Quienes niegan los resultados del 2020 y favorecen a Trump, como el candidato Republicano a la gobernación de Pensilvania, Doug Mastriano, podrían verse impulsados por los resultados de las intermedias a celebrarse el martes que viene. FOTO: EFE/ Jorge Fuentelsaz.
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La perdurable creencia de que robaron la elección a Donald Trump en 2020 ha puesto en la papeleta al propio sistema político estadounidense.

Las derrotas de mitad de mandato pueden poner en jaque las presidencias estadounidenses. Pensemos en los nuevos modelos Republicanos de Newt Gingrich en 1994, en la ola Demócrata de Nancy Pelosi en 2006 o en el triunfo arrollador del Tea Party en 2010. Esto supuso la muerte de las agendas internas de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, respectivamente. Si los Demócratas pierden la semana que viene, a Joe Biden le espera un destino similar. Sin embargo, la elección de 2022 no tiene parangón. Aproximadamente la mitad de los Republicanos que se postulan a cargos federales o estatales cree que a Donald Trump le robaron la presidencia en 2020. Eso significa que el propio sistema de Estados Unidos está en juego en la votación del próximo martes.

Lo principal que los Demócratas tienen a su favor es el temor a lo que su derrota supondría para la república estadounidense. Según la mayoría de las mediciones históricas, el partido de Biden debería encaminarse a una derrota. La inflación está en el nivel más alto de los últimos 40 años. La tasa de asesinatos está en aumento. Y el índice de aprobación del presidente se encuentra muy por debajo del 50 por ciento que hasta ahora era necesario para que su partido mantuviera el control del Congreso. La mayoría de las encuestas sugieren que los Republicanos tomarán ambas cámaras. Pero los encuestadores estadounidenses sufren una crisis de confianza en sí mismos. Es posible que sus modelos estén compensando de manera exagerada el haber pasado por alto la fuerza de la participación Republicana en los últimos tres ciclos.

Si los Republicanos tienen una buena noche, habrá dos consecuencias. La más trivial sería volver a la parálisis tóxica en Washington. Los Republicanos buscarán impugnar a Biden y los Demócratas fingirían que les importa. Lo cual está ampliamente descontado del precio. El teatro político de Washington es cada vez más desagradable. Pero el impacto en el mundo real es limitado. Este teatro puede incluso beneficiar a Biden si se postula de nuevo en 2024. Cuanto más loco elija ser el Congreso, más podría Biden hacer de su madurez una virtud. El único daño real que podrían causar los Republicanos es si cumplen su amenaza de no elevar el tope de la deuda estadounidense. Eso podría desencadenar un derrumbe del mercado. Del resto, la mayor parte es una postura macabra.

Lo que ocurra en los estados, por otra parte, podría alterar el curso de la historia estadounidense. En concreto, se trata de las elecciones a gobernador y a la legislatura en Pensilvania, Arizona, Wisconsin y Michigan. Cada uno de estos estados pendulares tiene un candidato Republicano a gobernador que afirma que Biden cometió fraude para ganar la presidencia. En 2020, tres de los cuatro de estos estados tenían gobernadores Demócratas. Por otro lado, Arizona tenía un Republicano, Doug Ducey, a quien ahora la base Maga de Trump considera un traidor. Ducey se negó a impugnar la victoria de Biden hace dos años. Cualquiera de estos Republicanos que gane la próxima semana estaría de acuerdo en impugnar el 2024 de ser necesario.

Los partidarios más sofisticados del mito de Trump de que se cometió fraude en las elecciones se basan en la "teoría de la legislatura estatal independiente", que dice que la constitución de Estados Unidos otorga a la asamblea de un estado el poder de decidir el resultado de las elecciones federales, incluida la presidencia. La doctrina no tiene ninguna base en el derecho constitucional. Pero eso no ha impedido que los revisionistas tuvieran éxito en el pasado. La segunda enmienda de Estados Unidos, por ejemplo, protege la existencia de "milicias bien reguladas", no de arsenales privados no regulados. Sin embargo, este último se transformó en un consenso judicial conservador. La interpretación de la ley electoral estadounidense podría ir en una dirección similar.

La ansiedad por el fantasma de una guerra civil en Estados Unidos ha ido aumentando desde el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El intento de ataque a Nancy Pelosi del pasado viernes (en el que un aspirante a secuestrador con un martillo irrumpió en su casa de San Francisco y le martilló la cabeza a su marido de 82 años, enviándolo al hospital) ha revivido esos temores. El hecho de que Trump y muchos Republicanos con altos cargos no hayan condenado el ataque es tan poco sorprendente como preocupante. Pero el peligro que corre la democracia liberal estadounidense es más desde arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Proviene de las capitales de los estados y de la judicatura, no de la proliferación de ejércitos ciudadanos. Esto último sigue siendo muy improbable. Lo primero está en la papeleta de la próxima semana.

Entonces, ¿por qué a tantos votantes parece no importarles? La cruel realidad es que la mayoría de los electores consideran que resulta agradable tener una democracia sana pero no la ven como algo decisivo. Proteger a la república estadounidense de sí misma es principalmente una preocupación de la élite. Los precios de la gasolina y la seguridad física ocupan un lugar mucho más importante en las prioridades de los votantes. Sin embargo, millones de personas de la derecha se han creído la patraña de que las elecciones estadounidenses están plagadas de fraudes masivos. Este es el tipo de creencia que se arraiga entre quienes se adentran en la madriguera de las conspiraciones de Internet. Sus candidatos dicen defender la "integridad de las elecciones", que es lenguaje en código para indicar que "si perdemos, quiere decir que cometieron fraude".

En caso de que 2024 se convierta en otra elección disputada, el sentimiento popular contaría poco. Decidiría la Corte Suprema de EEUU.

Edward Luce

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