Hong Kong, el martes, acogió una serie de leyes de seguridad nacional impuestas por Pekín, marcando un alejamiento a su resistencia.
La legislación, aprobada dota a las autoridades de mayores poderes sofocar la disidencia tanto contra el gobierno de Pekín como contra el de Hong Kong.
Introduce penas, de hasta cadena perpetua, para delitos políticos amplia y ambiguamente definidos, como la traición, la insurrección, la "injerencia externa" y el robo de secretos de Estado.
La legislación, conocida como Artículo 23, pasó rápidamente por el Consejo Legislativo bajo la dirección del Jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, y fue aprobada por unanimidad tras sólo 11 días de debate.
Las repercusiones impuestas por la nuevas leyes de Hong Kong
Estas leyes no se limitan al ámbito político, sino que también plantean importantes retos para las empresas multinacionales y las entidades internacionales de Hong Kong, un importante centro financiero asiático.
La legislación, que entrará en vigor el 23 de marzo, ensombrece a un amplio abanico de personas, entre las que se encuentran empresarios, funcionarios, juristas, diplomáticos, periodistas y académicos.
Esta ley introduce 39 nuevos delitos contra la seguridad nacional, ampliando la ley de seguridad nacional que Pekín impuso en 2020 tras las amplias protestas por la democracia.
Las protestas en contra de esta ley no evitó que se ejerza
Los intentos de Pekín de estrechar su control sobre el marco legislativo de Hong Kong no son nuevos.
Un esfuerzo similar en 2003 se enfrentó a una resistencia, con cientos de miles de personas protestando en las calles.
La ley de 2020 ya provocó la supresión de la oposición política y de los grupos de la sociedad civil, marcando un cambio de la atmósfera históricamente liberal de Hong Kong a otra en la que se hace mucha referencia a el patriotismo.
A pesar de esta historia de fuerte oposición, la reciente promulgación de las leyes de seguridad nacional indica un profundo cambio en el panorama político de la región.
