Las autoridades peruanas realizaron una operación la madrugada del sábado en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, intensificando un escándalo de relojes Rolex no declarados que sumerge a Perú en la incertidumbre política y jurídica.
La redada, llevada a cabo por unos 40 policías y fiscales, es un capítulo importante de la investigación sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito centradas en el supuesto incumplimiento por parte de Boluarte de la obligación de declarar la propiedad de relojes de alta gama.
¿Cuándo inició la investigación?
Este examen judicial comenzó el 18 de marzo, desencadenado por un informe que revelaba que la presidenta poseía una colección de relojes de lujo que no pertenecían a su patrimonio declarado, lo que planteaba serias dudas sobre su integridad financiera.
Los medios de comunicación locales, entre ellos el canal Latina, retransmitieron la escena mientras las fuerzas judiciales cercaban el domicilio de Boluarte en el distrito de Surquillo, al este de Lima.
La operación, autorizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a petición del fiscal nacional, puso de relieve la gravedad de las acusaciones contra el presidente.
A pesar del esfuerzo de Boluarte por retrasar un examen fiscal sobre los relojes y la documentación de compra relacionada, se procedió al registro.
Aunque la presidenta goza de inmunidad judicial hasta que concluya su mandato en julio de 2026, la investigación en curso resalta que no está más allá de la investigación.
El escándalo podría dar lugar a una iniciativa del Congreso para destituirla por "incapacidad moral", aunque superar las barreras políticas dentro del Congreso de Perú sigue siendo un reto formidable.
La presidenta no estaba en su vivienda
En el momento de la redada, Boluarte estaba ausente de su residencia, dejando a la opinión pública en suspenso respecto a su reacción ante el desarrollo de los acontecimientos.
Como defensa de su integridad personal, afirma que su mandato en el gobierno, comenzando como vicepresidenta y continuando en su presidencia a partir de diciembre de 2022, ha estado marcado por la transparencia y la dedicación al pueblo peruano.
Esta controversia tiene sus raíces en un reportaje publicado a mediados de marzo por La Encerrona, en el que se mostraba el frecuente adorno de Boluarte con varios relojes Rolex, lo que hacía dudar de su adquisición.
En respuesta, Boluarte ha mantenido que su colección es fruto del esfuerzo personal y del compromiso de servir a Perú con "las manos limpias".
A medida que se desarrolla este escándalo, no sólo arroja una sombra sobre la presidencia de Boluarte, sino que también plantea preocupaciones más amplias sobre la gobernabilidad y la confianza pública en Perú.
La revisión en curso por parte de la Contraloría de la República de las declaraciones de bienes de Boluarte de los últimos dos años busca descubrir cualquier otra irregularidad, amplificando el escrutinio sobre su administración.
En este contexto de agitación política y jurídica, el futuro de la dirección de Perú y su impacto en la estabilidad de la nación y la confianza pública sigue siendo incierto, lo que resalta el precario equilibrio entre la transparencia y la responsabilidad política.
