A una semana de las primarias venezolanas, altos cargos de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) de Venezuela deberán declarar el lunes 30 de cotubre ante la Fiscalía. Esto se produce en medio de un remolino de acusaciones de fraude vinculadas a las elecciones de la oposición celebradas el 22 de octubre.
Los principales miembros de la CNP, entre los que se encuentran su presidente, Jesús María Casal, su vicepresidenta, Mildred Camero, y su miembro suplente, Roberto Abdul-Hadi, junto con varios jefes de juntas regionales, deberán presentar su caso ante investigadores especializados en legitimación de capitales.
El organismo opositor que supervisa las primarias venezolanas, que hasta ahora ha mantenido silencio sobre la investigación en curso, emitió la noche del 29 de octubre un comunicado en el que llamaron a la ciudadanía a que se abstuviera de acompañar a sus miembros a la citación.
En su lugar, instaron a los ciudadanos a continuar con sus actividades habituales mientras los funcionarios "responden a las múltiples llamadas de las instituciones públicas".
¿A qué se debe la denuncia de la Fiscalía venezolana?
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció el inicio de esta investigación el pasado miércoles 25 de octubre. Las acusaciones implican que las cifras de participación comunicadas en las primarias venezolanas, que ascendieron a casi 2,5 millones de personas, fue abultado, según reportes de la agencia EFE.
Más tarde, Saab publicó en X (antes conocido como Twitter) la citación de Casal, Camero y Abdul-Hadi como personas "investigadas".
El fiscal aclaró que también serían citados los 24 jefes de las juntas regionales que coordinaron las elecciones autónomas, en las que la ex diputada María Corina Machado resultó victoriosa con 92,35% de los votos.
Posteriormente, la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) publicó en la misma red social la citación de varios miembros del CNP de estados como Mérida, Lara y Anzoátegui.
Los delitos que señalan presuntamente a la CNP, según la Fiscalía:
-Usurpación de funciones.
-Usurpación de identidad, basada en la presunción de que se utilizaron nombres de personas que no votaron.
-Legitimación de capitales, por desconocer la procedencia de los fondos para la campaña.
-Asociación para delinquir.
Mientras tanto, diversas entidades, entre ellas las que participaron en las primarias, ONG locales, activistas y miembros de la sociedad civil, han denunciado la "criminalización" de estas elecciones internas y de sus organizadores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) también respaldaron el viernes 27 de octubre esta postura, instando al Estado venezolano a no "criminalizar las iniciativas de participación ciudadana" convocadas por el movimiento opositor al régimen de Nicolás Maduro.
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