A inicios de la pandemia, en marzo de 2020, el medio local azcentral reportó que 140 reclusas serían trasladadas a instalaciones de Hickman Family Farms, una empresa productora de huevos en Arizona, para trabajar y vivir en la planta.
El novedoso plan tenía como objetivo evitar que este fundamental producto escaseara en los anaqueles.
Un programa que se había descrito como único en la historia, terminó siendo una ventana más para mirar las violaciones a los derechos humanos a las que están sujetas las mujeres reclusas en los sistemas penitenciarios del estado.
Además de esto, según un informe de la organización de cabildeo pro-migrante FWD.us, las comunidades de color experimentan encarcelamiento en tasas más altas que los blancos en Arizona.
En 2017, los hispanos comprendían el 31% de la población en el estado fronterizo. Sin embargo, entre el número de personas admitidas a prisión, un 37% pertenecían a esta comunidad.
A través de un reportaje de más de un año, que incluyó miles de correos institucionales internos, reportes de incidentes y otros documentos, Cosmopolitan logró recoger los testimonios de once mujeres que hicieron parte del programa, que el medio describió como “un campo de trabajos forzados creado sólo para ellas”.
Durante los siguientes 14 meses y medio, unas 300 mujeres en total de la cárcel de Perryville, en Arizona, pasarían por estas instalaciones.
En un gran almacén de 16 mil pies cuadrados, con literas sin suficiente espacio para el distanciamiento social, sin aire acondicionado o calefacción incorporada en un desierto de climas inclementes, deplorables condiciones sanitarias y antihigiénicas, las mujeres dedicaban sus vidas en gran parte a mantener las operaciones de la granja mientras la pandemia azotaba.
Algunas enfermaron de COVID-19, otra tuvo una amputación parcial en su mano como producto de un accidente de una máquina, pero todas las que contaron su historia aguantaron las duras, peligrosas y a veces repugnantes jornadas laborales para poder tener ahorros cuando el sistema las escupiera nuevamente al mundo real.
El novedoso plan
Hickman Family Farms es uno de los clientes más grandes de las prisiones del estado, a quienes se les envía mano de obra de los reclusorios.
- Durante la mayor parte de su historia, Arizona evitó arrendar prisioneros a empresas privadas para evitar la especulación, señala azcentral.
- Pero eso cambió en 1995, cuando Arizona Correctional Industries (ACI) comenzó a enviar a unos cientos de presos a trabajar para Hickman's Family Farms, la fábrica de huevos más grande del estado.
- De cara a la pandemia, las prisiones estatales estaban evitando tener equipos de trabajo fuera de sitio para prevenir la propagación del COVID-19. Sin embargo, se iba a permitir que el grupo de reclusas permanecieran en las instalaciones para evitar la escasez de huevos en las tiendas y supermercados.
Los funcionarios de la prisión dijeron que la salud de las mujeres sería monitoreada continuamente mientras estuviesen en la granja y que regresarían a la prisión de Perryville una vez que hubiese pasado la emergencia del coronavirus.
Glenn Hickman, presidente de la granja, le dijo a The Arizona Republic que las reclusas se alojarían en un nuevo edificio de 6 mil pies cuadrados, con aire acondicionado y que se proporcionarían literas para mujeres.
¿Cómo pasó esto?
El reportaje señala que la granja Hickman's tenía más de 200 mujeres y hombres reclusos, representando al menos una cuarta parte de su fuerza laboral total y que clausurar estos equipos de trabajo hubiese sido devastador para la producción de la empresa.
- El reclutamiento de los trabajadores reclusos a las empresas privadas se hace a través de Arizona Correctional Industries (ACI), una división del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de Arizona (ADCRR), explica Cosmopolitan.
- La granja, una de las productoras de huevos más grandes del país, dependía de esta mano de obra barata y fácilmente disponible.
- De cara a la inminente cuarentena que se avecinaba por la pandemia, Hickman's, ACI y ADCRR acordaron que la granja podría seguir utilizando la mano de obra de la prisión, con la condición de que esta se alojaría fuera del penal, concretamente, en las instalaciones de la empresa.
Mientras todos los demás trabajos “fuera de sitio” de la prisión, como ayudantes de cocina o en el departamento de bomberos, fueron cerrando, Hickman era la única empresa privada en Arizona que se le permitió tener a trabajadores reclusos en su propio territorio.
