La cancillería de Pekín (China) impuso sanciones a una empresa de análisis de EEUU y a dos ciudadanos de ese país motivado a una "intromisión en sus asuntos internos" y a la difusión de "historias falsas sobre el estado de los derechos humanos" en su región noroccidental, Xinjiang.
Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, criticó duramente a EEUU en una rueda de prensa en la que lo acusó de crear y difundir una narrativa engañosa sobre Xinjiang.
Además, señaló a EEUU por utilizar supuestos problemas de derechos humanos en la región como cortina de humo para imponer sanciones injustas a funcionarios y empresas chinas. Este acto, según el punto de vista de Pekín, vulnera el derecho internacional.
Medidas contra empresa de inteligencia
Mao también reveló que China planea tomar represalias contra Kharon, una empresa estadounidense de inteligencia y datos. Esta empresa ha estado implicada en la recopilación de datos a largo plazo sobre Xinjiang y en el suministro de pruebas que refuerzan las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos a la región.
Las sanciones también afectarán al director de investigación de Kharon, Edmund Xu, y a Nicole Morgret, antigua investigadora del Centro de Estudios de Defensa Nacional de EEUU.
China tiene la intención de prohibir a las dos personas que visiten el país y congelará los bienes muebles e inmuebles de la citada empresa y de las personas dentro de su territorio.
La potencia oriental presentó una queja formal contra EEUU, instando a Washington a que ponga "fin a sus calumnias y difamaciones" contra China.
¿Qué denuncian las empresas?
En los últimos años, Kharon ha publicado informes que denuncian la presencia de trabajos forzados en determinadas industrias de la región estratégicamente crucial del noroeste de China, hogar de los uigures y otros grupos étnicos musulmanes.
A principios de diciembre, Estados Unidos añadió tres empresas chinas a su lista de entidades sancionadas en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures (UFLPA, por sus siglas en inglés). Esta ley, promulgada por el presidente estadounidense Joe Biden en 2021, ya ha afectado a 30 empresas.
La UFLPA prohíbe la importación a EEUU de bienes producidos en Xinjiang o por entidades sancionadas, a menos que organismos como la oficina de aduanas confirmen que no han sido producidos mediante trabajos forzados.
Con el pretexto de luchar contra el terrorismo yihadista, China ha detenido a un gran número de uigures (grupo étnico del noroeste de China) y miembros de otras minorías durante los últimos 10 años, según reportes de la agencia de noticias EFE.
Inicialmente, Pekín negó la existencia de estas detenciones masivas, pero más tarde las calificó de "centros de formación profesional", una afirmación que fue recibida con escepticismo por la comunidad internacional.
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