La policía nacional panameña ha contabilizado un mínimo de 878 detenciones relacionadas con supuestos actos de vandalismo y destrucción de propiedades.
Entre los detenidos hay 761 adultos y 117 menores, todos ellos expresando su oposición al controvertido acuerdo minero de Panamá con Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals.
El informe del martes 31 de octubre de la Policía Nacional también ofreció un balance sobre las fuerzas del orden, con 39 agentes heridos en el ejercicio de sus funciones.
El análisis de las lesiones reveló que nueve agentes sufrieron daños físicos, 22 por instrumentos contundentes y ocho por armas de fuego.
Las protestas han afectado también a propiedades comerciales y administrativas, con 62 comercios y 48 establecimientos gubernamentales, entre oficinas, puestos de cámaras de vigilancia y estaciones del metro, según reportes de medios locales.
La policía declaró que 57 vehículos fueron afectados, 21 de ellos son institucionales.
Todas las personas aprehendidas por la policía, procedentes de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí, han sido presentadas a las autoridades competentes.
¿A qué se deben las protestas?
El martes se produjeron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía antidisturbios cerca de la Asamblea Nacional (Parlamento). Estos disturbios se desencadenaron pocas horas después de que el órgano parlamentario aprobara en el primero de los tres debates requeridos la anulación del controvertido acuerdo minero.
La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. No obstante, los altercados persistieron en toda la capital. Los detalles sobre nuevas detenciones siguen siendo inciertos.
El controvertido plan renovable de 20 años fue ratificado el 20 de octubre por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, tras una rápida progresión a través de los debates parlamentarios requeridos.
Esta actual ronda de debates en la Asamblea Nacional se produce después de que Cortizo, en su tercer discurso a la nación para calmar las protestas, propusiera un referéndum público vinculante para decidir sobre la cancelación del acuerdo.
En un intento de hacer frente al caos, el presidente Cortizo elevó a rango de ley la moratoria minera, que había iniciado previamente como decreto ejecutivo. La cancelación, la moratoria y el referéndum público deben superar los debates parlamentarios como leyes sugeridas. Tras su aprobación, el presidente debe sancionarlas.
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