzo que los abortos con medicamentos son seguros a las 12 semanas o menos de embarazo en su nueva guía de atención al aborto. Y la FDA eliminó el año pasado el requisito de dispensar la mifepristona en persona en una clínica, consulta médica u hospital, diciendo que puede enviarse de manera segura por correo.
Washington Post - Kimberly Kindy
Lea el artículo original aquí.