Corene Kendrick y Jennifer Turner, ambas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y expertas en trabajo penitenciario, no pudieron citar ningún otro caso similar en el que un sistema penitenciario tuviese detenidos a reos en las instalaciones de una corporación para su uso, explica Cosmopolitan.
Desinformadas, vulnerables y sin alternativa
El relato de las mujeres reseña que había poca información sobre en lo que consistía el traslado, pero se había informado que quienes no fuesen, perderían su trabajo, además de otras medidas disciplinarias.
Aunque fueron recibidas con “lujos” que nunca tendrían en la cárcel de Perryville, como cepillos de dientes, almohadas y cobijas nuevas y hasta sandwiches de lomo de cerdo, parecían dádivas en contraste con las condiciones de vida que experimentaron más adelante.
- Fueron asignadas a literas con espacios tan estrechos que el distanciamiento social era imposible. Aunque el desierto de Arizona tiene cambios de temperatura radicales en cada estación, no había calefacción ni aire acondicionado incorporado en el almacén de 6 mil pies en el que estaban las camas.
- No había sistema de plomería, por lo que un remolque móvil con seis cabinas de ducha, mugrientas y baratas, tenía que ser suficiente para la higiene personal.
- Había una docena de retretes que se llenaban más rápido de lo que los equipos de mantenimiento podían manejar. Con los cambios de clima, se intensificaban los olores pútridos. Meses después, los retretes y las duchas se actualizaron a algo menos decadente.
El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Arizona no pudo decir si la agencia alguna vez inspeccionó el almacén para verificar el cumplimiento de las normas federales sobre campos de trabajo, pero sí dijo que los prisioneros están fuera de su jurisdicción.
Trabajos bajo riesgo y con injusta remuneración
Entre las labores desempeñadas por las mujeres se incluía la limpieza profunda de las plantas procesadoras, otras vacunaban graneros masivos de aves vivas, empaquetaban enormes contenedores de huevos y sacrificaban miles de viejas gallinas “usadas”.
- Estos trabajos, típicos de algunas labores agrícolas, dejaban a muchas de las mujeres magulladas y arañadas, con el pelo cubierto de yemas y claras, la piel quemada por los productos de limpieza y los uniformes manchados con excremento de gallina.
- Los trabajos en Hickman también implicaban exposición a piezas mecánicas en movimiento, humos, calor extremo, productos químicos tóxicos, alturas precarias y riesgo de descarga eléctrica, según ADCRR y la propia descripción de la empresa.
- Una entrevistada sufrió una lesión que le llevó a la amputación de la punta de su dedo y demandó a la empresa más adelante, que respondió indicando que la trabajadora estaba entrenada para estas labores y negó cualquier responsabilidad.
Desde 2018, 14 personas, incluida una mujer del reportaje, han demandado a Hickman's por lesiones laborales sufridas mientras estaban encarceladas.
De estos casos, dos han sido desestimados, tres están pendientes y ocho (incluidos dos casos consolidados en uno) han sido resueltos. En documentos judiciales, Hickman ha negado repetidamente la responsabilidad por las lesiones.
Como todas las empresas que contratan con ACI, la granja pagó el salario mínimo ($12 por hora en Arizona en 2020). Sin embargo, esto no iba enteramente a las mujeres.
ACI recibió el dinero y dio a las reclusas entre $4,25 a $5,25 por hora. La diferencia se destinó al personal de ACI y los oficiales penitenciarios más varios honorarios, una práctica que actualmente es legal.
Además de eso, ADCRR impuso sus propias tarifas sobre el salario neto de las mujeres, incluido el 30% de cada cheque de pago por "alojamiento y comida".
Los registros de pago confirman que las mujeres trabajaban hasta 128 horas en un solo período de pago de dos semanas.
Una de las entrevistadas compartió un extracto bancario que mostraba haber ganado $424 por dos semanas de trabajo, incluyendo 40 horas extra trabajadas.
Labor femenina e inequidad de género
Algunas mujeres pensaron que habían sido seleccionadas en el equipo pandémico por ser mejores trabajadoras que los hombres, pero la realidad era más preocupante.
- En un audio proporcionado a Cosmopolitan por un informante anónimo, una persona identificada como el director de ADCRR, David Shinn, explica que la institución “de alguna manera eligió a las reclusas porque ciertamente son un poco menos difíciles de manejar, y mucho más obedientes en muchos entornos”.
