La muerte del joven Tyre Nichols a manos de cinco policías ha vuelto a llevar presión al Congreso para avanzar una reforma policial.
No es la primera vez que se aborda el tema. En 2021, los republicanos del Senado frenaron el avance de un proyecto de ley que nació a raíz de lo ocurrido con George Floyd.
El 25 de mayo de 2020, Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, fue asesinado en la ciudad estadounidense de Minneapolis por el oficial Derek Chauvin, quien en su detención, se arrodilló sobre su cuello durante casi 8 minutos, cortando su respiración.
Floyd había sido arrestado después de que un empleado de una tienda alegara que este había hecho una compra con un billete falso de $20.
Los hechos levantaron una ola de protestas en la ciudad y alrededor del país, como muestras de indignación ante la brutalidad policial, sobre todo, dirigida a personas negras.
Amnistía Internacional indica que el término “brutalidad policial” se usa a veces para referirse a diversas violaciones de derechos humanos por parte de la policía. Esto podría incluir palizas, abuso racial, homicidios ilegítimos, tortura o uso indiscriminado de agentes antidisturbios en las protestas.
Poco interés republicano
A raíz del asesinato de George Floyd, el congreso demócrata, que para entonces era mayoría, aprobó un proyecto de ley que llevaba su nombre.
- En la propuesta se incluía la creación de una base de datos para denuncias de mala conducta, incentivo a los estados para poner fin a las órdenes de arresto “sin tocar la puerta” y transferencia limitada de equipos militares a la policía, reseña The Washington Post.
- Ese esfuerzo siguió a la muerte de varias personas negras a manos de la policía, incluidos Floyd y Breonna Taylor.
- El documento llegó al Senado, donde el representante demócrata de New Jersey, Cory Booker, y el republicano de Carolina del Sur, Tim Scott, pasaron meses negociando el acuerdo para que atrajera el apoyo de los republicanos en esa instancia.
- Sin embargo, las conversaciones colapsaron, incluso después de que los demócratas hicieron grandes reducciones al tema de la “inmunidad calificada”, que protege a los agentes de policía de las demandas.
A diferencia de cuando Scott y Booker negociaron, los republicanos ahora controlan la Cámara Baja y hasta ahora han mostrado poco interés en el tipo de cambios de política discutidos en 2021, informa el medio.
Se espera que el representante Booker vuelva a presentar una versión del proyecto de ley “George Floyd Justice in Policing Act” esta semana, y las negociaciones comenzarán a partir de allí, informó Politico.
Los puntos conflictivos que existían hace un año y medio no han desaparecido, como el manejo de la "inmunidad calificada", la doctrina legal que protege a los oficiales de policía o a los empleadores del gobierno de las demandas y si el condicionar las subvenciones federales para la policía constituye “desfinanciar a la policía”.
Esta semana, Biden instó al Congreso a aprobar la “George Floyd Justice in Policing Act”. “Creo que deberíamos hacerlo ahora mismo”, dijo. “Deberíamos haberlo hecho antes”.
Sin embargo, la Cámara Baja ha tenido problemas para votar incluso algunos de sus proyectos de ley de mayor prioridad dada la estrecha y dividida mayoría republicana de la cámara.
¿Una reforma policial podría saltarse el Congreso?
Con un escenario tan poco favorable para una reforma, algunos demócratas han tratado de ver más allá en busca de acciones, eligiendo poner sus esperanzas en los funcionarios estatales y locales, informa Axios.
- Los demócratas que quieren saltarse una potencialmente decepcionante negociación en el Congreso dicen que han visto cambios serios a nivel local impulsados por miembros de concejos municipales, legisladores estatales y votantes.
- Las reformas incluyen aumentar la supervisión y responsabilidad de la policía, disolver los equipos de “fuerzas de tareas especiales” y unidades contra el crimen.
- También se ha incluido prohibir el uso de prácticas peligrosas como estrangulamientos y órdenes de arresto “sin llamar a la puerta”, y empoderar a los civiles para que se involucren a través de juntas y grupos comunitarios.
Financiar a la policía y contratar más policías también ha sido parte de esas reformas.
El año pasado, en el aniversario de la muerte de George Floyd, Biden dijo a los periodistas que “hizo todo lo que pudo” tras firmar una orden ejecutiva de vigilancia policial que incluía restricciones a las llaves de estrangulamiento, requería capacitación contra prejuicios y creó una base de datos a nivel nacional para la mala conducta policial.
Algunos líderes de derechos civiles anticipan que Biden no hablará sobre la reforma policial tan matizadamente en el Estado de la Unión el próximo 7 de febrero, pero están atentos a lo que dice sobre su plan anterior de contratar a 100 mil policías más, indicó Axios.
