La nueva interventora municipal de Filadelfia, Christy Brady, inicia su mandato examinando meticulosamente las subvenciones antiviolencia de la ciudad. Una semana después de su toma de posesión, Brady, una veterana demócrata, expuso su prioridad inmediata: el programa de Subvenciones de Expansión Comunitaria de la ciudad, dotado con 22 millones de dólares.
Brady cuenta con tres décadas de experiencia en la oficina del interventor. Tras una discreta ceremonia de toma de posesión, Brady ocupa el vacío dejado por la salida de Rebecca Rhynhart.
Rhynhart dejó el puesto de interventora para competir por la alcaldía, preparando el terreno para que Brady se asegurara el puesto en unas elecciones especiales. Ahora, Brady es la interventora en funciones, entrando en su puesto un mes antes de la toma de posesión de la alcaldesa electa Cherelle Parker.
Las subvenciones que estudia son las canalizadas a través del programa de Subvenciones de Expansión Comunitaria. Estas han sido vitales para financiar movimientos de base destinados a mitigar la violencia armada.
Sin embargo, informes anteriores revelaron la preocupación de que parte de estos fondos se asignaran a pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro. Esto significaría que carecen de la infraestructura necesaria para gestionarlas eficazmente, lo que provocó que importantes cantidades quedaran infrautilizadas o sin seguimiento.
El perfil de la nueva interventora municipal de Filadelfia
La evaluación de estas subvenciones por parte de Brady ya ha comenzado, aunque aún no se ha revelado un calendario definitivo de finalización. Además de esto, Brady planea escudriñar el historial de aplicación de la ley del Departamento de Licencias e Inspecciones en relación con las propiedades y los trabajadores sin licencia, reconociendo la necesidad de una normativa más estricta tras el trágico derrumbe de Market Street.
A pesar de la relación históricamente tensa entre el interventor y el alcalde, Brady mantiene la esperanza de colaborar con la alcaldesa electa Parker. Pero el panorama es volátil, dadas las disputas públicas entre anteriores interventores y alcaldes. También por las denuncias de que el cargo se utiliza como trampolín político.
Brady, contable pública certificada que inició su carrera como auditora junior, rechaza tales ambiciones políticas. Anticipa un mandato gratificante como interventora de la ciudad, un papel que siempre había soñado con conservar hasta su jubilación.
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