La Cámara Baja del Parlamento japonés aprobó una polémica ley destinada a prevenir la discriminación de las personas LGBT. Sin embargo, la legislación carece de medidas concretas que promuevan el reconocimiento de derechos para esta comunidad.
La propuesta legislativa fue aprobada por la Cámara Baja de la Dieta (Parlamento) tras largas sesiones de debate parlamentario. Las fuerzas de la oposición exigían una redacción más contundente, mientras que las facciones más conservadoras de la coalición gobernante preferían un contenido diluido.
La ley requiere ahora la aprobación de la Cámara Alta del Parlamento japonés, que, al igual que la Cámara Baja, está fuertemente influenciada por la coalición conservadora del Partido Liberal Democrático (PLD), liderada por Fumio Kishida, y su socio de coalición, el partido budista Komeito.
Sigue la polémica
La legislación reconoce que la concienciación pública sobre la diversidad de orientación sexual e identidad de género "no es necesariamente suficiente". Insta a las autoridades, empresas e instituciones educativas a modificar esta situación, aunque no esboza ninguna medida concreta.
Entre los puntos polémicos de la ley figuran el lenguaje ambiguo y vago en comparación con borradores anteriores y las intenciones de las fuerzas progresistas. La legislación afirma que "todos los ciudadanos deben poder vivir en paz" y que "ninguna persona debe ser objeto de discriminación injusta".
El propio PLD se ha resistido a incluir menciones explícitas que apoyen la libertad de orientación sexual y los derechos del colectivo LGBT, ya que los valores y roles familiares tradicionales constituyen una de las piedras angulares de su pensamiento político.
País en vías de desarrollo... humano
Japón sigue siendo el único país del G7 sin un marco jurídico que reconozca a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, un número creciente de gobiernos regionales y locales permiten el registro de uniones civiles de esta naturaleza, concediendo ciertos derechos.
En los últimos meses, varias sentencias de tribunales locales del país han cuestionado la constitucionalidad del marco jurídico japonés por no considerar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Estas sentencias tienen su origen en acciones legales iniciadas por un grupo que defiende los derechos de estas personas.
Los activistas han elogiado estas sentencias, pero al mismo tiempo creen que son insuficientes para presionar al gobierno a dar pasos decisivos hacia la legalización del matrimonio homosexual y otros derechos específicos. Han declarado su intención de seguir buscando instancias jurídicas superiores para lograr este objetivo.
