Según el Ministerio Público, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo y la vicepresidente, Karin Herrera, habrían estado involucrados en la toma de instalaciones universitarias. Específicamente en la toma de la Universidad de San Carlos, una acción de protesta en contra del proceso de elección de un nuevo rector de la institución. Y los fiscales consideran que se cometieron diversos delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias.
"Según los medios de investigación que han sido recabados, se evidencia que el objeto real de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a candidatos de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República, entre otros. De acuerdo con las pesquisas se estima que la Usac tiene un daño de Q90 millones en su estructura física, así también más de 250 mil personas afectadas", indicó el ente en redes sociales.
Antejuicios en menos de 48 horas
Asimismo, los fiscales del departamento de Delitos contra el Patrimonio han señalado a los diputados Samuel Pérez, Román Castellanos, Carlos Barreda y Aldo Dávida, entre otros. La institución ha informado de que presentará antejuicios en un plazo de menos de 48 horas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ratificado la victoria de Bernardo Arévalo en las elecciones generales del pasado mes de junio. Sin embargo, la Fiscalía ha tratado en los últimos meses de revocar el resultado de la votación. E incluso de ilegalizar el partido del presidente electo, Semilla.
“Las acciones del MP contra miembros del Movimiento Semilla son espurias e inaceptables. Exigimos respeto a la seguridad e integridad de @marce__blanco. Y cualquier otro integrante del partido sometido a estos abusos. Estaremos tomando las medidas necesarias para protegerles y apoyarles”, escribió el presidente Bernardo Arévalo.
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