El feminicidio de Erika Aponte se registró en la tarde del pasado domingo 14 de mayo, cuando Christian Camilo Rincón Díaz, buscó a su expareja, de 26 años, quien se desempeñaba como subadministradora de una pizzería en el centro comercial en Bogotá.
Tras sostener una fuerte discusión, Rincón la persiguió y le propinó dos disparos a la altura de su cabeza con un revolver ilegal calibre 38. Posteriormente, accionó el arma contra él, quedando vivo, pero falleciendo horas después en la Fundación Santa Fe.
“Erika llevaba años de violencia. Acudió hasta el jueves pasado a denunciar. Secretaría de la Mujer le ofreció sacarla a ella y su hijo a Casa Refugio, pero no aceptó. Confió que al haberse mudado a Soacha con su padre y hermana estaba protegida. El domingo su psicópata expareja la asesinó”, indicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
Tres días antes, Erika Aponte acudió ante una comisaría para hacer la denuncia, donde le otorgaron cuatro medidas de protección —la mayoría dirigidas a su agresor— como que él debía cesar las intimidaciones, o no podía acercarse a su lugar de trabajo, zona donde perpetúo el feminicidio.
Ambos tenían un hijo de 9 años, quien quedará bajo disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, solo en el año 2022 se registraron 619 feminicidios y 215 menores de edad quedaron huérfanos por los hechos.
Por las Casas Refugio de Bogotá han pasado unas mil 342 mujeres que estaban en riesgo de feminicidio y a las que las medidas de protección salvaron. La representación jurídica a otras 954 mujeres las protegió del riesgo y la impunidad.
