Arthur Schubarth, un hombre de 80 años quien es propietario de un rancho, realizó 165 clones de ovejas gigantes, conocidas como "Frankensheep", en Montana para la caza de trofeos, generando debates y desafíos legales.
En 2013, Schubarth comenzó a utilizar el ADN de una oveja Marco Polo de Kirguistán ya fallecida, famosa por su considerable tamaño y la envergadura de sus cuernos, para clonarla.
Sin embargo, estas acciones infringieron las leyes internacionales de conservación cuando, con un cómplice, importó ilegalmente partes de ovejas a EEUU.
El proceso de clonación implicó transportar estas partes a un laboratorio, crear embriones e implantarlos en ovejas en su rancho.
La operación "Frankensheep" dio lugar a ovejas que miden metro y medio de ancho, pesan alrededor de 90 kilos y ostentan enormes cuernos, lo que las convierte en la especie más grande del mundo, diseñada para la caza de trofeos.
Clones gigantes de ovejas para trofeos
Todd Kim, Fiscal General de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, criticó la operación por su intento de crear una especie híbrida para la caza de trofeos, destacando las violaciones de la Ley Lacey y de las normativas internacionales destinadas a proteger los animales autóctonos.
Siguiendo a Kim, Ron Howell, Jefe de Aplicación de la Ley de Pesca, Fauna y Parques de Montana, señaló los riesgos potenciales que tales prácticas suponen para la integridad de la fauna salvaje en Montana.
Los esfuerzos de colaboración de las autoridades locales responsables de la vida salvaje y del Servicio de Pesca y Vida Salvaje de EEUU fueron cruciales para destapar este caso.
La Ley Lacey desempeña un papel vital en este caso, ya que prohíbe el comercio interestatal y la venta de fauna silvestre obtenida o transportada en contra de la ley, incluida la fauna silvestre etiquetada falsamente.
La próxima sentencia de Schubarth, el 11 de julio, tras admitir su culpabilidad en dos delitos graves contra la fauna salvaje, podría acarrearle hasta diez años de prisión, una multa de 250.000 libras y tres años de libertad supervisada.
