La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama) ha ifnromado sobre más de 1.600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades de facto de Afganistán. Las cuales se registraron durante el arresto y posterior detención de personas, según un comunicado del ente.
El informe del Servicio de Derechos Humanos de la Unama cubre el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2023, con casos documentados en 29 de las 34 provincias de Afganistán. Indican que casi el 50 por ciento de estas violaciones comprenden actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Esto se produjo de manera abrumadora durante todo el proceso de arresto y custodia en lugares de detención dependientes del Ministerio del Interior (MOI) de facto y de la Dirección General de Inteligencia (GDI) de facto. Se documentaron casos raros en prisiones dependientes de la Oficina de Administración Penitenciaria (OPA) de facto”, indicó el comunicado.
Indica que, en intentos por obtener confesiones u otra información, los detenidos han sido sometidos a fuertes dolores y sufrimientos. Esto mediante palizas físicas, descargas eléctricas, asfixia, posiciones forzadas e ingestión forzada de agua, además de vendarles los ojos y amenazas.
Palizas, descargas eléctricas y torturas con agua
El informe destaca la urgente necesidad de profesionalizar las autoridades penitenciarias y de seguridad de facto en una serie de áreas, incluida su capacidad para realizar investigaciones.
“Los relatos personales de palizas, descargas eléctricas, torturas con agua y muchas otras formas de trato cruel y degradante. Junto con amenazas contra personas y sus familias, son desgarradores. La tortura está prohibida en todas las circunstancias”, afirmó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe sugiere que la tortura también se utiliza como herramienta, en lugar de investigaciones efectivas. Por lo que instó a todas las autoridades de facto interesadas a que adopten medidas concretas para detener estos abusos y hacer que los perpetradores rindan cuentas.
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