Grupos de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, y organizaciones de inmigrantes están preocupados ante la posibilidad de que la Corte del Noveno Circuito de California, donde se analiza su futuro migratorio, falle a favor de la cancelación definitiva del programa.
Las organizaciones y los tepesianos empezaron esta semana a movilizarse y a preparar acciones para exigir a la administración de Joe Biden, que considere una nueva extensión del TPS; o una alternativa para que los más de 250 mil inmigrantes amparados al estatus puedan acceder a procesos de residencia en el país.
“Sería catastrófico para las familias tepesianas. Quedaríamos sin un estatus con el que tenemos estabilidad, podemos trabajar y proveer para nuestras familias. Yo como cabeza de familia y como proveedora principal quedaría sin la fuente con la cual yo llevo alimento para mis hijos, con la que pago la hipoteca de la casa de mis hijos”, dijo Cecilia Martínez a El Tiempo Latino.
Entre los grupos de tepesianos y las organizaciones de apoyo a inmigrantes se ha corrido la voz que indica que la Corte podría emitir el fallo avalando la cancelación del TPS antes de que finalice este año, y antes de que venza la última prórroga del programa, que tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2022.
La Casa Blanca y representantes de tepesianos han sostenido reuniones durante los últimos meses para tratar el tema del TPS.
Sin embargo, ninguna de las partes aceptó las propuestas que discutieron, entre estas -señaló una fuente anónima- que se retirara la demanda en contra de la cancelación y que se crearan opciones para iniciar procesos de residencia.
No habrá más TPS
Luego de la medida que tomó la Casa Blanca para frenar la entrada de venezolanos en la frontera sur del país, con la implementación del Título 42, la preocupación entre los tepesianos aumentó porque según ellos la administración no ha mostrado interés en resolver el tema del TPS o de la reforma migratoria.
“Actualmente lo que sabemos es que se extiende única y exclusivamente en el asertivo de que hay que esperar la decisión final de la corte. Pero, y aunque se conozca ese fallo, esa decisión solo indica que se amplía por 365 días más. Es decir, hasta el 30 de diciembre de 2023 todos los tepesianos quedarían en la ilegalidad con la orden final”, explicó el experto en migración Roberto Sarmiento.
Según el experto, si la decisión de la Corte dice que es ilegal la cancelación del TPS ordenada por Donald Trump en 2017, los tepesianos quedarían sin protección migratoria a partir del 30 de diciembre de 2023.
Mientras que, si la Corte falla a favor de la cancelación antes del 31 de diciembre, los beneficiarios quedarían en la irregularidad a partir del 1 de enero de 2023.
En ambos casos y a partir de esas fechas -explica el experto- “lo que haría el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es empezar a deportar personas que no llenen requisitos de permanencia, que no cuenten con estatus legal o que no tengan procesos de cambio de estatus abiertos, los que han tenido órdenes de deportación previa o los que tienen algún récord criminal en el país”.
El TPS ha estado vigente para ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua desde hace 21 años, cuando el huracán Mitch golpeó a los países de Centroamérica.
El beneficio fue a partir de la situación de calamidad que sufrieron los tres países. Luego se incorporó Haití, después de los terremotos que golpearon la isla en 2010, y Sudán en 2013.
Para una nueva extensión o se instaure un nuevo TPS o beneficio migratorio similar se requiere el aval del presidente y que exista, además, una solicitud formal de apoyo de parte del gobierno del país de origen de los ciudadanos que serían beneficiados con el estatus migratorio.
Salvadoreños, los más preocupados
Hasta la fecha, solo el gobierno de Honduras ha hecho peticiones formales a la administración Biden de considerar una extensión del beneficio a sus ciudadanos.
En agosto del año pasado, el DHS anunció una extensión más de 18 meses para los beneficiarios originarios de Haití, después de la crisis que azotó al país por el asesinato del presidente Jovenel Moise, muerto a tiros por un grupo de hombres armados que entró a la residencia presidencial.
Debido a la inactividad del gobierno de El Salvador y a la relación confrontativa que ha mantenido el presidente Nayib Bukele con la administración Biden y con miembros del Congreso, los tepesianos salvadoreños son los más preocupados.
En un comunicado difundido por tepesianos residentes de Long Island, en New York, exigen al gobierno salvadoreño y a su embajada en Washington DC que envíe una carta de solicitud formal a la Casa Blanca, para que el gobierno estadounidense considere una extensión más del programa.
“Exigimos al presidente Nayib Bukele activar de forma enérgica y eficaz un sistema diplomático en Estados Unidos que permita que funcionarios como la embajadora Milena Mayorga, realice diligencias necesarias ante la administración del presidente Joe Biden, con el objetivo de proteger y representar los intereses de miles de salvadoreños titulares del TPS, que estamos en el limbo”, se lee en el comunicado.
Según el experto en migración, la situación de los salvadoreños es particular porque funcionarios salvadoreños han manifestado en varias ocasiones que el país ha sentado las bases para que quienes inmigraron a Estados Unidos regresen. Además, el gobierno de Bukele no ha abogado por los tepesianos.
“La imagen que el presidente Bukele ha vendido o está mostrando es que el país ha salido de las calamidades, que el país es un nuevo El Salvador bajo su administración y que ellos están con los brazos abiertos para que los salvadoreños regresen a su país”.
Las opciones que tienen los tepesianos ante el panorama incierto que se avecina es iniciar procesos de cambio de estatus si están casados con un residente o ciudadano estadounidense, o si tienen hijos nacidos en el país. En estos casos, el proceso obliga a salir de Estados Unidos y reingresar al país, con un advance parole, poco tiempo después de las fechas de vencimiento del TPS.
Los tepesianos que no pueden iniciar este tipo de procesos son quienes corren más riesgo: en caso de que tengan una orden de deportación previa o si el DHS ejecuta deportaciones “express” son los más propensos a ser afectados con este tipo de medidas, según el experto.
