Pensilvania se encuentra en la cúspide de un cambio monumental en su sistema judicial, que anuncia una nueva era de reformas legales. Esta transición se ve impulsada por la promulgación de dos leyes pioneras firmadas esta semana por el gobernador Josh Shapiro. Estas leyes prometen revolucionar el sistema de libertad condicional de Pensilvania y ampliar los derechos para el sellado de antecedentes penales.
En una ráfaga de maniobras legislativas de fin de año, tanto la Cámara de Representantes como el Senado del estado dieron su respaldo a estos proyectos de ley. El objetivo es una estrategia doble: renovar un sistema de libertad condicional ampliamente percibido como defectuoso y ampliar el alcance del sellado de antecedentes. Este enfoque proporciona a las personas con antecedentes penales un camino hacia el borrón y cuenta nueva.
Reformas en el sistema judicial de Pensilvania: los cambios
La primera de estas leyes recién promulgadas se dirige directamente al sistema de libertad condicional de Pensilvania. Pretende limitar la duración de la libertad condicional y frenar los nuevos encarcelamientos por infracciones menores. Esta reforma es especialmente crucial en un estado como Pensilvania, que tiene elevadas tasas de ciudadanos encarcelados o bajo supervisión.
A pesar de la expectación positiva en torno a la nueva ley, no todas las partes están de acuerdo. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por ejemplo, ha expresado su decepción, argumentando que la ley no aborda la multitud de problemas que aquejan al sistema de libertad condicional de Pensilvania. La ACLU afirma que el efecto de la ley en la disminución del número de individuos bajo supervisión será insignificante.
Por el contrario, la segunda ley otorga derechos más amplios para sellar los antecedentes penales. Esta legislación faculta a los tribunales para sellar los registros de delitos no violentos relacionados con las drogas. Esta cláusula es aplicable a los delitos que conlleven una condena mínima inferior a dos años y medio o una condena máxima inferior a cinco años. Esta medida supone un avance hacia la mitigación de las repercusiones sociales de las condenas, en particular por delitos no violentos.
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