Un juez federal de Virginia concluyó que la ley que prohíbe a los distribuidores de armas vender pistolas a los menores de 21 años es inconstitucional y viola la Segunda Enmienda.
La sentencia dictada el miércoles por el juez Robert Payne del Tribunal de Distrito de Richmond, si no es revocada, permitiría a los distribuidores vender armas de fuego a jóvenes de entre 18 y 20 años, destacó AP.
El juez Payne escribió que muchos de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía se conceden a los 18 años, incluido el derecho de votar, de alistarse en el ejército y de formar parte de un jurado federal.
"Si el Tribunal excluyera a los jóvenes de 18 a 20 años de la protección de la Segunda Enmienda, impondría limitaciones a la Segunda Enmienda que no existen con otras garantías constitucionales", escribió Payne.
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"Debido a que los estatutos y reglamentos en cuestión no son coherentes con la historia y la tradición de nuestra nación, por lo tanto, no pueden mantenerse", escribió.
El Tribunal Supremo declaró, el año pasado, que los jueces ya no deben tener en cuenta si la ley sirve a intereses públicos, como la mejora de la seguridad pública. Los gobiernos que quieran mantener una restricción de armas deben remontarse a la historia para demostrar que es coherente con la "tradición histórica de regulación de armas de fuego" del país, dijo el Tribunal Supremo.
En los meses transcurridos desde esa sentencia, los tribunales han declarado inconstitucionales leyes como las medidas federales destinadas a mantener las armas fuera del alcance de los maltratadores domésticos y los acusados de delitos graves, así como la prohibición de poseer armas sin el número de serie.
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Un juez federal citó recientemente la decisión del Alto Tribunal al fallar en contra de una ley de Minnesota que prohíbe a los jóvenes de 18 a 20 años obtener permisos para portar armas de fuego en público. El año pasado, un juez anuló una ley similar sobre restricciones de armas para jóvenes adultos en Texas.
Payne, que citó repetidamente en su fallo la sentencia del Tribunal Supremo de 2022, escribió que el gobierno no había presentado "ninguna prueba de restricciones basadas en la edad para la compra o venta de armas de fuego de la época colonial, de los Fundadores o de los primeros tiempos de la República".
La falta de regulaciones similares de esos períodos de tiempo indica que los "Fundadores consideraban que las regulaciones basadas en la edad sobre la compra de armas de fuego circunscribían el derecho a poseer y portar armas confirmado por la Segunda Enmienda", escribió.
