Juez federal ordenó este viernes que Rudy Giuliani debe pagar $148 millones a dos trabajadoras electorales de Georgia por difamación.
Giuliani acusó falsamente a las dos mujeres de fraude en las elecciones presidenciales de 2020. El jurado, de ocho personas, concedió a Ruby Freeman y Wandrea Moss, su hija, una indemnización por la difamación de Giuliani.
Después de un juicio de cuatro días, en el que Giuliani decidió no testificar, el jurado decidió ordenar al exalcalde de la ciudad de Nueva York pagar esta suma de dinero a estas dos mujeres.
Las dos víctimas señalaron que las acusaciones de Giuliani las sometieron a una serie de amenazas racistas y violentas.
El testimonio de las trabajadoras electorales
El miércoles, Freeman testificó que fue “aterrorizada” por los simpatizantes de Trump. Además, dijo que fue obligada a mudarse debido a las difamaciones de Giuliani.
“Tenía miedo de volver a casa por la noche, ¿sabe? Estaba asustada, sabía que tenía que mudarme”, afirmó.
Por su parte, el abogado de las mujeres, Michael Gottlieb, señaló que Giuliani “no tenía ningún derecho a ofrecer a funcionarios indefensos a una turba virtual para anular unas elecciones”. Pidió a los miembros del jurado “enviar un mensaje” con su veredicto.
El abogado indicó que tanto la mamá como su hija deberían recibir una suma de $24 millones en daños y perjuicios por las declaraciones de Giuliani y también dinero adicional por la imposición intencionada de “angustia emocional y reclamaciones de daños punitivos”.
Giuliani cometió conducta ilícita
El abogado de Giuliani, Joseph Sibley, dijo que Giuliani era un "buen hombre", y pidió la reconsideración del caso a los jueces.
Además, reconoció que su cliente (Giuliani) había cometido una conducta ilícita con las dos trabajadoras electorales.
En agosto, la jueza de distrito Beryl Howell declaró culpable a Giuliani de difamar a las dos trabajadoras electorales.
Howell señaló para ese entonces que el acusado (Giuliani) desobedeciera las órdenes judiciales de entregar las pruebas necesarias a las dos trabajadoras electorales.
“Al igual que tomar atajos para ganar unas elecciones conlleva riesgos, incluso una posible responsabilidad penal, saltarse el proceso de presentación de pruebas también trae consigo graves sanciones".
Jueza de distrito Beryl Howell.
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