El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recientemente sancionó la ley HB 1355/SB 264, una ley que impide a millones de ciudadanos de Venezuela, Cuba, China, Rusia, Irán y Corea del Norte adquirir propiedades cercanas a puntos estratégicos en el estado de Florida.
Específicamente la misma prohíbe que nacionales de estos países que no sean ciudadanos americanos o residentes permanentes legales (con green card), puedan comprar una propiedad a una distancia de 5 millas alrededor de instalaciones militares o de infraestructura crítica, como aeropuertos, incluyendo todos los que viven legalmente en el país con visas de trabajo, turismo, asilo, etc. El radio de exclusión se extiende a 10 millas en el caso de los que tienen visa de turismo/trabajo B1/B2.
DeSantis argumenta que la ley busca “proteger los intereses de seguridad nacional de los floridianos", pero ¿es esto realmente protección o una forma encubierta de discriminación?
La lógica fallida detrás de la ley
El argumento detrás de esta ley, aunque puede parecer válido a primera vista, esgrime una lógica fallida por tres razones principales:
Primero, asume que todos los ciudadanos de estos países que no sean ya ciudadanos o residentes permanentes representan una amenaza, ignorando el hecho de que muchas de estas personas han huido de sus regímenes opresivos y no tienen ninguna relación o simpatía por ellos. En lugar de evaluar a las personas en base a sus acciones y antecedentes, esta ley las evalúa simplemente por su nacionalidad, un factor que no pueden controlar.
Segundo, la ley parece ignorar la existencia de mecanismos legales y de seguridad ya en vigor para evitar que actores extranjeros potencialmente dañinos adquieran propiedades en áreas sensibles. Las transacciones inmobiliarias ya están sujetas a una serie de controles y regulaciones para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
Tercero, la medida ignora el impacto económico y social positivo que estos inmigrantes han tenido en Florida. Muchos han creado negocios, aportado a la economía local y enriquecido la diversidad cultural del estado. Limitar su capacidad para comprar propiedades no solo es injusto para ellos, sino que también puede ser perjudicial para el estado.
Discriminación e inconsistencia
Es tremendamente inconsistente, por ejemplo, recibir a un venezolano como asilado del régimen de Chávez/Maduro y luego prohibirle comprar una casa en Miami-Dade. ¿Acaso por compartir la nacionalidad con Maduro se convierte en una amenaza? ¿Acaso el hecho de buscar asilo, de huir de un régimen opresivo, no es prueba suficiente de su deseo de vivir en paz y contribuir a la sociedad estadounidense?
Salvando las distancias, esta medida recuerda a los campos de internamiento de japoneses en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo la bandera de la seguridad y "por su propio bien", se discriminó a miles de personas por su origen, en lugar de por sus acciones. Hoy, a pesar de que no estamos en tiempos de guerra, seguimos viendo políticas que, en lugar de centrarse en las amenazas reales, discriminan a las personas en base a su nacionalidad.
El costo de la desconfianza y el resentimiento
Estas políticas de discriminación encubierta sólo sirven para sembrar desconfianza y resentimiento. No se puede luchar contra la influencia del comunismo limitando las libertades de aquellos que han huido de estos regímenes. No se puede proteger la democracia con políticas que discriminan y limitan las oportunidades de personas inocentes.
Insto al gobernador DeSantis y a los legisladores de Florida a ponerse en los zapatos de estos inmigrantes, a reconsiderar esta medida y buscar alternativas que realmente protejan la seguridad nacional. Alternativas que no se basen en la nacionalidad, sino en las acciones de las personas. ¿No es acaso el sueño americano, ese ideal que atrae a tantos a las costas de EEUU, un sueño de libertad, igualdad y justicia para todos, sin importar su país de origen?
Las leyes deben ser justas y equitativas, y deben reflejar los ideales de un país que siempre ha sido un refugio para aquellos que buscan libertad y oportunidades. La HB 1355/SB 264, tal como quedó aprobada, no cumple con estos principios.
