El nuevo comité que busca estudiar la “utilización militarizada” de instituciones del gobierno parece diseñado para impedir que las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia apliquen la ley.
Para legitimar investigaciones que de otro modo serían cuestionables, el Congreso las etiqueta ocasionalmente tras un esfuerzo exitoso previo. Así, al comité selecto propuesto por la nueva Cámara de Representantes controlada por los republicanos que planea investigar la "abuso de poder de las instituciones del gobierno", se lo está describiendo como "el nuevo Comité Church", en honor al grupo de senadores que investigó al FBI, la CIA y otros grupos entre 1975 y 1976.
Como último miembro superviviente del Comité Church original, que debe su nombre a su presidente, el difunto senador Frank Church de Idaho, tengo especial interés en distinguir lo que logramos entonces y lo que los republicanos autoritarios parecen tener en mente ahora.
Las líneas generales del nuevo comité que reunirá el representante Jim Jordan siguen siendo poco claras. Leyendo entre líneas retóricas, al parecer los partidarios creen que las agencias del gobierno nacional han tenido como blanco, y tal vez aún siga siendo así, a individuos y grupos de centroderecha, entre ellos posiblemente personas y grupos de milicias de derecha que participaron en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio.
Esto es casi totalmente contrario al propósito del comité Church original que se fundó en respuesta a los abusos generalizados por parte de las agencias de inteligencia del gobierno. Aunque tratábamos de proteger los derechos y las libertades constitucionales de los ciudadanos estadounidenses, también estábamos obligados a velar por la integridad de las agencias de inteligencia y seguridad, que se fundaron para proteger precisamente esas libertades.
Nuestra comisión sometió a las agencias de inteligencia estadounidenses al escrutinio del Congreso para impedir la violación de los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses y poner fin a las operaciones encubiertas en el extranjero que violaban nuestros principios constitucionales. En lugar de reforzar la supervisión de las agencias federales, el nuevo comité parece diseñado para impedir que las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia apliquen la ley, en concreto, las leyes contra la actividad insurrecta en nuestra propia democracia.
Una cosa es interceptar llamadas telefónicas de personas que organizan una marcha pacífica por los derechos civiles y otra muy distinta es interceptar llamadas telefónicas de personas que organizan un ataque al Capitolio para impedir la certificación de unas elecciones nacionales.
En lugar de debilitar nuestras agencias de inteligencia y de aplicación de la ley, el Comité Church trató de restaurar sus mandatos originales y aumentar su enfoque lejos de la manipulación partidista o política. Nuestro comité era bipartidista, no se inclinaba ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, y los senadores conservadores, entre ellos su vicerrector John Tower, Barry Goldwater, Howard Baker y otros, se esforzaron por impedir que los miembros liberales o progresistas, entre ellos el rector Church, Philip Hart, Walter Mondale y yo, debilitáramos nuestra seguridad nacional.
No tenían por qué molestarse. Todos entendíamos, incluido yo, que era el miembro más joven, que los ataques a las fuerzas del orden federales y a la seguridad nacional no serían bien recibidos entre nuestros electores. A diferencia de lo que ocurría en la década de 1970, la amenaza actual para la seguridad nacional procede menos de fuentes extranjeras y más de grupos internos que pretenden sustituir el orden constitucional con prácticas autoritarias que desafían las instituciones históricas y las prácticas democráticas.
Entre las numerosas reformas propuestas por el Comité Church se encontraban la creación de comités permanentes de supervisión de la comunidad de inteligencia en el Congreso, la ratificación del requisito de 1974 de que los proyectos clandestinos importantes debían ser aprobados por el presidente mediante un resumen escrito, la notificación a los presidentes de los comités de supervisión de determinados proyectos clandestinos en el momento de su realización y la eliminación de los intentos de asesinato contra dirigentes extranjeros.
A pesar de la preocupación de los conservadores de la época, que yo sepa, ninguna actividad clandestina significativa se vio comprometida, ni se filtró información clasificada como consecuencia de estas reformas en el casi medio siglo transcurrido desde su adopción. De hecho, los requisitos de supervisión y notificación, al proporcionar cobertura política, han funcionado como protección para la CIA.
Se aportaron pruebas de la eficacia de estas reformas en la llamada controversia Irán-Contra en 1985-87. El gobierno de Reagan vendió armas a Irán y utilizó las ganancias para financiar operaciones encubiertas en Nicaragua contra su gobierno socialista. Fue difícil asignar responsabilidades por este plan hasta que se localizó en la Casa Blanca un documento que lo autorizaba. El presidente Reagan no recordaba haberlo firmado, aunque llevaba su firma. Este tipo de rendición de cuentas no habría sido posible antes de que se adoptaran nuestras reformas.
Los reglamentos del Senado y de la Cámara establecen qué comisiones permanentes y qué comisiones especiales puede crear cada cámara. La Cámara es claramente libre, dentro de esas normas, de crear una comisión para proteger lo que percibe como un elemento importante de su base. Y si su propósito es, en última instancia, proteger intereses autoritarios, es de suponer que es libre de hacerlo y aceptar las críticas de la prensa y del público. Es indignante llamarlo “nuevo Comité Church”. Tratar de disfrazar un esfuerzo altamente partidista para legitimar actividades antidemocráticas encubriéndolo con el manto de un exitoso comité bipartidista de hace décadas es una burla.
Gary Hart fue senador por Colorado entre 1975 y 1987, así como precandidato presidencial por el Partido Demócrata en 1988.
The New York Times
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