El Papa Francisco ha ordenado la derogación de todas las disposiciones que permiten el uso gratuito o en condiciones especialmente favorables en El Vaticano. En especial de los bienes inmuebles propiedad de las Instituciones Curiales y de las Instituciones que se refieren a la Santa Sede, incluida la Domus.
La medida es para hacer frente a los crecientes compromisos que el cumplimiento del servicio a la Iglesia Universal. Así como a los necesitados requiere en un contexto económico como el actual, de particular gravedad.
"De que todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar más recursos a la misión de la Santa Sede, aumentando también los ingresos procedentes de la gestión del patrimonio inmobiliario", se lee en la publicación.
Por consiguiente la disposición afecta a cardenales, jefes de Dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, administradores y equivalentes. Asimismo, están incluidos los auditores, y equivalentes, del Tribunal de la Rota Romana.
“Las Instituciones propietarias de los inmuebles deberán aplicar los precios que se aplican normalmente a quienes no tienen cargos de ningún tipo en la Santa Sede y en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Las Domus también deberán aplicar las tarifas ordinarias establecidas por su propio órgano administrativo”, continúa la publicación.
Finalmente, la medida no tiene efectos sobre las facilidades ya concedidas en la fecha de su entrada en vigor. Por tanto, los contratos estipulados con anterioridad continuarán hasta su vencimiento natural.
Sin embargo, solo podrán ser prorrogados o renovados respetando lo ahora establecido, sin perjuicio de las renovaciones obligatorias establecidas por ley o por contrato y cualquier excepción a la nueva normativa deberá ser autorizada directamente por el Papa Francisco.