- Shinn también dijo que las mujeres habían trabajado en el sitio antes y, por lo tanto, estaban "entrenadas de manera única" para mantener la granja en funcionamiento.
- Esta afirmación fue repetida más adelante en una declaración pública del presidente y director ejecutivo de Hickman, Glenn Hickman y en la respuesta de ADCRR a la revista.
Erin Hatton, doctora en sociología de la Universidad de Buffalo-SUNY y autora de Coerced: Work Under Threat of Punishment, indica que la caracterización de las mujeres como “obedientes” es preocupante.
En 2021, las mujeres constituían el 7% de todas las personas encarceladas en prisiones estatales y federales, frente al 4% en 1978.
Para Hatton, la fusión de la unidad penitenciaria y el lugar de trabajo privado hace sonar una alarma para todas las personas encarceladas, pero especialmente para las mujeres.
En este escenario, el estado se empodera del lugar de trabajo.
“Cada vez que una entidad ejerce tanto poder sobre una persona, no solo en términos de mantener su vida organizada tras las rejas, sino en términos de la calidad de la vivienda, en términos de su trabajo, qué trabajo están haciendo, su seguridad, me quedo preocupada", dice Hatton.
Las mujeres podían dejar Hickman's en cualquier momento, pero ¿a qué costo y para quién?
El final del proyecto
El campamento de trabajo finalizó a principios de junio de 2021, cuando las vacunas contra el COVID estuvieron ampliamente disponibles.
- Como al principio, los oficiales llegaron y entregaron bolsas de basura. Las mujeres empacaron sus cosas. Toda la unidad regresó a Perryville al día siguiente.
- Algunas de las reclusas finalizaron sus sentencias y regresaron a la granja. Una de ellas denunció que en sus más de tres años de labor como reclusa en Perryville, solo obtuvo $19 mil y que hubiese sido hasta el doble si la prisión no se hubiese llevado tanto dinero.
- Una auditoría del estado de Arizona de 2020 muestra que de 2016 a 2019, ADCRR envió millones de dólares recaudados, en gran parte de las tarifas de alojamiento y comida de los presos, al Fondo General del Estado, una fuente de dinero que apoya a múltiples agencias.
Los salarios de las personas encarceladas también están sujetos a impuestos si ganan más de $600 al año.
Muchas mujeres en Perryville necesitan trabajos para pagar sus necesidades básicas, como jabón o pasta de dientes, y para ayudar a construir un colchón financiero para después de su liberación, explica Cosmopolitan.
Una de las mujeres se mantuvo como empleada de Hickman durante un año después de su liberación dice que ganó alrededor del triple de lo que ganaba por el mismo trabajo mientras estaba encarcelada. Dijo estar agradecida por el trabajo en la granja y por haber sobrevivido.
Otra de las que se incorporó a medio proyecto reflexionaba con enojo sobre las exorbitantes tarifas del estado sobre sus ganancias. La chica que sufrió una lesión en el dedo consideró regresar a la granja una vez liberada, el próximo abril, pero desechó la idea, optando por un trabajo en el área de servicio.
Durante los meses de reporteo de Cosmopolitan, Hickman's Family Farms y sus ejecutivos, incluidos los hermanos Glenn, Billy, Clint y Sharman Hickman, no respondieron a múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos que contenían preguntas detalladas y solicitudes de entrevistas para la historia.
Un portavoz de las correccionales de Arizona se negó a que algún miembro del personal de ADCRR o ACI estuviera disponible para entrevistas.
En una respuesta por escrito a una serie de preguntas, un portavoz enfatizó que los trabajos en Hickman's son voluntarios y agregó que el campo de trabajo proporcionó "todas las adaptaciones necesarias" y que la asociación de ADCRR con Hickman proporcionó "habilidades laborales críticas para los reclusos".
Hatton tiene otra perspectiva.
“No importa cuántas veces digan que se trata de rehabilitación, oportunidades y desarrollo de habilidades, eso no parece ser lo que está sucediendo aquí”, dice la socióloga.
Se trata más de las fuerzas que impulsan a las mujeres vulnerables a aceptar condiciones insatisfactorias cuando hay pocas alternativas, si es que las hay.
Dice Hatton: “Hay un impulso económico que las obligará a tolerar demasiado”. Eso no es cumplimiento, es desesperación”.
