El Estado de México demandó a fabricantes de armas de EEUU. Sin embargo, según reveló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de ese país, la audiencia judicial en la Corte de Arizona fue aplazada.
El año pasado, el gobierno mexicano tomó medidas legales contra los vendedores de armas de fuego que operan en Tucson, Phoenix y Yuma.
Estos vendedores están presuntamente implicados en el tráfico no autorizado de armas hacia México.
La demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Arizona, según la información revelada por la SRE, comprende "datos de rastreo" cuya información probarían que ciertos negocios operan como proveedores de armas de fuego de alto calibre a grupos criminales en México.
Tras la presentación de la demanda, ambas partes hicieron sus alegatos durante la fase escrita del procedimiento, según informó la SRE. Sin embargo, la fase de alegatos orales programada para finales de agosto de 2023 ha sido pospuesta.
La juez Cindy Jorgenson, que preside el caso, emitió una orden para cancelar la audiencia, lo que indica una posible recusación del caso. La SRE aseguró que se notificará al público una vez que el Tribunal de Distrito fije una nueva fecha para el argumento oral.
Esta demanda llega poco después de un procedimiento similar contra productores de armas de fuego en Estados Unidos, en el primer intento un juez federal de Massachusetts desestimó el caso.
México exigió un acuerdo de 10 mil millones de dólares, acusando a empresas como Smith & Wesson y Barrett Firearms de prácticas comerciales negligentes. Prácticas que condujeron a un tráfico no autorizado de armas de fuego y se puede presumir que provocaron muertes violentas en México.
Se ha informado que un número significativo de delitos graves dentro México, incluyendo homicidios que están asociados con armas de fuego provenientes de Estados Unidos.
La SRE declaró recientemente que un resultado victorioso en las cortes de Arizona podría reforzar la demanda desestimada en Boston, y en general fortalecer las acciones legales de México contra fabricantes de armas de EEUU.
Los resultados de este proceso judicial podrían implicar a grandes fabricantes de armas en delitos graves por falta de vigilancia adecuada de sus vendedores autorizados, quienes estarían haciendo llegar las armas a peligrosos delincuentes.
¿De qué se tratan estas acciones judiciales de México contra fabricantes de armas?
La SRE ha explicado que la demanda de Boston y Arizona tienen matices diferentes. La primera se centra en la negligencia de las empresas en sus operaciones de fabricación y distribución de armas de fuego, mientras que la segunda está más relacionada a los vendedores como componentes de una cadena que facilita la delincuencia organizada en México.
La SRE reveló que las armas de fuego provenientes de Estados Unidos fueron utilizadas en el 70% de los delitos graves cometidos en México en 2019.
Estados Unidos declaró en abril planes para implementar nuevas tácticas para detener el flujo de armas de fuego hacia el sur y trabajar en conjunto con funcionarios mexicanos para mejorar el rastreo de armas, con el objetivo de identificar y detener el origen de aquellas que ingresan a México.
Las estimaciones indican que cientos de miles de armas de fuego entran de contrabando en México desde EE.UU. cada año. Por el contrario, los datos de la Procuraduría General de la República mexicana muestran que el decomiso anual de armas de fuego en México se ha mantenido por debajo de 10.000 en la última década.
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