En el centro de la Ciudad de México, la Comisión del Trabajo, encargada de evaluar los días de descanso laboral, inició oficialmente en la Cámara de Diputados el lunes 18 de diciembre.
La Comisión se embarcará en un análisis profundo y en la posible modificación de una reforma legal orientada a reducir la semana laboral estándar de 48 a 40 horas para la fuerza laboral mexicana. Esta iniciativa se extenderá hasta marzo de 2024.
Producto de un "acuerdo nacional" del 15 de diciembre, la misión de este Comité, según se delinea en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es facilitar los esfuerzos legislativos. El objetivo es garantizar constitucionalmente el derecho humano al descanso de los trabajadores, manteniendo al mismo tiempo la productividad nacional.
Durante la ceremonia inaugural, Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), exhortó a los legisladores a lograr un consenso que dé cabida tanto a patrones como a trabajadores. Subrayó la importancia de tomar en cuenta a las empresas que emplean a una o dos pequeñas plantillas laborales, para evitar la elaboración de leyes que puedan tener un rebote negativo.
Romero hizo votos para que esta mesa de trabajo persista y se convierta en un tema central en el subsecuente y último periodo de sesiones de la LXV Legislatura, transformándose así en un compromiso público.
Apoyo general a la reducción de jornada laboral
Ignacio Mier, coordinador de la fracción gobernante y mayoritaria en la Cámara Baja del Congreso mexicano, reconoció el respaldo unánime a la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, enfatizó la necesidad de construir una reforma que asimile los puntos de vista técnico, jurídico y financiero de todas las partes involucradas en el proceso laboral.
Paralelamente, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo destacado en el ámbito empresarial, subrayó los obstáculos económicos a los que se enfrentan las empresas en México.
Señaló que las empresas tuvieron que adaptarse a las prestaciones sociales adicionales para la mano de obra mexicana, lo que se tradujo en un aumento del 60% de sus ingresos.
Cervantes reconoció que el sector privado ha apoyado las reformas y políticas laborales, como el aumento del salario mínimo, las vacaciones equitativas y la eliminación de la subcontratación o outsourcing.
El outsourcing es el proceso de subcontratar tareas o áreas de una empresa a proveedores externos.
Reveló además que el 57% de los obreros que trabajan más de 40 horas están empleados en pequeñas y medianas empresas (PYME). En consecuencia, el Comité examinará los esfuerzos realizados por las PYME para mantenerse a flote, teniendo en cuenta que representan más del 98% de las empresas del país y suministran el 72% del empleo.
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