En Pensilvania, una narrativa se despliega a medida que las familias afectadas por la epidemia de opioides abogan por un cambio en la política de drogas. Con el aumento de las medidas punitivas, personas como Susan Ousterman, residente del condado de Bucks, piden compasión y rechazan la criminalización, reseña Whyy.
El hijo de Susan Ousterman perdió la vida por una sobredosis de drogas, apenas un año después de que llorara la muerte de un amigo íntimo en circunstancias similares. El miedo a las consecuencias legales exacerbó el dolor de Tyler. "Tyler estaba sumido en un profundo duelo tras el fallecimiento de su amigo", expresó Ousterman. "Lamentablemente, su miedo a ser procesado le impidió realizar plenamente su duelo".
Los retos a los que se enfrentó Tyler surgen del sistema legal actual, que, a pesar de contar con leyes del Buen Samaritano destinadas a proteger a las personas que denuncian sobredosis, a menudo da lugar a acciones punitivas. Estas leyes ofrecen una inmunidad limitada, sólo en determinadas condiciones, lo que coloca a muchos como Tyler en una situación precaria.
A medida que zonas urbanas como Filadelfia contemplan leyes sobre drogas más estrictas, la amenaza de un aumento de los encarcelamientos se hace más inminente. Esto ha impulsado a Ousterman y a otros a abogar vehementemente en contra de tales avances. Defienden la idea de tratar la drogadicción como un problema de salud pública y no como un problema criminal. "Al considerar a los consumidores de drogas como delincuentes, les negamos los servicios y el apoyo necesarios", argumenta Ousterman, señalando un fallo crítico en el enfoque político actual.
