Gavin Newsom, gobernador de California, vetó un proyecto de ley diseñado para limitar el coste mensual de la insulina a 35 dólares.
Newsom, figura destacada del partido demócrata, rechazó esta legislación destinada a proteger a los titulares de planes de seguros de enfermedad y discapacidad de gastos de bolsillo indebidos superiores a 35 dólares por un suministro de insulina para 30 días, incluidas las franquicias y los copagos.
El gobernador propuso una solución alternativa para los californianos dependientes de la insulina. A principios de este año, reveló la inminente entrada de California en la producción de insulina a través de CalRx.
En colaboración con Civica Rx, una organización farmacéutica sin ánimo de lucro, California ha destinado 50 millones de dólares a producir y comercializar un vial de insulina de 10 mililitros a 30 dólares.
Newsom, al explicar su veto, declaró que CalRx pretende abordar el coste de raíz de la insulina, proporcionando así una solución duradera a la industria farmacéutica de alto precio.
Advirtió que, aunque los topes de copago puedan parecer ventajosos, los consumidores soportan en última instancia la carga de los costes a largo plazo a través del aumento de las primas de los planes de salud.
El veto del proyecto de la insulina en California
El senador estatal Scott Wiener, demócrata por San Francisco y pieza clave del proyecto de ley vetado, expresó abiertamente su decepción.
Criticó el veto de Newsom como un importante revés que deja a innumerables californianos diabéticos ante la dura decisión de comprar insulina o alimentos.
Wiener declaró que el veto equivale a una oportunidad perdida, al condenar a estas personas a soportar meses, o incluso años, de aumento de los costes sanitarios, en lugar de ofrecerles un alivio inmediato.
La insulina, una hormona que produce el páncreas, desempeña un papel crucial en la transformación del azúcar en energía. Para los diabéticos, en particular los de tipo 1, la ingesta diaria de este medicamento es indispensable.
A principios de este año, la búsqueda de insulina asequible en California llevó al fiscal general del Estado, Rob Bonta, a demandar a varias empresas responsables de la producción y venta de una fracción sustancial de la insulina del país. La demanda acusa a estas empresas de conspirar para inflar ilegalmente los precios de la insulina.
En un movimiento prometedor pero insuficiente, los mayores fabricantes de insulina del país se comprometieron en marzo a reducir voluntariamente los precios de sus productos, una decisión que aún no ha disminuido del todo la presión financiera para muchos.
