Hannah Gutiérrez-Reed, armera en el rodaje de la película de Alec Baldwin Rust, fue acusada de manipulación de pruebas en relación con la presunta transferencia de estupefacientes el día del tiroteo mortal de la directora de fotografía Halyna Hutchins.
Gutiérrez-Reed ya se enfrenta a un cargo de homicidio involuntario por su implicación en el incidente del rodaje de la película en Nuevo México.
Un expediente judicial del condado de Santa Fe reveló que los fiscales especiales del caso alegan que Gutiérrez-Reed "transfirió narcóticos a otro individuo con la intención de eludir su detención, procesamiento o condena". Sin embargo, no se proporcionaron más detalles.
En respuesta a la nueva acusación, Jason Bowles, abogado de la acusada, calificó la medida de "represalia y vengativa".
Expresó su sorpresa por el hecho de que, tras una investigación de 20 meses, el fiscal especial presentara una nueva acusación contra su cliente "sin previo aviso ni declaraciones de testigos, informes de laboratorio o pruebas que la respaldaran."
En abril, los fiscales retiraron un cargo de homicidio involuntario contra Baldwin, que estaba apuntando con el arma a Hutchins durante un ensayo cuando se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza el 21 de octubre de 2021.
Pero, los fiscales aún pueden volver a presentar cargos contra el actor.
Detalles sobre la acusación a Hannah Gutiérrez-Reed
La acusación de manipulación de pruebas sigue a una presentación judicial de la semana pasada en la que los fiscales afirmaban que Gutiérrez-Reed consumía alcohol y fumaba marihuana por las noches mientras trabajaba en Rust y que probablemente tenía resaca cuando se colocó una bala cargada en la pistola de Baldwin.
Bowles se refirió a esta afirmación como una "difamación" e indicativa de un caso débil, que la defensa ha solicitado al juez que desestime.
En otra presentación, Bowles reveló que fue incluido inadvertidamente en un correo electrónico de la investigadora principal de la Fiscal de Distrito Mary Carmack-Altwies, quien criticó el manejo del caso por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe.
El investigador Robert Schilling describió la conducta de la Oficina del Sheriff como "reprobable y poco profesional hasta un punto para el que todavía no tengo palabras" y declaró su intención de dimitir, permitiendo a los fiscales especiales nombrar a su propio investigador.
Bowles sostuvo que el correo electrónico subraya la debilidad del caso contra su cliente e implica que la acusación puede haber ocultado pruebas a la defensa.
