La juez Aileen Cannon durante un momento de su comparecencia ante el comité de la judicatura del Senado en julio 2020, en su proceso de confirmación. FOTO: Committee on the Judiciary.
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La jueza Aileen Cannon, exfiscal, obtuvo el apoyo bipartidista para obtener su cargo en el sur de Florida, como parte del impulso de Trump para promover conservadores a la magistratura.

La fiscal federal, Aileen M. Cannon, todavía no tenía 40 años cuando obtuvo un decisivo apoyo bipartidista, en un Senado estadounidense amargamente dividido, para obtener su cargo en el distrito sur de Florida en lo que sería el último impulso del presidente Donald Trump para llenar la magistratura federal con jóvenes abogados conservadores antes de dejar la Casa Blanca.

Su perfil se disparó esta semana después de que interviniera en la investigación del Departamento de Justicia sobre el posible manejo indebido de información clasificada por parte de Trump y accediera a su petición de una revisión independiente del material que los agentes del FBI han incautado. Trump buscó el nombramiento de lo que se conoce como un “experto especial” (persona independiente nombrada por un tribunal para revisar los materiales) para evaluar si el gobierno tomó algo de su residencia en Florida que pueda estar protegido por el privilegio de confidencialidad entre cliente y abogado o por su condición de expresidente.

El controvertido fallo de Cannon, que calificó de necesario para "garantizar al menos la apariencia de imparcialidad e integridad bajo circunstancias extraordinarias ", impide temporalmente a los investigadores utilizar los documentos retirados el mes pasado de su residencia de Mar-a-Lago. La orden ha sido criticada por expertos legales por parecer conceder un trato especial a Trump y por interrumpir la investigación antes de que nadie haya sido acusado de un crimen. El jueves, el gobierno dijo que apelaría la decisión de Cannon.

Con menos de dos años en el estrado, no tiene un amplio historial para evaluar. La disputa con Trump la ha puesto bajo la luz del escenario a la vez que presenta cuestiones no probadas sobre el grado en que las afirmaciones de privilegios del ejecutivo –generalmente invocadas por los presidentes en ejercicio para proteger las comunicaciones sensibles– pueden aplicarse a los antiguos ocupantes de la Casa Blanca en conflicto con sus sucesores.

Cannon no respondió a una solicitud de comentarios.

El exsenador Russ Feingold –que lidera la liberal American Constitution Society, que sigue de cerca las candidaturas judiciales– dijo que Trump y sus aliados Republicanos en el Senado buscaron candidatos a jueces como Cannon, mostrando una "abrumadora preferencia" por personas que a menudo carecen de la experiencia "previamente considerada necesaria para sentarse en el estrado."

"Ahora estamos viendo el impacto de esto, con un alarmante desprecio del estado de derecho por parte de algunos", dijo en un comunicado.

El senador Marco Rubio, Republicano de Florida cuya oficina pidió a Cannon que solicitara el puesto en 2019, rechazó cualquier sugerencia de que su decisión en el caso de los documentos clasificados estuviera motivada políticamente y destacó el apoyo que Cannon recibió de los Demócratas del Senado. Doce votaron a favor de su confirmación.

"La jueza Cannon es una gran jueza a la que estoy muy orgulloso de haber apoyado con entusiasmo", dijo Rubio en un comunicado. "Los ataques contra ella no son más que el último ejemplo de hipocresía de los izquierdistas y sus habilitadores mediáticos, que creen que el único momento en el cual es aceptable atacar a un juez es si ese juez falla en contra de lo que ellos quieren."

La audiencia de confirmación de Cannon tuvo lugar seis meses después de la pandemia de coronavirus, en julio de 2020, y ella compareció ante el Comité Judicial del Senado por Zoom. Contó con el respaldo del Colegio de Abogados Cubano Americano, que elogió su "temperamento y prestigio académico" y destacó su "mente y postura jurídicas". Al elegir a Cannon, el grupo dijo a los legisladores, "se mejora la diversidad en la magistratura y se ayuda a designar a una gran candidata para el puesto".

En las preguntas de seguimiento, los Demócratas presionaron a Cannon sobre sus antecedentes como fiscal, su filosofía judicial y su pertenencia a la Sociedad Federalista, la organización conservadora que desempeñó un papel importante en el asesoramiento a Trump en sus selecciones judiciales. En respuesta al senador Cory Booker, Demócrata de Nueva Jersey, Cannon dijo que se considera una "originalista" y una "textualista", refiriéndose a los métodos de interpretación jurídica que se basan en la comprensión general de la Constitución en el momento en que fue escrita, un enfoque que se asocia más a menudo con el difunto juez conservador del Tribunal Supremo, Antonin Scalia.

Cannon citó a Elena Kagan, la jueza liberal que bromeó en su audiencia de confirmación: "Todos somos originalistas".

