La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela presentó un informe el 20 de septiembre en la que reafirmó su preocupación por las continuas violaciones de los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro.
La presidenta portuguesa de la misión, Marta Valiñas, transmitió una evaluación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, revisando el periodo comprendido entre enero de 2020 y agosto de 2023.
El informe reveló pruebas de abusos contra los derechos humanos en Venezuela, incluidos al menos cinco casos de privación arbitraria de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias. El documento tambien reveló casos de tortura o tratos crueles contra detenidos, con 19 casos de violencia de género y sexual contra ambos sexos.
Las reacciones
Valiñas condenó enérgicamente estas graves violaciones y declaró: "En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos".
A pesar de las protestas públicas de finales de 2020 y principios de 2021, el informe señala que las estructuras opresivas del Estado siguen vigentes.
La comisión de la ONU detalló que el régimen de Maduro ha intensificado los esfuerzos para disminuir el espacio cívico y democrático de Venezuela, imponiendo restricciones a las libertades individuales y colectivas.
En ella, alertaron que los aparatos del Estado han empleado amenazas, vigilancia, acoso, difamación y censura para suprimir y desalentar la oposición percibida.
"En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social. Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica", explicó Francisco Cox, miembro de la comisión.
Un caso destacado en el informe es el de seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión el 1 de agosto por defender mejoras laborales, tras su detención arbitraria y malos tratos durante más de un año.
Patricia Tappatá Valdez, otra experta de la misión, criticó la criminalización por parte del Estado de la participación en actividades lícitas como estrategia para silenciar e intimidar a posibles críticos del gobierno.
Abusos de los cuerpos de seguridad
A principios de marzo, la Misión informó de que la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) no era más que un cambio de nombre bajo una nueva denominación, Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). Este organismo, integrado por oficiales de las FAES y de otras fuerzas de seguridad implicadas en graves violaciones de los derechos humanos, muestra una conducta similar.
"La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos", declaró Valiñas.
La situación actual suscita gran preocupación en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, ya que el Consejo Nacional Electoral ha inhabilitado al menos a tres candidatos de la oposición a las elecciones primarias. Esto se suma a una creciente lista de notables políticos que también han sido inhabilitados.
La Misión instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para hacer frente a estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas al país.
Te podría interesar leer:
Venezolanos en Nueva York pidieron el cierre de "centros de tortura" en su país
