Dani Alves, el exfutbolista del FC Barcelona, solicitó este martes a la Audiencia Provincial de Barcelona la libertad provisional.
Este movimiento se produce tras su condena por agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno de Barcelona, lo que le valió una pena de cuatro años y seis meses de prisión.
Alves, demostrando su fe en el sistema legal, declaró con firmeza: "Creo en la justicia. No voy a huir".
¿Por qué lo consideran como un preso con "alto riesgo de fuga"?
En una sesión dirigida por la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, los jueces contemplaron la posibilidad de acceder a la petición de libertad provisional de Alves.
Sin embargo, la fiscalía se opuso, argumentando que los considerables recursos financieros de Alves y la gravedad de su condena aumentaban significativamente su riesgo de fuga.
Hablando por vídeo desde la prisión de Brians 2, donde lleva detenido más de un año, Alves expresó su determinación de participar plenamente en el proceso judicial, subrayando su confianza en la imparcialidad del poder judicial.
El tribunal aún no se pronuncia sobre la petición de libertad de Dani Alves. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) está examinando los recursos contra la condena.
Estos recursos proceden de la fiscalía, que pide una condena más dura de nueve años, del equipo jurídico de la víctima y de la defensa de Alves.
Argumentos del equipo de la víctima y la defensa de Dani Alves
El equipo jurídico de la víctima, dirigido por la abogada Ester García, también señala los medios económicos de Alves como indicativos de un riesgo de fuga. Por otro lado, la abogada defensora de Alves, Inés Guardiola, argumenta que su situación financiera se ve afectada desde su detención.
Al parecer, la interrupción de acuerdos de patrocinio, la pérdida de su puesto en el equipo mexicano Pumas y asuntos fiscales sin resolver mermaron su patrimonio.
Guardiola también señala que, a fecha de 5 de marzo, Alves ya cumplió una cuarta parte de su condena, lo que le permite optar a un posible permiso o incluso a la semilibertad en virtud de la sentencia vigente, muy lejos de los entre nueve y doce años que piden sus acusadores.
Dado que se espera que la revisión del TSJC dure hasta un año, la defensa sugiere condiciones como una fianza de €50.000, la confiscación del pasaporte y visitas semanales obligatorias al tribunal, todo ello mientras persiguen una absolución en su recurso ante el TSJC.
