La Corte Suprema de Estados Unidos | Foto: Archivo - EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS
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La Corte Suprema de Estados Unidos negó este lunes a un grupo de funcionarios republicanos el intento de revivir la política de carga pública, creada en la presidencia de Donald Trump y que prohibía a ciertos migrantes con posibilidades de necesitar beneficios gubernamentales, obtener la residencia permanente legal.

Los jueces desestimaron una apelación hecha por 14 fiscales generales estatales pertenecientes al Partido Republicano y liderados por Ken Paxton de Texas, de un fallo hecho por un tribunal inferior en contra de su solicitud de montar una defensa legal de la norma luego de que la administración de Joe Biden dejó de defender la medida y con el tiempo la dejó sin efecto.

¿Quiénes participaron en la apelación? Junto a Paxton también participaron los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental, reseñó Reuters.

  • El gobierno de Trump, en una regla de 2019, expandió significativamente el significado de "cargas públicas" que no eran elegibles para la residencia permanente legal de EEUU o Green Cards. Dicha limitación amplificada se aplicó a los migrantes que reciben algún beneficio gubernamental, incluido el seguro Medicaid para los pobres, así como cupones de alimentos por más de 12 meses en cualquier lapso de tres años.
  • Dicha regla fue anulada en todo el país por un juez federal de Illinois. Luego rechazó la petición republicana de intervenir, alegando que dicha solicitud llegó muy tarde. Esta decisión fue aprobada por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EEUU con sede en Chicago en junio pasado.
  • Los republicanos validaron su punto asegurando a los jueces deberían poder defender al gobierno de Trump y que, con esa norma se ahorrará a los estados cerca de $1 mil millones anuales.

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No procedió. Pese a que el año pasado, la Corte Suprema atendió los argumentos sobre una oferta separada de funcionarios estatales, finalmente desestimó el caso y no resolvió el problema.

  • Por su parte, el gobierno de Biden implementó en septiembre de 2022 una norma más estricta que determina que los migrantes serían considerados cargos públicos únicamente cuando sea probable que dependan principalmente de gobierno para subsistir.
  • El pasado jueves, Texas presentó una demanda federal separada buscando impugnar la ley de Biden.
  • La política migratoria de Biden ha sido criticada duramente por los republicanos.
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