Ahora que el ex presidente vuelve a ser un candidato declarado, surgen preguntas sobre si puede seguir utilizando fondos de donantes para pagar a sus abogados.
El expresidente Donald Trump, quien a lo largo de su carrera empresarial tuvo fama de no pagar a sus abogados, gastó aproximadamente $10 millones de su Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) en sus propios honorarios legales el año pasado, según se deriva de los archivos electorales federales.
El dinero que se destinó a las facturas legales de Trump fue parte de los más de $16 millones que el PAC de Trump, Save America, gastó en pagos relacionados con asuntos legales en 2021 y 2022, según muestran los archivos.
Parte de los $16 millones parecen haber sido para abogados que representan a testigos en investigaciones relacionadas con los esfuerzos de Trump por aferrarse al poder. Pero la mayor parte (unos $10 millones) fue a parar a bufetes que representan directamente a Trump en una serie de investigaciones y demandas, incluidas algunas relacionadas con su empresa, según muestran los archivos.
Antes de ganar la presidencia en 2016, Trump era bien conocido en Nueva York por negarse a pagar sus facturas a una amplia gama de proveedores de servicios y contratistas. Los abogados no eran la excepción, y Trump solía decir que la gente obtenía publicidad gratuita por estar involucrada con él.
El reciente gasto relacionado con Trump es notable no solo por el volumen, pues representó alrededor del 19 por ciento de los gastos totales del PAC fuera de las transferencias a uno de sus otros comités políticos y los que respaldan a otros candidatos, sino también porque Trump es ahora un candidato declarado a la presidencia nuevamente.
Algunos expertos en financiamiento de campañas se preguntan si, como candidato, Trump puede seguir utilizando el PAC para pagar sus facturas legales personales. Estas preguntas están surgiendo a medida que se enfrenta a desafíos legales en varios frentes, así como a un intenso escrutinio por parte del Departamento de Justicia y los fiscales de Georgia y Nueva York.
Según algunos expertos en financiamiento de campañas, si el PAC sigue pagando sus facturas legales ahora que es candidato se consideraría una contribución a él y, por tanto, estaría sujeta a límites legales.
"Los pagos de un PAC que superen el límite de contribución son contribuciones al candidato y son ilegales", señaló Jason Torchinsky, experto en financiamiento de campañas y abogado del bufete Holtzman Vogel, refiriéndose al límite de donaciones individuales a candidatos, fijado en $3.300 para el actual ciclo político de dos años.
Adav Noti, del Campaign Legal Center, un grupo que ha pedido a la Comisión Federal de Elecciones que aplique más estrictamente las normas sobre el uso personal de las donaciones de campaña, calificó de "indefinido" lo que está permitido. La Comisión Federal de Elecciones aún no ha proporcionado la orientación que han solicitado los expertos en financiamiento de campañas sobre esta cuestión.
La gran mayoría del dinero del PAC de Trump se recaudó antes de que entrara oficialmente en la contienda presidencial de 2024 el 15 de noviembre. A finales del año pasado, el PAC contaba con algo más de $18 millones en efectivo, según muestran sus archivos federales.
El Departamento de Justicia ha estado citando documentos de proveedores pagados por el PAC, incluidos bufetes de abogados, en un esfuerzo por determinar qué era lo que se les estaba pagando.
Un portavoz de Trump no respondió a un correo electrónico en el que se le preguntaba si Trump seguiría utilizando Save America para sus facturas legales personales. El PAC de Trump se formó a finales de 2020, después de las elecciones de noviembre, mientras Trump recaudaba enormes sumas de dinero prometiendo luchar contra lo que afirmaba era un fraude electoral generalizado.
Trump gastó parte del dinero en esfuerzos infructuosos para demostrar un fraude electoral generalizado. También lo utilizó para defenderse de varios asuntos relacionados con el ataque al Capitolio por parte de una turba pro-Trump el 6 de enero de 2021. El PAC que crearon los asesores de Trump permitía el uso general del dinero siempre y cuando no apoyara directamente una futura candidatura.
El mayor pago que Trump hizo con el dinero del PAC a un bufete de abogados el año pasado ($3 millones) fue al bufete de abogados Critton, Luttier and Coleman, con sede en Florida, afiliado a Christopher M. Kise, ex procurador general de Florida. Kise se unió al equipo de Trump inicialmente para encargarse del caso de los documentos de Mar-a-Lago y ahora participa en la defensa de Trump y su empresa en una demanda por fraude presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Otros $930.000 se destinaron a Continental, un bufete de abogados del cual Kise es abogado, según consta en los archivos.
Otros $1,3 millones se pagaron a Silverman Thompson Slutkin and White, el bufete de Evan Corcoran, un abogado que empezó a trabajar con Trump la primavera pasada. Corcoran llegó a Trump a través de Boris Epshteyn, un estratega que ha desempeñado un papel de coordinación con algunos de los abogados en casos que implican a Trump, cuando la investigación relacionada con los documentos de Mar-a-Lago se estaba intensificando. (La empresa de Epshteyn recibió $195.000, pero por consultoría estratégica más amplia, no por consultoría jurídica específicamente).
El Departamento de Justicia presentó recientemente una moción para obligar a Corcoran, quien compareció ante un gran jurado federal que investiga el manejo de documentos clasificados por parte de Trump, a prestar testimonio adicional, citando la excepción de crimen-fraudulento que puede anular el privilegio entre abogado y cliente. La solicitud significa que los fiscales tienen razones para creer que probablemente Trump o uno de sus aliados hayan utilizado el asesoramiento jurídico o los servicios legales para promover un delito.
Otros $1,2 millones se pagaron a Ifrah Law, el bufete de Jim Trusty, un ex fiscal federal que Trump vio en televisión y decidió contratar.
Aproximadamente $1,3 millones se pagaron al bufete de abogados de Michael van der Veen. Van der Veen representó a Trump en su segundo juicio político y el año pasado representó a la Trump Organization en un proceso por fraude fiscal interpuesto por el fiscal del distrito de Manhattan. La empresa de Trump perdió en todos los 17 cargos.
Otros $2 millones se pagaron al bufete de Alina Habba, que representa a Trump en varias demandas, incluida la del fiscal general de Nueva York y dos demandas presentadas por E. Jean Carroll, una escritora neoyorquina que afirma que Trump la violó en el vestuario de unos grandes almacenes en los años noventa.
Habba también representa a Trump en una demanda contra The New York Times por su información sobre las declaraciones de impuestos de Trump, un caso de difamación en Pensilvania, y en un caso contra el ex abogado y facilitador de Trump, Michael Cohen.
Una persona para la cual no se ha utilizado el dinero es Rudy Giuliani, exabogado personal de Trump. Trump indicó a sus ayudantes a finales de 2020 que no quería que Giuliani cobrara por su trabajo en nombre de Trump a menos que lograra deshacer los resultados de las elecciones, y los propios honorarios legales de Giuliani no han sido cubiertos por Save America.
Maggie Haberman - The New York Times
Lea el artículo original aquí.
