Patrick Parker Walsh, un empresario de Florida, está cumpliendo cinco años y medio en una prisión por robar casi $8 millones en fondos federales de ayuda humanitaria de COVID-19 que utilizó, en parte, para comprar el archipiélago Sweetheart Island.
Enclavada en el sereno ambiente de Yankeetown, Florida, esta isla es una joya de la costa del Golfo de México que sirve como emblema flagrante de uno de los fraudes de ayuda COVID-19 más audaces de la historia de Estados Unidos.
El delito de Parker Walsh no es más que una fracción de la epidemia más amplia de fraude de la ayuda COVID-19, con individuos que desviaron más de 280.000 millones de dólares en ayuda federal y otros 123.000 millones de dólares despilfarrados o malgastados.
Esta pérdida representa casi el 10% de los 4,3 billones de dólares distribuidos por el gobierno estadounidense para suavizar el golpe económico de la pandemia, según un análisis de The Associated Press.
El estudio de AP de innumerables casos de fraude en la ayuda para el COVID-19 desvela una realidad de estafadores y embaucadores que derrocharon la ayuda robada en artículos opulentos, que van desde relojes de lujo y adornos de diamantes hasta automóviles y vacaciones en sitios paradisiacos.
La prisa inicial del gobierno por ofrecer una ayuda rápida a las personas y empresas en apuros se tradujo en una relajación de las precauciones contra el fraude, lo que sentó las bases para que los individuos fraudulentos hurtaran libremente.
Fondos de la ayuda humanitaria por COVID-19 se destinaron a lujos
El fraude de socorro COVID-19 tuvo un impacto universal en las capas sociales, atrapando a individuos de todo el mundo.
Un rapero de Tennessee, el antiguo propietario de una pizzería que invirtió en una granja de alpacas en Vermont y un antiguo funcionario del gobierno nigeriano que lucía un reloj de 10.000 dólares en el momento de su detención adquirieron notoriedad por su audaz hurto de la ayuda para la pandemia.
El Departamento de Justicia de EEUU acusó a casi 3.200 sospechosos de fraude en la ayuda para la COVID-19, reclamando aproximadamente 1.400 millones de dólares en ayuda robada.
Sin embargo, la escala del fraude hace prácticamente imposible atrapar a todos los culpables, ya que las pruebas digitales suelen deteriorarse y los rastros financieros se desvanecen con el tiempo.
Entre los infractores se encuentra Konstantinos Zarkadas, un médico neoyorquino que se embolsó casi 3,8 millones de dólares con solicitudes falsificadas de ayuda para la pandemia.
Zarkadas gastó extravagantemente en relojes de lujo y un yate, y utilizó audazmente los fondos robados para resolver una demanda federal. Su licencia médica fue anulada tras su condena a más de cuatro años de prisión.
Los fondos ilícitos también financiaron los fastuosos estilos de vida de Lee E. Price III, un residente de Houston con antecedentes penales, y Vinath Oudomsine, de Georgia, que derrochó casi 58.000 dólares en una tarjeta Pokémon con dinero de la ayuda destinado a una empresa inexistente.
El destino de Sweetheart Island
El fraude de Walsh comenzó con intenciones genuinas de salvar sus empresas de publicidad aérea, pero rápidamente derivó en una estafa. A pesar de que sus abogados sostuvieron que fue la desesperación, y no la avaricia, lo que impulsó a Walsh, el juez de distrito Allen C. Winsor replicó que el delito no fue un "único momento de debilidad".
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Walsh consintió en reembolsar los fondos robados y subastar Sweetheart Island, que según sus abogados fue comprada originalmente no como un "paraíso tropical para el entretenimiento", sino como una empresa inmobiliaria.
La isla se vendió por 200.000 dólares a finales de junio, lo que supuso un pequeño triunfo en la guerra en curso contra el fraude de la ayuda COVID-19.
