El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos inició oficialmente su mandato y comenzó a escuchar argumentos orales. Dos casos de grandes repercusiones, uno relacionado a la financiación de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) y otro sobre la prevención de la violencia armada, ya fueron presentados ante la corte.
La Corte Suprema se ha enfrentado a un verano de controversias, desde la derogación de precedentes legales hasta acusaciones de graves violaciones éticas. Esto ha resultado en que la confianza del público en la corte baje a un mínimo histórico, dando aún más peso a las próximas decisiones de este mandato. En otras palabras, estamos observando atentamente a la corte.
CFPB contra CFSA
El mandato de 2023 comenzó en octubre con CFPB v. Community Financial Services Association of America, Limited (CFSA), un caso que cuestiona la estructura de financiación de la agencia. Este caso será fundamental para decidir el futuro de la CFPB, una agencia que ha trabajado para apoyar el futuro financiero de todos los estadounidenses durante los últimos 12 años.
Este caso contra la CFPB amenaza su independencia, la cual fue otorgada por el Congreso. Si la Corte Suprema confirma la decisión del Quinto Circuito de que la financiación de la CFPB es inconstitucional, podría haber una cascada de efectos, desde invitar a demandas hasta dañar irrevocablemente al principal defensor del consumidor de los estadounidenses y su capacidad para hacer cumplir la amplia gama de estatutos de protección al consumidor que supervisa. Incluso podría provocar caos en los mercados financieros. Tal fallo anularía docenas de normas de protección al consumidor que han recuperado más de 17,500 millones de dólares para los estadounidenses durante la última década.
Estados Unidos contra Rahimi
Esta semana, la Corte Suprema centró su atención en un caso que tendrá enormes repercusiones para los sobrevivientes de violencia doméstica: Estados Unidos contra Rahimi. Este caso pone en duda la constitucionalidad de una ley federal que prohíbe la posesión de armas de fuego a personas que están sujetas activamente a una orden de alejamiento por violencia doméstica. Este es un caso peligroso que nos afecta a todos. Para resaltar la gravedad, dos tercios de todos los tiroteos masivos de 2014 a 2019 ocurrieron durante un incidente de violencia doméstica; en contraste, los estados con leyes que restringen el acceso a armas por parte de agresores domésticos han mostrado una reducción asociada del 13 por ciento en los homicidios de parejas íntimas con armas de fuego.
Es importante resaltar que esta ley no es nueva; lleva protegiendo a millones de sobrevivientes de violencia doméstica y salvando vidas por los últimos 27 años. La única razón por la que este caso llegó a la Corte Suprema es porque Clarence Thomas decidió derogar el precedente legal en la decisión mayoritaria del caso New York State Rifle & Pistol Association, Inc. contra Bruen el año pasado. Por lo tanto, este caso es otro ejemplo más de las consecuencias dañinas que los estadounidenses se ven obligados a soportar cuando la Corte Suprema deroga el precedente legal y mueve el marco legal por capricho.
Gaby Blanco es constituency media associate en American Progress