La senadora Dianne Feinstein, Demócrata de California, preguntó a Cannon específicamente si tuvo alguna discusión durante el proceso de candidatura sobre la "lealtad al presidente Trump"

"No", respondió Cannon por escrito.

Fue una de 14 juristas que se confirmaron después de las elecciones de noviembre de 2020, en medio de las tumultuosas secuelas de la derrota de Trump, un nombramiento que ahora quedará como una parte notable de su legado. A lo largo de cuatro años en la Casa Blanca, Trump colocó a más de 200 jueces federales, incluidos tres magistrados del Tribunal Supremo.

Hasta la semana pasada, uno de los casos de mayor perfil de Cannon en veinte meses en el estrado involucró la sentencia de un hombre que se declaró culpable de hacer amenazas de muerte contra la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, Demócrata de California, y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, Demócrata de Nueva York.

Cannon, que ahora tiene 41 años, nació en Colombia, hija de una madre inmigrante cubana, y creció en Miami. En su audiencia de confirmación habló de la influencia perdurable de su madre, que a los 7 años "tuvo que huir del régimen represivo de Castro en busca de libertad y seguridad".

"Gracias por enseñarme las bondades de este país y la importancia de la seguridad y el Estado de Derecho para las generaciones venideras", dijo Cannon.

Cuando estudiaba en la Universidad de Duke, trabajó un verano para el periódico en español Nuevo Herald, escribiendo sobre diversos temas como el flamenco y el yoga prenatal. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, se unió a la Sociedad Federalista porque, como explicó en respuesta a las preguntas del Senado, apreciaba la "diversidad de puntos de vista jurídicos" y el debate sobre el "limitado papel del poder judicial para interpretar la ley, no para dictarla".

Antes de incorporarse a la judicatura, Cannon pasó gran parte de su carrera en los tribunales como litigante. Fue asistente legal del juez de la Corte de Apelaciones Steven M. Colloton, que estaba en la lista de posibles candidatos a la Corte Suprema de Trump, y asociada durante tres años en la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher, en D.C.

En 2013, como nueva adjunta en la oficina del fiscal federal en el sur de Florida, Cannon se encargó de delitos importantes, incluidos casos de drogas, armas de fuego e inmigración. Poco después de pasar a la división de apelaciones, Cannon fue asignada para defender el fallo condenatorio del gobierno en un caso de fraude complejo y a gran escala. Se enfrentó a un experimentado abogado de apelaciones y compareció ante un tribunal de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los EEUU para el 11.º Circuito.

Richard Klugh, el veterano abogado de la otra parte, estaba impresionado.

"Se enfrentaba a un veterano en un caso tremendamente importante y complicado, pero pareció manejarlo con facilidad", dijo Klugh en una entrevista. "Es rápida, talentosa y brillante. No hay forma de obviarlo. Es muy eficaz".

Cannon se impuso, manteniendo la condena de un abogado de Florida en la trama de seguros de vida que afectó a miles de inversionistas.

Howard Srebnick, un abogado de Miami que asistió a la misma escuela secundaria que la jueza, también estuvo en el bando contrario durante el mandato de Cannon como fiscal y ahora tiene un caso pendiente ante ella.

En el tribunal, Cannon es cortés y está orientada al proceso, dijo, haciendo muchas preguntas y asegurándose de que los litigantes puedan expresar plenamente sus opiniones. Srebnick presentó una carta al Senado en apoyo a la candidatura de Cannon, firmada por más de una docena de exalumnos de la escuela secundaria privada, Ransom Everglades, quienes también son abogados.

Tiene "fortaleza de carácter", decía la carta, y caracterizaba a Cannon como "una persona agradable y digna de confianza, que trata a los demás como le gustaría que la trataran a ella".

En junio, Cannon falló en contra del cliente de Srebnick, confirmando la decisión del gobierno de congelar la cuenta bancaria del acusado en un caso de fraude a Medicare.

"Está claro que dedicó mucho tiempo y reflexión a decidir la cuestión presentada", dijo Srebnick. "Simplemente no estamos de acuerdo".

Srebnick, sin embargo, dijo que está de acuerdo con la decisión de Cannon de nombrar a un experto especial en el caso de Trump a pesar de que el Departamento de Justicia ha afirmado que ya ha dejado de lado los registros potencialmente privilegiados.

"Tiene toda la razón al afirmar que un experto especial, y no un equipo de filtrado dirigido por el gobierno, debería encargarse de esos materiales", dijo Srebnick. "Nadie del gobierno debería ver las comunicaciones de un cliente con su abogado".

El fallo de Cannon puede no ser la última palabra. El Departamento de Justicia pidió el jueves a la jueza que reconsidere y suspenda temporalmente parte de su orden antes de solicitar formalmente la intervención del tribunal de apelaciones.

Washington Post - Ann E. Marimow

Lea el artículo original aquí.

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