Una medida del distrito escolar de Pennridge ha desencadenado una denuncia por violación de los derechos civiles. La demanda asegura que el distrito escolar ha promulgado una política que prohíbe las actividades de defensa del orgullo LGBT.
Las consecuencias de esta decisión son más evidentes en las aulas, donde se han retirado sumariamente los símbolos y banderas asociados al Orgullo, según los padres.
Ashli Giles-Perkins, experta jurídica del Education Law Center, declaró que la prohibición transmite un duro mensaje a los alumnos que se identifican con estos grupos. "Prohibir las discusiones sobre la identidad o etiquetar las identidades como políticas envía una señal no deseada a los estudiantes y resta importancia a su derecho al reconocimiento y al respeto", dijo.
La decisión del distrito ha acaparado la atención, pues se produce tras una serie de quejas de los padres sobre el acoso prevalente y un ambiente generalmente hostil. A pesar de estos reparos, los funcionarios han optado por retractarse de las iniciativas establecidas previamente para promover la diversidad, la equidad y la inclusión.
La denuncia revela casos de acoso sufridos por profesores, alumnos de color y estudiantes LGBTQ+. Pinta un sombrío retrato de un entorno escolar plagado de insultos racistas y sexistas, amenazas y violencia. A pesar de estas acusaciones, los funcionarios del distrito supuestamente han hecho la vista gorda, desatendiendo la naturaleza sistémica y extensa de dicho acoso.
El portavoz de Pennridge aún no ha emitido ninguna respuesta a las acusaciones de discriminación ni ha hecho ninguna declaración oficial.
Las consecuencias de las acusaciones de discriminación
Según la denuncia, este clima hostil ha llevado a algunos alumnos a pasarse al aprendizaje en línea. Otros han contemplado la posibilidad de trasladarse fuera del distrito para eludir la supuesta discriminación.
La denuncia legal, presentada ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE.UU. y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, exige remedios para la atmósfera hostil y las violaciones sistémicas.
Giles-Perkins propone que una solución viable pasaría por una formación obligatoria sobre prejuicios raciales y competencia cultural para todos los miembros del consejo escolar y el personal del distrito. Observa que tales formaciones han sido aprobadas y aplicadas con éxito en otros estados. "La OCR ha abogado por una formación específica no sólo en Pensilvania, sino en varios estados, y nos gustaría que Pennridge siguiera su ejemplo", añadió.
Te puede interesar leer:
Resultados electorales en Virginia, un revés para la agenda del gobernador Youngkin
