El 11 de mayo termina la emergencia nacional decretada por la pandemia. Esta medida facilitó destinar rápidamente recursos federales para enfrentar los desafíos sanitarios y sostener el sistema de bienestar.
Estas ayudas se suspenderán, a pesar de que muchas familias siguen con dificultades para cubrir sus necesidades, entre ellas la renta.
En el área metropolitana, los fondos del programa de asistencia para renta (ERAP en inglés), están casi agotados y en los presupuestos del próximo año fiscal, que comienza en octubre en D.C., se reducirán. Por ejemplo, Washington D.C., tuvo un flujo de $345 millones para este rubro durante la emergencia.
Para el próximo año, la alcaldesa, Muriel Bowser, propone $8 millones para el ERAP, una disminución significativa si se compara con los $43 millones de este año, los cuales ya están agotados.
“Ayudamos a llenar mil aplicaciones de asistencia para el alquiler, la mayoría de familias latinas. Debido al alto número de pedidos, el proceso en el Departamento de Servicios Humanos está tomando entre 45 y 60 días”, dijo Eduardo Perdomo, director ejecutivo de la oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldía (MOLA).
Aclaró que esta ayuda no es permanente y solo es para quienes están en situación de caer en la indigencia.
Las dificultades financieras se agravan con el fin de la emergencia económica
Marc Elrich, ejecutivo del Condado de Montgomery, en Maryland, consultado por El Tiempo Latino durante una conferencia de prensa vía Zoom, reconoció las dificultades financieras una vez agotada la ayuda federal. “Hemos incluido $40 millones en el presupuesto para asistencia de vivienda, no son fondos ilimitados, ni será para todos quienes estén en dificultades”.
En marzo pasado una coalición de organizaciones comunitarias se pronunció sobre el tema de la vivienda: “Desde enero hasta el 19 de marzo se presentaron 3 mil 50 peticiones de desalojos en las cortes de DC, estas se suman a las 9 mil 928 de 2022”, así le hicieron saber en una carta al concejo.
“La crisis de la vivienda es grande y un presupuesto de $8 millones para el siguiente año fiscal es una mala noticia”, dijo Daniel de Pielago, director organizacional de Empower DC. Además, a él le preocupa que desde mayo, el alquiler de las unidades de renta controlada subieron un 8,9%. “Las consecuencias las sufrirán las familias negras y latinas desamparadas. Estamos presionando al Concejo para que no ponga a los pobres a elegir entre comprar las medicinas o pagar la renta”, aseguró de Pielago.
Empower DC, African Communities Together, Bread for the City, DC Action, Everyone Home DC, Miriam’s Kitchen y otras 29 organizaciones más solicitan que se financie al ERAP con $50 millones. Desde el 10 marzo y hasta el 30 de septiembre no se está aceptando aplicaciones de asistencia para el alquiler.
$600 millones de déficit en DC
“La alcaldesa Muriel Bowser sabe que es importante asistir a las familias pobres, pero las proyecciones del próximo año fiscal, que comienza el 1 de octubre, no son halagüeñas. El presupuesto tendrá un déficit de $600 millones y el flujo de recursos federales ($16 mil millones que recibió DC desde 2020) se acabó”, explicó Perdomo. El distrito comercial, gran generador impuestos, no se ha recuperado y es el financiador de buena parte del presupuesto.
Según Perdomo no todo es negativo, todavía hay $146 millones para quienes viven en departamentos de renta controlada.
Desde su punto de vista, la ciudad tiene maneras de proteger a los inquilinos ofreciéndoles asistencia legal en caso de desalojo. Hay un fondo de emergencias en caso de que las familias pierdan su vivienda por incendios u otras catástrofes y existe una red de albergues para familias. “Todo este entramado es para evitar la indigencia”.
Unas 3 mil 500 personas con discapacidades recibirán un aumento de $100 a $150 mensuales para Medicare.
$116 millones más se destinarán para mejorar los salarios de los maestros, $145 millones para escuelas y $5 millones adicionales para los programas después de clases.
En el verano habrá almuerzo disponible para los niños de los establecimientos públicos y continuará el reparto de comida a través de los bancos de alimentos. MOLA distribuye dos veces al mes. Para más información llamar al (202) 671-2825.
“Tengo niños y no tengo un plan B”
En el Condado de Prince George, pese a la ley temporal de estabilización de la renta recientemente aprobada, para la familia de Magdalena Escobar las circunstancias no son prometedoras.
“Vivo en Greenbelt, cada año me aumentan, pagaba 2 mil 280 dólares y me subieron $300 mensuales más. Mi marido trabaja cortando árboles y no todos los días. La pandemia nos dejó al filo del desalojo, el juez nos dio plazo hasta el 10 de mayo y no tenemos un plan B”.
La deuda por el alquiler es de más de $12 mil dólares. Nunca pidió ayuda porque no se enteró del fondo de asistencia. Su única esperanza es que CASA impida el desalojo. En ese condado todavía hay un remanente de fondos del ERAP y Escobar ya sometió la aplicación.
“Los fondos son solo para quienes ya tienen una orden de desalojo y fueron afectados por a la pandemia. Necesitamos más presupuesto y más derechos, para este año fiscal Maryland asignó $100 millones para asistir a las familias en peligro de desalojo, para el nuevo año fiscal solo pusieron dos millones”, dijo Trent León Lierman, organizador de CASA.
Escobar no puede trabajar, tiene un hijo que necesita terapia permanente y una nieta de cuatro años. “Mi mamá decía ‘solita, aunque sea debajo de un puente’, pero con niños es difícil”. Según Ninfa Amador, analista de políticas de CASA, “el 90% de las familias atrasadas con la renta tienen niños”.
La solución: lograr el control de la renta
En el Condado de Montgomery, Elrich dejó entrever que están haciendo malabarismos con el presupuesto para cubrir las necesidades. Para vivienda “estamos colocando más fondos que otros, incluso más que el estado”.
Anticipó que no todo el mundo estará satisfecho, pero la falta de recursos es nacional. “Apoyo la ley de estabilización de la renta del concejal Will Jawando, creo que es el única que limitará los aumentos injustificados y ofrecerá protección en contra de la especulación de la renta”.
En Montgomery, aproximadamente, 50 mil hogares destinan la mitad de sus ingresos a la renta y son familias de bajos recursos, aseguró Elrich.
Para aliviar la inseguridad alimentaria, $6 millones están en el presupuesto, pero el funcionario prometió que de faltar se destinarán más fondos. “También hemos incrementado el financiamiento para las iniciativas de salud para las minorías”. Todos los programas de ayuda, aclaró, son para los habitantes económicamente desfavorecidos, sin importar su estatus migratorio.
La urgencia de lograr una estabilización de la renta tiene más aliados en Montgomery. “Casi el 40% de nuestros residentes, unos 400 mil viven alquilando, estas cifras no son insignificantes. Ya no somos la casita con jardín fuera de DC, por eso hoy más que nunca tenemos que estabilizar la renta”, es el llamado de Matt Losak, derector ejecutivo de Renters Alliance.
