El día después de Acción de Gracias del año pasado, Randal Quran Reid fue privado de libertad de forma abrupta cuando se dirigía a casa de su madre. Fue detenido en una carretera interestatal de Georgia y encarcelado durante varios días por supuestos delitos cometidos en Luisiana, un estado que nunca había visitado. Todo esto sucedió por el mal uso de tecnología de reconocimiento facial.
Por supuesto el uso lo accionó un detective de Jefferson Parish, Luisiana, quien inició su calvario, según una demanda que el propio Randal Reid presentó recientemente.
Este hombre quedó perplejo y angustiado por la escasa información facilitada por la policía, que se limitó a aconsejarle que esperara a las autoridades de Luisiana.
El caso de Quran no es único. Al menos cinco personas de raza negra han presentado demandas contra las fuerzas del orden, alegando detenciones injustas debidas a identificaciones equivocadas mediante tecnología de reconocimiento facial.
Tres de esas demandas, incluida la de una mujer embarazada de ocho meses, se dirigen contra la policía de Detroit.
La tecnología de reconocimiento facial permite a las fuerzas de seguridad introducir imágenes de videovigilancia en un programa informático que puede rastrear las bases de datos oficiales o las redes sociales en busca de posibles coincidencias.
Pero esta tecnología es objeto de críticas por sus elevados índices de discrepancias. Sobre todo entre personas de color, que son confundidos con más frecuencia en comparación con hombres blancos.
Los defensores de esta tecnología sostienen que es vital para resolver una gran variedad de casos, desde el tráfico de drogas y los homicidios hasta las personas desaparecidas y la trata de seres humanos.
Sostienen que la mayor parte de las imágenes escaneadas son fichas policiales de delincuentes, no fotos al azar ni fotos del carné de conducir.
A pesar de los argumentos esgrimidos por sus defensores, varios estados y ciudades han impuesto restricciones a su uso. El abogado Sam Starks, del bufete Cochran de Atlanta, que representa a Quran, subrayó los graves problemas de libertad civil y privacidad que plantea el uso de estos avances tecnológicos por parte de las fuerzas de seguridad, aun cuando existan normas y protocolos al respecto.
La demanda de Quran, presentada el 8 de septiembre ante un tribunal federal de Atlanta, nombra como demandados al sheriff de Jefferson Parish, Joseph Lopinto, y al detective Andrew Bartholomew.
En la demanda alega que Bartholomew se basó únicamente en una coincidencia producida por la tecnología de reconocimiento facial para solicitar una orden de detención contra Reid, esto después de que se utilizara una tarjeta de crédito robada para comprar dos bolsos por valor de más de 8.000 dólares en una tienda de consignación cerca de Nueva Orleans en junio de 2022.
Según dice, Bartholomew omitió realizar incluso una investigación mínima sobre Reid y su perfil, lo que la menos habría establecido el indicio de Reid estaba en Georgia durante el robo.
Bartholomew se ha abstenido de hacer comentarios sobre el caso, y la oficina del sheriff también se ha abstenido de discutir el litigio en curso.
La demanda acusa a Bartholomew de detención ilegal, persecución maliciosa y negligencia. También sostiene que el sheriff Lopinto no estableció políticas adecuadas en relación con el uso de la tecnología de reconocimiento facial y que, por lo tanto, debe ser considerado responsable.
La demanda solicita una cantidad no especificada en concepto de daños y perjuicios.
Casi un año después de su detención ilegal, Quran sigue atormentado por el incidente. Se pregunta qué habría ocurrido si no hubiera tenido recursos económicos para contratar a un abogado.
La visión de la policía en su espejo retrovisor le sirve ahora de escalofriante recordatorio de su injusta detención en la interestatal de Georgia a causa de la tecnología.
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